Datos sin fronteras, responsabilidad sin límites
Guía de la custodia de datos para la empresa moderna: los regímenes de la India, la UE y los Estados Unidos, el coste de desatenderlos y si los datos a gran escala pueden todavía protegerse.
Los datos se han convertido en la sustancia de la empresa moderna, no en un subproducto de ella. Los datos personales que una empresa conserva nunca son del todo suyos, y la ley que los protege los sigue hoy a través de cada frontera que cruzan. Lo que sigue es un estudio de los regímenes que rigen en la India, la Unión Europea y los Estados Unidos, del coste de desatenderlos y de la cuestión más difícil que la era de la inteligencia artificial nos ha impuesto: si los datos a gran escala pueden todavía protegerse.
En el centro de la economía de los datos hay una contradicción silenciosa, y a ella pueden remontarse la mayoría de los litigios, sanciones y fallos de cumplimiento de la última década. Una empresa trata los datos que recopila como un activo: algo que posee, acumula, rentabiliza y, cuando le conviene, vende. El derecho trata esos mismos datos, cuando describen a una persona viva, como algo que la empresa simplemente tiene en confianza, gravado por los derechos continuos de la persona a la que se refieren. La empresa no es la propietaria. Es la custodia. Esa distancia entre posesión y propiedad, entre el instinto de explotar y el deber de proteger, es lo que puede llamarse la paradoja custodial, y se ensancha cada año a medida que los datos ganan valor y movilidad.
La paradoja sería una cuestión filosófica si no se hiciera cumplir con multas que hoy se miden en miles de millones, con órdenes que pueden detener de un día para otro las operaciones de una empresa y con un cuerpo de derecho transfronterizo que afirma su jurisdicción sobre los datos desde el momento en que salen del territorio en que se recogieron. Para cualquier empresa que trate información personal a gran escala, y para el abogado que debe asesorarla, comprender esto ya no es opcional. Es la diferencia entre una estrategia de datos defendible y una contingencia que permanece silenciosa en el balance.
I. La sustancia, no el residuo, del negocio
Se ha convertido en un tópico decir que los datos son el nuevo petróleo, y como la mayoría de los tópicos es a la vez cierto y engañoso. El petróleo se consume al usarse; los datos no. Los datos pueden copiarse sin coste marginal, combinarse con otros datos para obtener conocimientos que ninguno de los conjuntos contenía por separado e inferirse de comportamientos que la persona nunca reveló conscientemente. Un comerciante llevaba antes registros sobre su actividad. La plataforma moderna es sus datos: su valoración, su ventaja competitiva, su capacidad de predecir y de personalizar se reducen al corpus que ha reunido y a los modelos que ha entrenado con él.
Por eso el carácter jurídico de los datos ha pasado de la periferia de la práctica mercantil a su núcleo. Cuando los datos eran un registro del negocio, su protección era una cuestión de higiene administrativa. Cuando los datos se convierten en el propio negocio, su protección se convierte en una cuestión de titularidad, de enajenabilidad, de movilidad transfronteriza y de riesgo estratégico, es decir, en una cuestión para el consejo de administración y para los abogados, y no solo para el departamento de informática. El primer error de la mayoría de las empresas es tratarla como lo segundo cuando hace tiempo que se ha convertido en lo primero.
II. ¿Activo o custodia? La clasificación que lo decide todo
Antes de preguntarse cómo pueden protegerse, venderse o transferirse los datos, hay que preguntarse qué clase de datos son y qué clase de empresa los tiene, porque las respuestas dependen por entero de la clasificación. El derecho no regula los datos en abstracto; regula categorías concretas de datos tenidos para fines concretos por clases concretas de actores.
La primera distinción es entre datos personales y no personales. Los datos personales son, en términos generales, toda información relativa a una persona física identificada o identificable. Dentro de ellos existe un estrato más sensible, tratado con especial cuidado en casi todos los regímenes modernos: los datos que revelan la salud, la biometría, la genética, las creencias religiosas o políticas, la orientación sexual y otros semejantes, lo que el Reglamento General de Protección de Datos denomina categorías especiales en su Artículo 9, y lo que las normas indias anteriores dictadas al amparo de la Information Technology Act (Ley de Tecnologías de la Información) trataban como datos personales sensibles. Fuera de los datos personales se sitúan los datos no personales, agregados y verdaderamente anonimizados, que conllevan obligaciones mucho más ligeras. La segunda distinción es la corporativa, conocida en la práctica de la seguridad de la información: datos públicos, internos, confidenciales y restringidos. La tercera es sectorial: los datos financieros, los historiales sanitarios, los datos de abonados de telecomunicaciones y los datos de pago atraen cada uno sus propios regímenes especializados, superpuestos al derecho general.
La clasificación no es un ejercicio administrativo. Determina la base jurídica para conservar los datos, el plazo de conservación, las obligaciones de seguridad, si pueden enviarse al extranjero y, de forma decisiva, si pueden venderse en absoluto. Lo que nos devuelve a la cuestión del activo y al error de concepto más costoso de esta materia.
Los datos que usted conserva son valiosos precisamente porque describen a personas. Por esa misma razón, usted no es libre de venderlos.
Los datos personales no son una propiedad que se posea y pueda enajenarse como un bien mueble. Con arreglo a la Digital Personal Data Protection Act, 2023 de la India, la entidad que determina la finalidad y los medios del tratamiento es un Data Fiduciary (fiduciario de datos), y la palabra está elegida con cuidado: un fiduciario tiene los bienes en beneficio de otro y responde ante ese otro. Con arreglo al RGPD, el actor equivalente es el responsable del tratamiento, obligado a contar con una base jurídica para cada uso y a respetar los derechos del interesado de acceso, rectificación, supresión y oposición. En el régimen de California la posición es aún más estricta: la ley regula la venta y la cesión de información personal como actividades distintas y nominadas, y concede al consumidor un derecho permanente a oponerse a ambas. Respetar esa oposición no es una cortesía; su incumplimiento se sanciona, y un fallo reciente en la gestión de la oposición dio lugar a un acuerdo de USD 1.35 millones, cifra superada a su vez en febrero de 2026 por un acuerdo de más de USD 2.75 millones.
Así pues, la respuesta honesta a la pregunta de cómo deben venderse los datos es que los datos personales, como tales, muy a menudo no pueden venderse, no sin una base jurídica, transparencia y, en muchos corredores, el consentimiento libremente prestado por la persona y un derecho continuo a retirarlo. Lo que puede comercializarse sin problemas son los datos no personales, agregados o verdaderamente anonimizados. El adverbio verdaderamente soporta mucho peso, porque la anonimización es bastante más frágil de lo que sugiere la literatura comercial: la reidentificación mediante la combinación de campos en apariencia inocuos es un ataque bien documentado, y un conjunto de datos que hoy es anónimo puede volverse identificativo mañana cuando se cruce con otro que no existía cuando se publicó. La empresa que vende datos anonimizados y de la que luego se demuestra que vendió datos personales reidentificables no ha vendido un activo; ha fabricado una responsabilidad y la ha distribuido entre todos los compradores.
El tipo de negocio que usted desarrolla decide, por tanto, todo el análisis. Para un intermediario de datos, los datos personales son el producto, y la carga regulatoria es correspondientemente central y existencial. Para un hospital, un banco o una aseguradora, son el sustento de una actividad regulada, regida por normas sectoriales más estrictas que el derecho general. Para una empresa ordinaria, son un subproducto de las operaciones que debe protegerse pero que rara vez debería venderse. El mismo byte atrae deberes radicalmente distintos según en qué manos esté y por qué.
III. La cartografía de algo sin fronteras
Los datos no respetan las fronteras. Una pulsación de tecla en Delhi puede alojarse en un servidor de Virginia, ser tratada por un modelo en Irlanda y copiarse en Singapur, todo en un segundo y sin que la persona lo sepa. El derecho, en cambio, es territorial: un soberano legisla para su propio territorio y, cada vez más, para sus propios residentes dondequiera que viajen sus datos. La colisión entre un medio sin fronteras y una ley territorial es, en una frase, el problema de los datos transfronterizos, y es la razón por la que las sanciones de mayor trascendencia en esta materia no se han referido a cómo se protegían los datos, sino a adónde se enviaban.
Los regímenes modernos resuelven la colisión vinculando la protección a la persona y siguiendo los datos hacia fuera. El RGPD se aplica extraterritorialmente a cualquier organización, en cualquier lugar, que trate datos personales de personas que se encuentren en la Unión Europea en relación con la oferta de bienes o servicios o con el seguimiento de su comportamiento. La DPDP Act de la India alcanza el tratamiento realizado fuera de la India cuando guarda relación con la oferta de bienes o servicios a personas que se encuentran en la India. La consecuencia práctica es que una empresa de Gurugram o de Texas puede quedar obligada por el derecho europeo, y una empresa de Berlín por el derecho indio, sin presencia física alguna en el territorio del otro. No hay exención por tamaño de la empresa ni por volumen de negocio. El alcance es precisamente el objetivo.
IV. Tres arquitecturas de protección
Los tres regímenes que más importan a una empresa india con actividad global son el europeo, el estadounidense y el indio, y descansan en tres filosofías distintas. Conviene situarlos uno al lado del otro.
Europa: los derechos como regla general
La Unión Europea trata la protección de datos como un derecho fundamental, al que da forma concreta el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679) desde 2018. Su arquitectura se basa en principios y se centra en los derechos: cada actividad de tratamiento requiere una base jurídica; los datos deben minimizarse, conservarse solo el tiempo necesario y protegerse; y la persona tiene derechos exigibles frente al responsable del tratamiento. Las transferencias fuera del Espacio Económico Europeo se rigen estrictamente por el Capítulo V, del que se trata más adelante. A ello la Unión Europea ha añadido ahora la primera ley integral del mundo sobre inteligencia artificial, el Reglamento de IA (Reglamento (UE) 2024/1689), que entró en vigor el 01/08/2024 y se aplica por etapas. Sus prohibiciones y obligaciones de alfabetización se aplican desde el 02/02/2025; las obligaciones relativas a los modelos de IA de uso general, desde el 02/08/2025; y el grueso de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo y en materia de transparencia, desde el 02/08/2026, fecha que se encuentra a pocas semanas en el momento de escribir estas líneas. La sanción máxima del Reglamento de IA, de hasta 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocios anual mundial, supera incluso el techo del RGPD, y ambos regímenes operan conjuntamente: las autoridades de protección de datos conservan su competencia sobre los datos personales que consume un sistema de IA, mientras que las autoridades de vigilancia del mercado controlan el propio Reglamento de IA. Una empresa que despliega IA en Europa responde, por tanto, ante ambas a la vez.
Estados Unidos: un mosaico sectorial y estatal
Los Estados Unidos no tienen, a día de hoy, una ley federal de privacidad única e integral según el modelo europeo o indio. El intento más reciente, la American Privacy Rights Act presentada en 2024, avanzó en comisión y después se estancó; en la situación actual no se ha aprobado ninguna ley federal general. La protección federal es, en cambio, sectorial: la información sanitaria bajo la HIPAA, la información financiera bajo la Gramm-Leach-Bliley Act, los menores de 13 años bajo la COPPA, los expedientes educativos bajo la FERPA, y una prohibición general de las prácticas desleales o engañosas que aplica la Federal Trade Commission. En el vacío federal han entrado con fuerza los estados. En 2026, unos 20 estados han promulgado leyes integrales de privacidad del consumidor, empezando por la CCPA de California y su sucesora, la CPRA, con Indiana, Kentucky y Rhode Island entre las últimas en entrar en vigor; 12 estados exigen ya legalmente respetar una señal universal de oposición del navegador, y casi todos exigen consentimiento expreso para los datos sensibles. El resultado es un mapa de cumplimiento que cambia según la ubicación del visitante, y una aplicación que ya no es teórica: las sanciones estatales comunicadas alcanzaron una cifra estimada de USD 1.4 mil millones solo en 2025, y una empresa tecnológica llegó a un acuerdo con el Estado de Texas por una suma superior a USD 1 mil millones. La posición estadounidense no se describe bien como ligera, sino como fragmentada y cada vez más intensa.
La India: un régimen de derechos con mano soberana
La India llegó a una ley integral por la puerta principal de la Constitución. El derecho a la privacidad fue afirmado como derecho fundamental en Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1, y la Digital Personal Data Protection Act, 2023 es su expresión legislativa. Tras una larga gestación, la normativa de desarrollo operativa, las Digital Personal Data Protection Rules, 2025 (Reglamento de Protección de Datos Personales Digitales), se publicó el 13/11/2025 (G.S.R. 846(E)) al amparo de la Sección 40 de la Ley, y el marco entra ahora en vigor por fases: las disposiciones básicas y las relativas a la Junta, de inmediato; el régimen de gestores del consentimiento, hacia el 13/11/2026; y las obligaciones sustantivas, incluidas las disposiciones transfronterizas de la Sección 16, unos 18 meses después de la publicación, hacia el 13/05/2027. La aplicación corresponde a una Data Protection Board of India (Junta de Protección de Datos de la India) íntegramente digital, de cuatro miembros, ante la que las reclamaciones se presentan y se siguen en línea, y, en un detalle de especial interés para los profesionales, los recursos contra las decisiones de la Junta se interponen ante el Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Tribunal de Solución de Controversias y de Apelación en Telecomunicaciones). El cuadro de sanciones es severo: hasta Rs. 250 crore por no adoptar salvaguardas de seguridad razonables cuando de ello resulte una brecha, hasta Rs. 200 crore por no notificar una brecha o por fallos en la protección de los datos de menores, y hasta Rs. 50 crore por otras infracciones. La India ha construido un auténtico régimen de derechos; también se ha reservado dentro de él, como veremos, una amplia mano para el Estado.
Y el resto del mundo
Estos tres no son todo el mapa. Más de 140 jurisdicciones cuentan hoy con legislación de protección de datos o de privacidad, y la atracción gravitatoria del modelo europeo es visible en la mayoría de ellas. La LGPD de Brasil, en vigor desde 2020 y supervisada por su autoridad nacional, sigue de cerca el modelo del RGPD. China ha seguido un camino marcadamente más centrado en el Estado, combinando su Ley de Protección de la Información Personal de 2021 con una Ley de Seguridad de los Datos y una Ley de Ciberseguridad, clasificando los datos en niveles esenciales, importantes y generales, exigiendo la localización a los operadores de infraestructuras críticas de información y condicionando muchas transferencias al exterior a una evaluación de seguridad del regulador del ciberespacio. La lección para el exportador indio de datos es clara: no hay una norma mundial única que cumplir, sino un entramado cada vez más denso de regímenes superpuestos, y el corredor entre dos países cualesquiera debe evaluarse en sus propios términos.
V. Mover datos lícitamente a través de la frontera
Si la protección sigue a los datos hacia fuera, la cuestión operativa central para cualquier empresa transfronteriza es esta: ¿mediante qué mecanismo puedo enviar lícitamente datos personales del país A al país B? Aquí los regímenes divergen marcadamente, y la propia divergencia es una trampa de cumplimiento.
Europa funciona con una lógica de lista blanca. Una transferencia fuera del Espacio Económico Europeo solo es lícita si la Comisión Europea ha declarado que el destino ofrece una protección adecuada, o si el exportador adopta una garantía aprobada: cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes para las transferencias dentro de un grupo o, de forma restrictiva, una de las excepciones para situaciones específicas. La vía de la adecuación es donde se ha desarrollado el largo drama transatlántico. El Tribunal europeo invalidó el primer acuerdo con los Estados Unidos, Safe Harbour (puerto seguro), en la decisión Schrems I de 2015 (Asunto C-362/14), y el segundo, Privacy Shield (escudo de privacidad), en Schrems II en 2020 (Asunto C-311/18), en ambas ocasiones porque la vigilancia estadounidense otorgaba a los datos europeos una protección y unas vías de recurso insuficientes. El tercer acuerdo, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU., se adoptó mediante decisión de adecuación en julio de 2023 y superó su primera prueba judicial cuando el Tribunal General desestimó el recurso en Latombe v. Commission (Asunto T-553/23) el 03/09/2025. La cuestión no termina ahí: el demandante ha recurrido ante el Tribunal de Justicia, y la saga que invalidó dos veces un marco de transferencias sigue, formalmente, sin concluir. Toda empresa que se apoye en el Marco debe tratarlo como válido hoy y contingente mañana, y tener a mano las cláusulas contractuales tipo como solución de respaldo.
La India ha elegido la regla contraria: una lista negativa. Con arreglo a la Sección 16 de la DPDP Act, un Data Fiduciary puede transferir datos personales a cualquier país o territorio, libremente, salvo que el Gobierno central, previa evaluación, restrinja mediante notificación las transferencias a un país determinado, y hasta que lo haga. En el momento de escribir estas líneas no se ha publicado ninguna lista de países restringidos. La Regla 15 del Reglamento de 2025 añade que el fiduciario debe cumplir las condiciones que prescriba el Gobierno, y su redacción es lo bastante amplia como para restringir el acto de poner datos personales a disposición de un Estado extranjero o de entidades bajo su control. El modelo de lista negativa es, en apariencia, más permisivo que el europeo, pero encierra dos aguijones. En primer lugar, está dirigido por el poder ejecutivo y es dinámico, de modo que un corredor abierto hoy puede cerrarse por notificación con poco aviso; la empresa prudente se dota de la capacidad de redirigir. En segundo lugar, y de forma más inmediata, el marco de la DPDP no desplaza la localización sectorial. La directiva de 2018 del Reserve Bank of India (banco central de la India) exige que los datos de los sistemas de pago se almacenen únicamente en servidores situados en la India, y existen expectativas comparables en los sectores de valores y de seguros. Para una entidad regulada, la norma sectorial es la restricción vinculante, y con frecuencia es más estricta que el derecho general.
Las sanciones más costosas en materia de protección de datos no se han referido a cómo se protegían los datos, sino a adónde se enviaban.
VI. La capa de la transferencia de tecnología
Los flujos transfronterizos de datos no viajan solos. Se mueven junto a la transferencia de tecnología, y a menudo dentro de ella, y un segundo cuerpo de derecho, menos conocido, ha empezado a fundirse con el derecho de protección de datos: el control de exportaciones y la seguridad nacional. La convergencia es ya explícita. En los Estados Unidos, la Orden Ejecutiva 14117 ordena restringir las transferencias masivas de datos personales sensibles, y de ciertos datos relacionados con el Gobierno, a determinados países que suscitan preocupación, tratando los flujos masivos de datos no como una cuestión de privacidad, sino como una cuestión estratégica y de seguridad nacional, y el programa de aplicación ha entrado en vigor. La lógica es la del control de exportaciones: algunas categorías de datos, como algunas categorías de tecnología, son demasiado sensibles en su conjunto para salir libremente del país.
La misma lógica rige desde hace tiempo la propia tecnología. Con arreglo al régimen de exportaciones de los Estados Unidos, la revelación de tecnología o código fuente controlados a un nacional extranjero, incluso a uno que se encuentre en la misma oficina, puede constituir una exportación presunta que requiere autorización; el software de cifrado tiene sus propios controles; y algunos Estados condicionan el acceso al mercado a la revisión o al depósito del código fuente, exigencia que encaja mal con la protección de los secretos comerciales. La India mantiene sus propios controles sobre la tecnología de doble uso mediante la lista SCOMET. Y los requisitos de localización de datos, dondequiera que aparezcan, funcionan en la práctica como barreras no arancelarias, obligando al establecimiento local de infraestructuras y al tratamiento local de los datos como precio por hacer negocios. Para la empresa que transfiere a la vez un servicio y los datos que lo alimentan, el resultado es que se aplican hoy dos regímenes simultáneamente: el régimen de privacidad, que pregunta si la persona está protegida, y el régimen estratégico, que pregunta si lo está la nación. Una transferencia puede ser impecable según el primero e ilícita según el segundo.
VII. El precio de equivocarse
Las repercusiones del incumplimiento ya no son solo reputacionales, y ya no son modestas. Se producen en varias capas, y las multas de los titulares, por grandes que sean, son a menudo la menor de ellas.
Empecemos por las multas, porque marcan la escala. Las sanciones acumuladas con arreglo al RGPD superaron los 7.1 mil millones de euros en más de 2800 actuaciones de ejecución desde 2018, con unos 1.2 mil millones de euros impuestos solo en 2025 y notificaciones de brechas en niveles récord. La mayor de todas, 1.2 mil millones de euros contra Meta en 2023, no se impuso por una filtración, sino por la transferencia ilícita de datos de usuarios europeos a los Estados Unidos al amparo de cláusulas contractuales tipo que se consideraron insuficientes tras Schrems II. La ejecución transfronteriza no se limita al corredor transatlántico: en 2025 se impuso una multa de 530 millones de euros por la transferencia ilícita de datos de usuarios europeos a China. Con arreglo al Reglamento de IA, el techo sube a 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocios mundial. Con arreglo a la DPDP Act, es de hasta Rs. 250 crore por infracción. En los Estados Unidos, las sanciones estatales alcanzaron una cifra estimada de USD 1.4 mil millones en 2025. No son casos aislados; son el intervalo establecido.
Sin embargo, con frecuencia se sobrevive a la multa, pero no a la orden correctora. Cuando Meta fue multada, también se le ordenó suspender las transferencias infractoras y adecuar su tratamiento a la norma, lo que para un negocio construido sobre flujos transatlánticos de datos es una amenaza operativa de un orden completamente distinto. Una prohibición de transferencia no merma el balance; puede detener el negocio. Más allá del regulador hay otras capas: la exposición penal por determinadas infracciones y, en algunos regímenes, la responsabilidad personal de consejeros y directivos; las consecuencias contractuales, incluidas las reclamaciones de indemnidad, el incumplimiento de los contratos de encargo del tratamiento, la pérdida de certificaciones y los derechos de resolución de los clientes empresariales cuyo propio cumplimiento depende del suyo; el desplome de la confianza de los clientes, que se agrava con el tiempo; y el coste, simple y brutal, de la respuesta al incidente, la notificación y la reparación. El fundamento para tratar la protección de datos como un asunto del consejo de administración no es la exhortación. Es esta lista.
VIII. La máquina que devora datos
Todo lo anterior se complica, quizá se transforma, con la inteligencia artificial, porque la IA no se limita a usar datos; los consume a escala industrial y de maneras que tensan cada concepto protector que el derecho ha construido. El planteamiento que me he propuesto termina con la cuestión más difícil que plantea hoy esta materia, así que permítaseme formularla con claridad: en un mundo en el que los modelos se entrenan con enormes corpus, gran parte de ellos datos personales recogidos de la web abierta, ¿pueden todavía protegerse los datos? La respuesta honesta es: en parte, de forma imperfecta, y solo si se abandona la fantasía de la protección perfecta en favor de la disciplina del riesgo gobernado.
Considérese lo que la IA hace con los supuestos protectores. Suponíamos que la anonimización era un muro; los grandes modelos han demostrado que es una valla, expuesta a la reidentificación cuando se combinan suficientes señales. Suponíamos que los datos usados para un fin permanecían dentro de ese fin; un modelo entrenado con datos puede memorizar y, ante la instrucción adecuada, reproducir literalmente fragmentos de su conjunto de entrenamiento, y puede ser sondeado mediante ataques de inferencia de pertenencia y de inversión del modelo para revelar si los datos de una persona concreta contribuyeron, y cuáles. Las mismas capacidades que hacen valiosos estos sistemas, su capacidad de generalizar a partir de los datos, son las que hacen difícil contener los datos que contienen. Por eso Europa no se ha apoyado solo en el RGPD, sino que ha añadido encima el Reglamento de IA, y por eso ambos imponen hoy deberes acumulados y superpuestos a quien despliegue IA sobre datos personales.
¿Puede la tecnología resolver el problema que la tecnología ha creado? En parte. Existe una familia de técnicas de mejora de la privacidad, y está madurando. El aprendizaje federado envía el modelo a los datos en lugar de los datos al modelo, de modo que los registros en bruto no necesitan centralizarse. La privacidad diferencial introduce un ruido matemático calibrado para que la presencia o ausencia de una persona concreta no pueda detectarse en el resultado. La computación segura multipartita y la computación confidencial, esta última mediante enclaves de hardware de confianza, permiten el cálculo conjunto sin exponer los datos de entrada. El cifrado homomórfico, el más tentador de todos, permite calcular directamente sobre datos cifrados, aunque sigue siendo lento y costoso para un uso general. Los datos sintéticos y la tokenización reducen la exposición de los datos reales. Ninguna de ellas es una solución milagrosa; cada una sacrifica utilidad, velocidad o coste, y cada una debe elegirse para el riesgo concreto que aborda. Son instrumentos del riesgo gobernado, no de la seguridad perfecta, porque la seguridad perfecta a esta escala no existe.
IX. La promesa descifrable y la mano del Estado
Lo que nos lleva al cifrado, y a una verdad que la comercialización de la seguridad oculta. Hablamos del cifrado como si fuera absoluto. No lo es. El cifrado protege los datos de forma convincente en dos estados, en reposo y en tránsito, pero los datos deben descifrarse para tratarse, y en ese momento de uso son texto en claro. Las claves pueden perderse, robarse o exigirse por la fuerza. Y una sombra más larga se ha proyectado sobre esta materia: la perspectiva de que los datos recogidos y almacenados hoy, con un cifrado robusto, puedan descifrarse en el futuro mediante la computación cuántica, la estrategia que los adversarios llaman recoger ahora, descifrar después. No es casual que en 2024 se aprobaran nuevas normas criptográficas poscuánticas y que la migración a ellas se haya convertido en un asunto del consejo de administración. La promesa del cifrado es real pero condicional, y la condición es el tiempo.
La ilustración más clara de los límites del cifrado no es técnica sino política, y se refiere al acceso que el Estado se reserva para sí. A principios de 2025, el Reino Unido, actuando al amparo de su Investigatory Powers Act de 2016 (Ley de Poderes de Investigación), notificó en secreto a Apple un requerimiento de capacidad técnica que exigía la posibilidad de acceder a los datos protegidos por el servicio en la nube cifrado de extremo a extremo de la compañía, con una prohibición legal de revelar el requerimiento. La respuesta de Apple fue instructiva: en lugar de construir el acceso, que no puede construirse para un gobierno sin debilitar el cifrado para todos los usuarios, retiró la función en el Reino Unido el 21/02/2025 e impugnó la orden ante el Investigatory Powers Tribunal; informaciones posteriores indicaron que el requerimiento se limitó a los usuarios del Reino Unido, sin abandonarse. El episodio descansaba en un principio matemático que ninguna ley puede derogar: no hay forma de dar a una autoridad legítima una puerta a los datos cifrados sin crear una puerta que también pueda usar un actor ilegítimo. La intrusión Salt Typhoon de 2024 lo demostró de la peor manera, cuando atacantes patrocinados por un Estado explotaron precisamente el acceso de interceptación legal que los proveedores de telecomunicaciones habían sido obligados a construir, y llegaron a las comunicaciones de altos cargos e incluso a los sistemas utilizados para la vigilancia autorizada judicialmente. Una puerta trasera para los buenos es, estructuralmente, una puerta trasera para los malos.
No existe una matemática que distinga una puerta lícita a los datos cifrados de una ilícita. Solo hay una puerta.
La India no es una excepción a la reserva de acceso del Estado. La Sección 69 de la Information Technology Act, 2000, en relación con las normas de interceptación, vigilancia y descifrado de 2009, faculta para dictar órdenes de descifrado en circunstancias definidas, y la DPDP Act exime expresamente a los órganos del Estado, en virtud de la Sección 17(2)(a), de la mayoría de sus obligaciones cuando tratan datos en interés de la soberanía, la seguridad o las relaciones amistosas con Estados extranjeros. La DPDP Act, pese a haber creado derechos reales frente a los fiduciarios privados, no reformó la arquitectura de vigilancia, y la asimetría que de ello resulta debe exponerse con franqueza a cualquier cliente: en todos estos regímenes, la protección de datos es, en último análisis, protección frente a todos excepto, en circunstancias definidas y discutidas, frente al propio Estado. El custodio guarda los datos frente al mundo; el Estado conserva la llave de la puerta.
X. Una disciplina de trabajo para quien trata datos a gran escala
Para una empresa que trata datos personales a gran escala, la respuesta práctica a todo esto no es ni la parálisis ni el mero cumplimiento formal, sino una disciplina permanente. Empieza por saber qué se tiene: un auténtico inventario de datos y un registro de las actividades de tratamiento, que recoja cada categoría de datos, su origen, su finalidad, su ubicación y sus destinos, porque no se puede proteger, clasificar ni transferir lícitamente lo que no se ha cartografiado. Continúa con la clasificación, por sensibilidad y por destino, de modo que los datos más sensibles y los corredores más expuestos reciban la mayor protección. Exige minimización y conservación limitada en el tiempo, puesto que los datos que no se tienen no pueden sufrir una brecha, transferirse ilícitamente ni ser memorizados por un modelo. Requiere una base jurídica clara y una arquitectura de consentimiento que la persona pueda comprender y retirar.
Para los flujos transfronterizos, requiere un mecanismo de transferencia elegido corredor por corredor: adecuación, cláusulas contractuales tipo o normas corporativas vinculantes para las salidas desde Europa; cumplimiento de la lista negativa y de cualquier localización sectorial para las salidas desde la India; y atención a los regímenes estratégicos que tratan los datos masivos como una cuestión de seguridad. Requiere una contratación rigurosa con cada encargado y subencargado del tratamiento, porque la responsabilidad sigue a los datos hasta sus manos. Requiere cifrado en reposo y en tránsito, una gestión disciplinada de las claves, tokenización y, cuando se utilice IA, las técnicas de mejora de la privacidad adecuadas al riesgo. Requiere un plan de respuesta a brechas construido en torno a un plazo de 72 horas y una vía de notificación al regulador y a las personas afectadas. Para quienes sean designados fiduciarios significativos, requiere evaluaciones de impacto periódicas y auditorías independientes. Y requiere que todo ello se asuma a nivel del consejo de administración y que la evolución del derecho se vigile de forma continua, la publicación de cualquier lista de países restringidos, la siguiente fase del calendario de la DPDP, el plazo del Reglamento de IA del 02/08/2026, porque en esta materia el derecho no se detiene y una posición de cumplimiento es algo que se mantiene, no algo que se alcanza.
El supuesto de trabajo más útil es el menos cómodo: dar por hecha la brecha. Diseñe, contrate y gobierne como si los datos fueran a quedar expuestos algún día y usted fuera a tener que rendir cuentas de ello, porque en un horizonte lo bastante largo, y para un conjunto de datos lo bastante grande, ese día suele llegar.
Un custodio, no un propietario
La paradoja custodial no puede resolverse, solo administrarse. Los datos que una empresa conserva son valiosos precisamente porque describen a personas, y por esa misma razón no son libremente suyos para venderlos, exponerlos o perderlos. La soberanía seguirá intentando anclar al territorio algo que no tiene fronteras; el cifrado seguirá prometiendo un secreto que no puede garantizar por completo; la inteligencia artificial seguirá aumentando a la vez el valor de los datos y la dificultad de contenerlos. La tarea de la empresa, y del abogado que la asesora, no es, por tanto, escapar de la paradoja, sino mantener sus dos mitades en un equilibrio honesto: tratar los datos como el activo que comercialmente son, y custodiarlos como la confianza que jurídicamente siguen siendo. Moverlos solo adonde la ley lo permite, protegerlos con los mejores instrumentos disponibles admitiendo sus límites, y recordar, en cada decisión, que se es un custodio y no un propietario, responsable en último término de cada byte que se le permitió conservar.
La ley india de protección de datos
Una versión breve en vídeo de este artículo, del canal del Despacho, para los lectores que prefieran escuchar el argumento antes que leerlo.
Fuentes y disposiciones citadas
Leyes y reglamentos
- Digital Personal Data Protection Act, 2023: Secciones 16, 17(2)(a) y 40
- Digital Personal Data Protection Rules, 2025: Regla 15
- Information Technology Act, 2000: Sección 69, en relación con las normas de interceptación, vigilancia y descifrado de 2009
- Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679: Artículo 9
- Reglamento de Inteligencia Artificial, Reglamento (UE) 2024/1689
- Investigatory Powers Act 2016 (Reino Unido)
- Estados Unidos: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Gramm-Leach-Bliley Act, Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) y Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
- American Privacy Rights Act (presentada en 2024, no promulgada)
Jurisprudencia
- Justice K. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1
- Schrems I, Asunto C-362/14 (2015)
- Schrems II, Asunto C-311/18 (2020)
- Latombe v. Commission, Asunto T-553/23, Tribunal General, 03/09/2025
Documentos oficiales
- G.S.R. 846(E) de 13/11/2025, por la que se publican las Digital Personal Data Protection Rules, 2025
- Decisión de adecuación del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU., julio de 2023
- Orden Ejecutiva 14117 de los Estados Unidos
Preguntas frecuentes
¿Qué es la paradoja custodial en la protección de datos?
Es la contradicción entre la forma en que la empresa y el derecho conciben los datos personales. La empresa trata los datos como un activo que se posee y se explota; el derecho los trata como un bien confiado en custodia en beneficio de la persona a la que describen, utilizable solo dentro de los términos de esa custodia. Ambas visiones chocan, y la brecha no gestionada entre ellas es donde se acumula la responsabilidad regulatoria y civil.
¿Se aplica la ley india de protección de datos a las empresas establecidas en el extranjero?
Sí. La Digital Personal Data Protection Act (Ley de Protección de Datos Personales Digitales) tiene aplicación extraterritorial y alcanza el tratamiento de los datos personales de interesados indios dondequiera que se realice ese tratamiento. Como ocurre con el RGPD de la UE, la protección se vincula a la persona y no a la ubicación del servidor, de modo que alojar los datos en el extranjero no los sitúa fuera del alcance de la ley del país del interesado.
¿Pueden usarse y venderse libremente los datos anonimizados?
Mucho menos de lo que suele suponerse. La verdadera anonimización es frágil, y los datos que pueden reidentificarse cruzándolos con otros conjuntos de datos nunca fueron anónimos en derecho. Calificar erróneamente como activo seguro unos datos reidentificables los convierte en una responsabilidad distribuida, porque cada copia en servidores y copias de seguridad arrastra la obligación que la empresa creía haber eliminado.
¿Cuál es la consecuencia regulatoria más grave de un fallo en materia de datos?
No la multa de los titulares, sino la prohibición regulatoria de transferencia. Una multa se paga y se absorbe; una orden que prohíbe el movimiento de una categoría de datos a través de una frontera puede detener por completo las operaciones, al separar a la empresa de su propio tratamiento y de sus clientes. Para una empresa transfronteriza, la prohibición de transferencia es el riesgo existencial, y la multa es solo el visible.
¿Puede el cifrado incluir una puerta trasera lícita solo para el Gobierno?
No. El cifrado no distingue quién posee la clave, de modo que una puerta trasera creada para una autoridad legítima está, por su propia naturaleza, al alcance de cualquier actor malicioso que la encuentre. No existe un mecanismo criptográfico que admita al Estado y excluya al atacante; por eso la exigencia de una puerta trasera reservada al Gobierno descansa en una imposibilidad matemática.
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Este artículo se ofrece como comentario jurídico general, con fines exclusivamente informativos y divulgativos, y no constituye asesoramiento jurídico. Las referencias a la Digital Personal Data Protection Act, 2023, al Reglamento General de Protección de Datos y al Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, a las normas sectoriales de localización, incluidas las del Reserve Bank of India, y a las disposiciones conexas se entienden hechas a dichos instrumentos en su versión vigente en la fecha de redacción. La aplicación del derecho de protección de datos depende de los hechos y de la jurisdicción. Se recomienda a los lectores consultar a un abogado cualificado antes de actuar. Publicado de conformidad con las Bar Council of India Rules, Capítulo II, Parte VI, Regla 36. Ninguna parte de este artículo pretende captar encargos profesionales.
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