Impugnar notificaciones, reglamentos y circulares: la legislación delegada ante los tribunales de writ
La mayor parte del derecho que rige el día a día de una empresa o de un ciudadano no está en una ley del Parlamento, sino en los reglamentos, normas y notificaciones dictados en virtud de ella, y en las circulares que se emiten para aplicarlos. Cada uno de ellos puede someterse al examen de un tribunal constitucional.
En resumen
- Qué puede impugnarse. Los reglamentos, normas, ordenanzas (bye-laws) y notificaciones dictados en virtud de una ley, y las circulares e instrucciones emitidas para aplicarlos. El artículo 13(3)(a) de la Constitución considera "ley" un reglamento, una norma, una notificación y una orden que tengan fuerza de ley, por lo que cada uno debe respetar los derechos fundamentales.
- El punto de partida. Un reglamento se presume válido, y quien lo ataca debe demostrar que es inválido (State of Tamil Nadu v. P. Krishnamurthy, (2006) 4 SCC 517).
- Los motivos principales. El reglamento excede la facultad que otorga la ley habilitante, contradice esa ley u otra ley, vulnera un derecho fundamental como la igualdad del artículo 14, o es manifiestamente arbitrario. La delegación excesiva es una impugnación de la propia ley habilitante.
- Circulares. Las instrucciones ejecutivas pueden llenar los vacíos de los reglamentos, pero no pueden modificarlos ni sustituirlos (Sant Ram Sharma v. State of Rajasthan, AIR 1967 SC 1910).
- No hay audiencia antes de dictar los reglamentos. La actuación legislativa, plena o subordinada, no está sujeta a las reglas de la justicia natural salvo que la ley exija una audiencia o una consulta.
- Dónde. Una petición de writ ante el Tribunal Superior conforme al artículo 226, o ante el Tribunal Supremo conforme al artículo 32 cuando está en juego un derecho fundamental.
- Plazo. A un writ no se le aplica ningún plazo de prescripción fijo, pero la demora y la dejadez pueden hacer fracasar una impugnación, sobre todo cuando otros han actuado sobre la base del reglamento.
- Medidas provisionales. Debido a la presunción de validez, rara vez se suspende un reglamento en su totalidad en la fase provisional; con más frecuencia el tribunal protege solo al peticionario, o somete las actuaciones basadas en el reglamento al resultado de la petición.
Términos que oirá
- Legislación delegada (subordinada) (delegated legislation)
- Reglamentos, normas, ordenanzas y notificaciones dictados por el Gobierno u otro órgano en virtud de una facultad otorgada por una ley.
- Ley habilitante (parent Act, enabling Act)
- La ley que confiere la facultad de dictar el reglamento. El reglamento solo es válido dentro de esa facultad.
- Ultra vires
- Más allá de la facultad. Un reglamento es ultra vires cuando va más allá de lo que autoriza la ley habilitante, o contradice la ley o la Constitución.
- Notificación (notification)
- Una orden o un reglamento formal publicado en la Gaceta Oficial (Official Gazette), por ejemplo para poner en vigor una disposición, fijar un tipo o conceder una exención.
- Circular o instrucción ejecutiva (circular, executive instruction)
- Una directriz departamental sobre cómo debe aplicarse una ley. Obliga a los funcionarios en los términos en que está redactada, pero no puede prevalecer sobre la ley ni sobre los reglamentos.
- Delegación excesiva (excessive delegation)
- Una impugnación de la ley habilitante por el motivo de que el legislador cedió su función legislativa esencial sin fijar una política ni una orientación para el delegado.
- Arbitrariedad manifiesta (manifest arbitrariness)
- Un motivo de impugnación conforme al artículo 14 cuando un reglamento es tan irrazonable que no puede entenderse que el legislador lo autorizara.
- Interpretación restrictiva (reading down)
- Dar a una disposición un sentido más limitado para que se mantenga dentro de la ley, en lugar de anularla.
- Divisibilidad (severability)
- Anular solo la parte inválida de un reglamento cuando el resto puede sostenerse por sí mismo.
En detalle
Este artículo tiene 3 partes:
Impugnación de notificaciones, reglamentos y circulares
Una ley del Parlamento o de una asamblea legislativa de un Estado suele fijar la política y dejar el detalle al Gobierno o a un regulador: los formularios, las tasas, los tipos, las condiciones de admisibilidad, las fechas en que entran en vigor las disposiciones. Ese detalle se establece mediante reglamentos, normas, ordenanzas y notificaciones. Los tribunales lo llaman legislación delegada o subordinada, porque la facultad de dictarla la delega el legislador y el instrumento está subordinado a la ley.
Por qué importa la denominación del documento
La primera tarea en cualquier impugnación es identificar exactamente qué clase de instrumento está en cuestión, porque eso decide las preguntas que hará el tribunal.
- Los reglamentos y las normas se dictan en virtud de una sección expresa de la ley que otorga la facultad reglamentaria, suelen publicarse en la Gaceta y tienen fuerza de ley.
- Las notificaciones se publican en la Gaceta en virtud de una sección concreta que permite al Gobierno hacer algo mediante notificación: poner en vigor una disposición, ampliar o eximir, fijar un tipo, designar una autoridad. Una notificación emitida en virtud de una sección equivocada, o fuera de las condiciones de la sección correcta, puede impugnarse.
- Las circulares, los memorandos de oficina y las instrucciones son directrices ejecutivas. Las instrucciones ejecutivas pueden llenar vacíos y complementar los reglamentos cuando estos guardan silencio, pero el Gobierno no puede modificar ni sustituir los reglamentos mediante instrucciones administrativas (Sant Ram Sharma v. State of Rajasthan, AIR 1967 SC 1910). Por tanto, una circular que contradice la ley o los reglamentos puede impugnarse solo por ese motivo.
Como el artículo 13(3)(a) de la Constitución define "ley" de modo que incluye cualquier ordenanza, orden, norma local, reglamento, norma, notificación, costumbre o uso que tenga fuerza de ley, la legislación delegada debe respetar los derechos fundamentales de la Parte III igual que una ley.
Quién puede presentar la impugnación
El peticionario habitual es una persona cuya empresa, propiedad, servicio o libertad se ve afectada por el reglamento, por ejemplo un titular de licencia al que se le ha aumentado la tasa, un importador al que se le ha denegado una exención, un candidato excluido por una nueva condición de admisibilidad o un empleado afectado por un cambio en las normas de servicio. También puede presentar la petición una asociación de las personas afectadas. Cuando el reglamento afecta a un sector del público que no puede acudir por sí mismo al tribunal, puede ser posible una petición de interés público (véase la página sobre PIL).
Qué puede hacer el tribunal
- declarar inválido el reglamento, la notificación o la circular, total o parcialmente, y anularlo;
- interpretarlo de forma restrictiva para que opere dentro de la ley habilitante;
- anular la orden o la liquidación dictada en virtud de él contra el peticionario;
- ordenar a la autoridad que vuelva a examinar el asunto conforme a la ley;
- o confirmar el reglamento y desestimar la petición.
Una impugnación puede dirigirse contra el propio reglamento o contra la forma en que se ha aplicado al peticionario. La segunda suele ser más fácil de ganar, y la tutela es más limitada.
Motivos: ultra vires, artículo 14 y delegación excesiva
La presunción de validez
El Tribunal Supremo ha declarado que existe una presunción a favor de la constitucionalidad o validez de la legislación subordinada, y que la carga de demostrar que es inválida recae en quien la ataca (State of Tamil Nadu v. P. Krishnamurthy, (2006) 4 SCC 517). Por tanto, la petición debe mostrar con precisión qué disposición se considera inválida y por qué, poniendo una junto a otra la ley habilitante y el reglamento.
Los motivos reconocidos
En el mismo caso el Tribunal enumeró los motivos por los que puede impugnarse la legislación subordinada:
- falta de competencia legislativa para dictar la legislación subordinada;
- vulneración de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución;
- vulneración de cualquier otra disposición de la Constitución;
- falta de conformidad con la ley en virtud de la cual se dicta, o exceso de los límites de la facultad conferida por la ley habilitante;
- contradicción con las leyes del país, es decir, con cualquier ley;
- arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, hasta el punto de que el tribunal pueda decir con fundamento que el legislador nunca quiso otorgar facultad para dictar ese reglamento.
El Tribunal tomó esto de la decisión anterior en Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt. Ltd. v. Union of India, (1985) 1 SCC 641, que explicó que la legislación subordinada no goza del mismo grado de inmunidad que una ley aprobada por un legislador competente: puede cuestionarse por cualquier motivo por el que se cuestiona la legislación plena y, además, por el motivo de que no es conforme con la ley en virtud de la cual se dicta, o de que es contraria a otra ley.
Ultra vires respecto de la ley habilitante
Este es el motivo más frecuente. Adopta tres formas principales:
- Falta de facultad. El reglamento trata una materia que no abarca la sección que otorga la facultad reglamentaria, o impone una tasa, una condición o una sanción que la ley no autoriza.
- Contradicción con la ley. El reglamento contradice una disposición de la propia ley, o restringe un derecho que la ley otorga. El reglamento debe ceder ante la ley.
- Procedimiento no seguido. Cuando la ley exige que el reglamento se dicte solo tras su publicación previa, tras consultar a un órgano determinado, con la aprobación de una autoridad, o que se presente ante el legislador, la petición examina si se hizo. Que un incumplimiento invalide el reglamento depende de si el requisito es obligatorio conforme a esa ley.
El artículo 14 y la arbitrariedad manifiesta
La igualdad del artículo 14 se examina de dos maneras. Primero, un reglamento que trata a las personas de forma diferente debe basarse en una diferencia real entre ellas que tenga una conexión racional con el objeto del reglamento. Segundo, un reglamento manifiestamente arbitrario o irrazonable puede anularse incluso sin comparar clases de personas, en la medida que describió el Tribunal Supremo en State of Tamil Nadu v. P. Krishnamurthy, (2006) 4 SCC 517. A menudo entran en juego también otros derechos fundamentales, sobre todo la libertad de ejercer cualquier profesión, oficio, comercio o actividad empresarial del artículo 19(1)(g) y el derecho a la vida y a la libertad personal del artículo 21.
Delegación excesiva (excessive delegation)
A veces el problema no es que el reglamento exceda la ley, sino que la ley otorga al delegado una facultad sin orientación: permite al Gobierno decidir la política por sí mismo, sin ningún criterio que aplicar. El legislador puede delegar el detalle, pero no su función legislativa esencial de fijar la política. Una impugnación por este motivo es una impugnación de la ley habilitante, por lo que la petición debe decirlo y la súplica debe pedir que se declare inválida la sección correspondiente. Es un caso más difícil de sostener que una impugnación ordinaria por ultra vires, y suele alegarse junto con ella.
Motivos que normalmente no prosperan
- "No se me oyó antes de dictar el reglamento." La actuación legislativa, plena o subordinada, no está sujeta a las reglas de la justicia natural, como explicó el Tribunal Supremo en Union of India v. Cynamide India Ltd., (1987) 2 SCC 720, decisión aplicada en State of Tamil Nadu v. P. Krishnamurthy, (2006) 4 SCC 517. La situación es distinta cuando la propia ley exige que se recaben objeciones o que se consulte a un órgano.
- "Hay una forma mejor de hacerlo." El tribunal se pregunta si el reglamento está dentro de la facultad y es lícito, no si es la política más acertada.
- "El reglamento me causa perjuicios." El perjuicio por sí solo no invalida un reglamento. Puede apoyar el argumento de que el reglamento es irrazonable hasta el punto de ser arbitrario, o de que se ha aplicado indebidamente.
Una facultad reglamentaria opera normalmente hacia el futuro. Un reglamento que surte efecto desde una fecha pasada, sobre todo si impone una carga, se examina con atención a la luz de la ley habilitante para ver si la ley lo permite.
Procedimiento y medidas provisionales
1. Antes de la petición: el expediente
- El propio instrumento. Obtenga la copia de la Gaceta del reglamento o de la notificación (las notificaciones del Gobierno central están en la e-Gazette, egazette.gov.in) y todas sus modificaciones, para saber qué versión estaba en vigor en la fecha pertinente.
- La ley habilitante. La sección que otorga la facultad reglamentaria, la sección en virtud de la cual se emitió la notificación y cualquier disposición sobre publicación previa, consulta o presentación ante el legislador.
- El expediente administrativo. Cuando importan las razones, una solicitud conforme a la sección 6 de la Ley del Derecho a la Información de 2005 (Right to Information Act, 2005) para obtener el expediente que dio lugar al reglamento, incluidas las anotaciones y las aprobaciones, suele proporcionar el material para los motivos. La página sobre RTI explica los plazos y las apelaciones.
- La aplicación al peticionario. La liquidación, la orden, la denegación o el aviso para presentar descargos (show cause notice) emitido en virtud del reglamento, con las fechas de recepción.
2. La elección del foro
La impugnación de la validez de la legislación delegada se presenta normalmente ante el Tribunal Superior conforme al artículo 226. Conforme al artículo 226(2), un Tribunal Superior puede actuar cuando la causa de la acción surge, total o parcialmente, dentro de su territorio, de modo que una notificación central puede impugnarse ante el Tribunal Superior de Delhi o ante el Tribunal Superior del lugar donde se sienten sus efectos. El artículo 32 permite una petición directa ante el Tribunal Supremo cuando está en juego un derecho fundamental, pero el Tribunal Supremo pide a menudo a los peticionarios que acudan primero al Tribunal Superior. Cuando una ley prevé una apelación contra las órdenes dictadas en virtud del reglamento, el Tribunal Superior suele esperar que se utilice ese recurso para impugnar la orden; la situación es distinta cuando está en cuestión la validez del propio reglamento, que la autoridad de apelación no puede decidir. La guía explicativa sobre la jurisdicción de writ expone cómo funciona la regla del remedio alternativo.
3. La redacción de la petición
- el reglamento, la notificación o la circular impugnados, citados y adjuntados, con las disposiciones de la ley habilitante;
- una lista de fechas que muestre cuándo se dictó, se publicó y se aplicó al peticionario;
- los motivos, cada uno vinculado a uno de los supuestos reconocidos, con la comparación entre el reglamento y la ley expuesta con claridad;
- la súplica: una declaración de que la disposición es inválida, un writ que la anule junto con cualquier orden dictada en virtud de ella, y la tutela consiguiente, como la devolución o un nuevo examen;
- la solicitud de medidas provisionales, que exponga el daño que causaría la espera;
- la autoridad que dictó el reglamento como demandada: la Unión de la India (Union of India) a través del Ministerio competente, el Gobierno del Estado o el regulador.
En el Tribunal Superior de Delhi la petición se presenta por vía electrónica, la Secretaría (Registry) la examina en busca de defectos y se señala ante la Sala a la que corresponde esa categoría de asuntos según el turno (roster) publicado por el Presidente del Tribunal (Chief Justice).
4. Demora
El artículo 226 no contiene ningún plazo de prescripción, y la Ley de Prescripción de 1963 no se aplica expresamente a las peticiones de writ. Aun así, una impugnación presentada mucho después de dictarse un reglamento, cuando otros ya han organizado sus asuntos sobre la base de él, puede denegarse por demora y dejadez. Cuando el reglamento se aplica de nuevo al peticionario, por ejemplo mediante una nueva liquidación, esa aplicación da una nueva ocasión para impugnarlo, pero se sigue examinando la demora en impugnar el propio reglamento. Lo prudente es presentar la petición con prontitud y explicar en ella cualquier intervalo.
5. Medidas provisionales
La presunción de validez pesa mucho en la fase provisional. Los tribunales son reacios a suspender un reglamento o una notificación para todos mientras se examina su validez. Las órdenes provisionales que se dictan con más frecuencia son más limitadas:
- una orden que protege solo al peticionario frente a medidas coercitivas;
- una orden según la cual cualquier actuación quedará sujeta al resultado de la petición;
- un depósito o una garantía en lugar del pago de un tributo controvertido;
- una orden que preserva la situación, por ejemplo manteniendo vacante una plaza o un puesto.
Cuando se dicta una orden provisional sin que se hayan entregado a la otra parte copias de la petición ni se le haya dado ocasión de ser oída, el artículo 226(3) permite a esa parte solicitar que se deje sin efecto. El Tribunal Superior debe resolver la solicitud dentro de las dos semanas siguientes a su recepción, o a la entrega de una copia al peticionario, si esta fecha es posterior; si no lo hace, la orden provisional queda sin efecto.
6. Vista, sentencia y apelación
La parte demandada presenta una contradeclaración jurada (counter affidavit) en defensa del reglamento, a menudo con las razones que constan en el expediente, y el peticionario presenta una réplica (rejoinder). El asunto se decide sobre la base de los escritos y los documentos. Una sentencia de un juez único del Tribunal Superior de Delhi en un writ puede llevarse mediante una apelación de Letters Patent ante una Sala de División (Division Bench) (véase la guía explicativa sobre la apelación de Letters Patent), y una sentencia de una Sala de División mediante una petición de autorización especial conforme al artículo 136 (véase la guía explicativa sobre la SLP).
Errores habituales
- Impugnar el instrumento equivocado, por ejemplo la circular cuando el verdadero problema está en el reglamento que aplica, o el reglamento cuando el problema está en la ley.
- Basarse en una copia no oficial del reglamento en lugar del texto de la Gaceta y sus modificaciones.
- Alegar solo perjuicio o injusticia, sin vincular el argumento a un motivo reconocido.
- Pedir la suspensión del reglamento para todos cuando la protección del peticionario bastaría.
- Esperar a que el reglamento se haya aplicado durante años antes de impugnarlo.
Preguntas habituales
¿Puedo impugnar ante los tribunales una notificación del Gobierno?
Sí. Una notificación, un reglamento o una norma dictados en virtud de una ley pueden impugnarse mediante una petición de writ ante el Tribunal Superior conforme al artículo 226, o ante el Tribunal Supremo conforme al artículo 32 cuando está en juego un derecho fundamental. Los motivos habituales son que excede la facultad que otorga la ley habilitante, que contradice esa ley u otra ley, que vulnera un derecho fundamental como la igualdad del artículo 14, o que es manifiestamente arbitraria. El tribunal parte de una presunción de validez de la notificación, por lo que la petición debe mostrar exactamente qué disposición es inválida y por qué, comparando la ley habilitante y la notificación una junto a otra.
¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y una circular?
Un reglamento se dicta en virtud de una facultad reglamentaria expresa contenida en una ley y tiene fuerza de ley. Una circular o un memorando de oficina es una instrucción ejecutiva que indica a los funcionarios cómo aplicar la ley. El Tribunal Supremo ha declarado que las instrucciones ejecutivas pueden llenar los vacíos de los reglamentos cuando estos guardan silencio, pero no pueden modificarlos ni sustituirlos. Por eso, una circular que contradice la ley o los reglamentos puede impugnarse por ese motivo, mientras que un reglamento solo puede impugnarse por los motivos aplicables a la legislación delegada, como exceder la facultad de la ley habilitante.
¿Qué significa ultra vires?
Ultra vires significa más allá de la facultad. Un reglamento o una notificación es ultra vires cuando trata algo que la ley habilitante no autoriza, impone una condición, una tasa o una sanción que la ley no permite, contradice una disposición de la ley o se dictó sin seguir un procedimiento obligatorio que la ley establece, como la publicación previa o la consulta. Un reglamento también puede ser inválido porque vulnera la Constitución, lo que a veces se describe como ser ultra vires respecto de la Constitución. Si el tribunal está de acuerdo, puede anular la disposición, total o parcialmente, o darle una interpretación restrictiva para que quede dentro de la ley.
¿Hay un plazo para impugnar un reglamento o una notificación?
A una petición de writ no se le aplica ningún plazo fijo, y la Ley de Prescripción de 1963 (Limitation Act, 1963) no se aplica expresamente a los writs. Pero el Tribunal Superior puede denegar la tutela por demora y dejadez (delay and laches). Examina cuánto esperó el peticionario, si la demora está explicada y si otros han actuado entretanto sobre la base del reglamento. Una nueva aplicación del reglamento al peticionario, como una nueva liquidación, da una nueva ocasión para impugnarlo, pero el tribunal seguirá considerando por qué no se impugnó antes el propio reglamento. Lo prudente es presentar la petición con prontitud y explicar en ella cualquier intervalo.
¿Puede suspenderse una notificación mientras el caso está pendiente?
Puede, pero la suspensión de un reglamento o una notificación para todos es poco frecuente, porque el tribunal parte de una presunción de validez de la legislación delegada. Las órdenes provisionales que se dictan con más frecuencia son más limitadas: protección solo para el peticionario frente a medidas coercitivas, una orden según la cual cualquier actuación quedará sujeta al resultado de la petición, un depósito o una garantía en lugar del pago, o una orden que mantenga vacante un puesto o una plaza. La solicitud debe mostrar por qué esperar a la vista final causaría un daño irreparable y por qué el equilibrio de conveniencia favorece al peticionario.
¿Tenía el Gobierno que oírme antes de dictar el reglamento?
Normalmente no. El Tribunal Supremo ha declarado que la actuación legislativa, sea del poder legislativo o de un delegado que dicta reglamentos, no está sujeta a las reglas de la justicia natural. La situación cambia cuando la propia ley habilitante exige que se publique un proyecto para recibir objeciones, o que se consulte a un órgano determinado, antes de dictar el reglamento. En ese caso la petición puede examinar si se siguió el procedimiento y si el requisito era obligatorio. Una decisión que aplica el reglamento a una persona concreta, a diferencia de la elaboración del reglamento, es otra cuestión y normalmente sí exige una audiencia justa.
¿Debo acudir al Tribunal Superior o al Tribunal Supremo?
Normalmente al Tribunal Superior. El artículo 226 es más amplio que el artículo 32: abarca los derechos legales y otros derechos, además de los derechos fundamentales, y conforme al artículo 226(2) puede presentarse una petición donde surge la causa de la acción, total o parcialmente. El artículo 32 solo sirve para hacer valer un derecho fundamental, y el Tribunal Supremo pide con frecuencia a los peticionarios que acudan primero al Tribunal Superior. Una sentencia del Tribunal Superior deja además abierta una apelación, mediante una apelación de Letters Patent dentro del Tribunal Superior cuando procede y después mediante una petición de autorización especial ante el Tribunal Supremo.
¿Puede una circular prevalecer sobre una ley o sobre los reglamentos?
No. Una circular es una instrucción ejecutiva. No puede modificar ni sustituir la ley ni los reglamentos dictados en virtud de ella. Cuando los reglamentos guardan silencio sobre un punto, el Gobierno puede dictar instrucciones para llenar el vacío, siempre que sean compatibles con los reglamentos. Una liquidación o una denegación basada en una circular que contradice la ley o los reglamentos puede impugnarse en un writ, y a menudo la tutela más sencilla es anular la orden dictada en virtud de la circular, sin anular la circular para todos.
¿Qué ocurre si el tribunal anula un reglamento?
La disposición deja de aplicarse, y las órdenes dictadas en virtud de ella contra el peticionario suelen anularse con ella. El tribunal puede anular solo la parte inválida, cuando el resto puede sostenerse por sí mismo, o interpretar la disposición de forma restrictiva para que opere dentro de la ley habilitante. La sentencia también puede ordenar una tutela consiguiente, como una devolución o una nueva decisión. El Gobierno puede apelar, y también puede dictar un nuevo reglamento que corrija el defecto, siempre que se mantenga dentro de la facultad que otorga la ley.
¿Puede una asociación profesional o empresarial presentar la impugnación?
Sí, una asociación de las personas afectadas por un reglamento puede presentar la petición, y es habitual que la impugnación de una tasa, de una condición de licencia o de una notificación reguladora la promueva una asociación junto con uno o varios de sus miembros. La asociación debe mostrar que el reglamento afecta a sus miembros, que su órgano de gobierno la ha autorizado a presentar la petición, y los hechos de al menos un miembro al que se haya aplicado el reglamento. Incluir a un miembro afectado como copeticionario evita una discusión sobre la legitimación.
Estas respuestas son resúmenes educativos; no constituyen asesoramiento jurídico sobre ningún asunto concreto.
Una cuestión seria merece un expediente leído.
Las reuniones se celebran con cita previa en G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi. El titular del Despacho lee la correspondencia.
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