Infracción, incautación y el camino de vuelta.
Lo que realmente ocurre entre el canal verde y la sala de vistas, y dónde le protege la ley.
Aterriza en Delhi tras dos años en el extranjero. Está cansado. Hay dos salidas, una verde y otra roja, y nadie le ha explicado la diferencia. Toma la verde, porque todos lo hacen. Treinta segundos después un funcionario le pide que se aparte, y la cadena que llevaba al cuello está en una bolsa de plástico con un número.
Lo que sigue no es arbitrario. Es una secuencia establecida en la Customs Act, 1962, que va desde esa bolsa a un requerimiento, a una resolución, a veces a una detención y, finalmente, a un tribunal. Casi todas las garantías de esa secuencia están ligadas a una fecha, y la mayoría de las personas descubre las fechas cuando ya han pasado.
Esto es un mapa de todo el proceso. Está escrito tanto para la persona que está ante el mostrador como para el abogado al que llamarán a la mañana siguiente.
I. Por qué existe la Ley
Una frontera aduanera no es un muro. Es un filtro. A cada envío y a cada pasajero que la cruza se le plantean tres preguntas a la vez: si esta cosa puede entrar o salir, si se ha pagado el derecho correcto y si la persona dice la verdad sobre ella.
La Customs Act, 1962 es el mecanismo que formula esas tres preguntas y castiga la respuesta falsa. Conviene separar sus finalidades, porque de ellas se deriva toda la arquitectura de infracciones y sanciones.
- Recaudación. El derecho de aduana es un tributo en frontera. Si se elude, pierde el erario.
- Prohibición y regulación. Gran parte del derecho indio que nada tiene que ver con la recaudación se aplica en la frontera. La Sección 111(d) somete a comiso las mercancías importadas en contra de cualquier prohibición impuesta "por o en virtud de esta Ley o de cualquier otra ley vigente".
Esa sola cláusula convierte la Customs Act en el brazo ejecutor del derecho de estupefacientes, de armas, de fauna silvestre, de la política de comercio exterior, de las normas sobre residuos peligrosos y de la propiedad intelectual.
La seguridad y la economía vienen en tercer lugar. El contrabando que entra al margen del sistema fiscal distorsiona los precios, financia economías paralelas y, en el extremo más grave, financia cosas peores. Esa premisa es la base de la capa de detención preventiva de la Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA) (Ley de Conservación de Divisas y Prevención del Contrabando).
Ahora, el punto estructural que explica todo lo que sigue. La Ley opera sobre tres objetos distintos e impone tres responsabilidades distintas:
- Las mercancías. La consecuencia es el comiso, conforme a las Secciones 111, 113 y 118 a 121.
- La persona. La consecuencia es la sanción y, por separado, el proceso penal, conforme a las Secciones 112, 114, 114A, 114AA, 114AB, 114AC, 116 y 117, y a las Secciones 132 a 136.
- El medio de transporte. La consecuencia es el comiso, con opción de rescate para los transportistas de alquiler, conforme a la Sección 115.
Son acumulativas, no alternativas. La Sección 127 lo dice expresamente: la resolución de comiso o sanción de un funcionario instructor no impide el castigo conforme al Capítulo XVI ni conforme a cualquier otra ley. El comiso del oro, una sanción al pasajero y un proceso conforme a la Sección 135 pueden derivar de un solo paso por una sola puerta, y una detención COFEPOSA puede sumarse a las tres.
II. Qué cuenta como "infracción"
La Ley no define un delito general de "infracción aduanera". Funciona mediante dos listas exhaustivas de circunstancias en las que las mercancías quedan sujetas a comiso, y de esas listas hace depender la responsabilidad personal.
2.1 Importación indebida: Sección 111
Diecisiete cláusulas, de la (a) a la (q). Agrupadas según su verdadero objeto:
- Lugar o ruta indebidos. Las cláusulas (a), (b) y (c) comprenden la descarga en un lugar que no es un puerto o aeropuerto aduanero habilitado, la importación por tierra o por vías navegables interiores a través de una ruta no notificada, y las mercancías sujetas a derechos o prohibidas introducidas en una bahía, estero o río de marea para desembarcarlas fuera de un puerto aduanero.
- Mercancías prohibidas. La cláusula (d) comprende las mercancías importadas, cuya importación se haya intentado o introducidas en aguas aduaneras indias para su importación en contra de cualquier prohibición de la Ley o de cualquier otra ley.
- Ocultación. Las cláusulas (e) e (i) comprenden las mercancías sujetas a derechos o prohibidas ocultas en un medio de transporte o en un bulto.
- Infracciones relativas al manifiesto y a la descarga. Cláusulas (f), (g) y (h).
- Retirada sin autorización. La cláusula (j) comprende la retirada de una zona aduanera o de un depósito sin autorización o en contra de ella.
- Defectos de declaración. Cláusulas (l) y (m). Son las dos que más importan al viajero ordinario. La cláusula (l) comprende las mercancías no incluidas en la declaración presentada conforme a la Ley, o que la excedan, o, en el caso del equipaje, en la declaración formulada conforme a la Sección 77. La cláusula (m) comprende las mercancías que no se corresponden en valor o en cualquier otro extremo con esa declaración.
- Tránsito, exenciones condicionadas, mercancías notificadas y normas de origen. Cláusulas (n), (o), (p) y (q). La cláusula (q), introducida en 2020, comprende las mercancías importadas al amparo de un tipo preferencial reclamado en contra del Capítulo V-AA.
2.2 Exportación indebida: Sección 113
La Sección 113 la reproduce para las mercancías de exportación, en las cláusulas (a) a (l): exportación desde un puerto no habilitado, por una ruta no notificada, en contra de una prohibición, ocultación en un bulto, carga con infracción de las Secciones 33 o 34, mercancías no incluidas en la declaración de exportación o de equipaje o que la excedan, mercancías que no se corresponden en valor o en un extremo sustancial con la declaración, mercancías con devolución de derechos (drawback) que no coinciden con la información facilitada para fijar el tipo de devolución, mercancías declaradas para devolución sobre las que nunca se pagó el derecho de importación, y mercancías despachadas para exportación pero no cargadas por acto doloso, negligencia o incumplimiento del exportador.
Una cuestión de redacción que con frecuencia se pasa por alto: en 2003 se suprimieron las palabras "sujetas a derechos o prohibidas" de las cláusulas (c), (e), (f), (g) y (h) de la Sección 113. El comiso en la exportación es, por tanto, considerablemente más amplio que en la importación: cualesquiera mercancías, y no solo las sujetas a derechos o prohibidas, pueden ser objeto de comiso por esas infracciones.
2.3 Lo que le cuesta a la persona
- Sección 112(a). Realizar u omitir un acto que somete las mercancías a comiso conforme a la Sección 111, o colaborar en él. Véase la escala más abajo.
- Sección 112(b). Adquirir, transportar, retirar, depositar, encubrir, guardar, ocultar, vender, comprar o de otro modo negociar con mercancías que se sabe o se cree que están sujetas a comiso conforme a la Sección 111. Véase la escala más abajo.
- Sección 114. El equivalente para la Sección 113. Véase la escala más abajo.
- Sección 114A. Liquidación insuficiente, falta de liquidación o devolución indebida por colusión, declaración falsa dolosa u ocultación. Sanción igual al derecho o a los intereses determinados conforme a la Sección 28(8), reducida al 25% si el derecho, los intereses y la sanción reducida se pagan en los 30 días siguientes a la notificación.
- Sección 114AA. Hacer, firmar o usar a sabiendas una declaración, manifestación o documento falso o incorrecto en cualquier operación regida por la Ley. Hasta cinco veces el valor de las mercancías.
- Sección 114AB. Obtener un instrumento mediante fraude, colusión, declaración falsa dolosa u ocultación, cuando el instrumento se utiliza. Hasta el valor nominal del instrumento.
- Sección 114AC. Utilización fraudulenta del crédito del impuesto soportado para solicitar una devolución. Según lo dispuesto en esa sección.
- Sección 116. Falta de justificación de mercancías cargadas para su importación o transbordadas, o descarga incompleta. Hasta el doble del derecho exigible.
- Sección 117. Residual: cualquier infracción para la que no se prevea una sanción expresa. Hasta Rs. 4 lakh.
Conviene exponer con precisión las escalas de las Secciones 112 y 114, porque se modificaron en 2015 y siguen circulando las cifras antiguas:
- Mercancías prohibidas, Sección 112(i): sanción no superior al valor de las mercancías o a Rs. 5,000, la cantidad que sea mayor.
- Mercancías sujetas a derechos pero no prohibidas, Sección 112(ii): con sujeción a la Sección 114A, sanción no superior al 10% del derecho que se pretendía eludir o a Rs. 5,000, la cantidad que sea mayor, reducida al 25% de la sanción determinada si el derecho conforme a la Sección 28(8) y los intereses conforme a la Sección 28-AA se pagan en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución.
- Sobrevaloración, Sección 112(iii) a (v): sanción vinculada a la diferencia entre el valor declarado y el valor real.
- Exportación de mercancías prohibidas, Sección 114(i): sanción no superior al triple del valor declarado por el exportador o del valor determinado conforme a la Ley, el que sea mayor. Es la más severa de las sanciones ordinarias.
- Exportación de mercancías sujetas a derechos, Sección 114(ii): la misma estructura del 10% y el 25% que la Sección 112(ii).
- Cualesquiera otras mercancías de exportación, Sección 114(iii): hasta el valor de las mercancías.
Una disposición que debe comprobarse en toda resolución: la Sección 114A contiene una salvedad según la cual, cuando se impone una sanción conforme a la Sección 114A, no se impondrá sanción conforme a la Sección 112 ni a la Sección 114. La administración impone habitualmente ambas. Es un motivo de recurso claro y una cuestión estrictamente jurídica.
2.4 Por qué una incautación pequeña se convierte en una resolución grande
Cuatro disposiciones extienden el comiso más allá de las propias mercancías infractoras:
- Sección 118: el bulto y todas las demás mercancías que contenga.
- Sección 119: cualesquiera mercancías utilizadas para ocultar mercancías de contrabando, salvo un medio de transporte.
- Sección 120: las mercancías de contrabando aunque hayan cambiado de forma; y, cuando las mercancías de contrabando estén mezcladas de forma inseparable con otras, el conjunto. La salvedad protege al propietario que demuestre que no sabía ni tenía razones para creer que la mezcla incluía mercancías de contrabando, en cuyo caso solo se decomisa una parte de valor equivalente.
- Sección 121: el producto de la venta de mercancías de contrabando, cuando el vendedor sabía o tenía razones para creer que las mercancías eran de contrabando. Así es como se decomisa dinero en efectivo en un procedimiento aduanero sin ningún procedimiento conforme a la Foreign Exchange Management Act, 1999 (Ley de Gestión de Divisas) ni a la legislación contra el blanqueo.
III. "Contrabando" no significa lo que usted cree
La Sección 2(39) es una definición por remisión, y es engañosamente amplia: "contrabando" (smuggling), en relación con cualesquiera mercancías, significa cualquier acto u omisión que someta esas mercancías a comiso conforme a la Sección 111 o a la Sección 113. Léalo otra vez. No se exige ocultación, ni deshonestidad.
Primero, el contrabando no tiene nada que ver con el sigilo. Un pasajero que olvida de buena fe un ordenador portátil, un importador que reclama un tipo preferencial sin disponer de la documentación de origen y un exportador cuya declaración de exportación sobrevalora un extremo sustancial están todos, según el texto legal, incurriendo en contrabando.
La palabra no exige mens rea en la fase de comiso. Segundo, el contrabando no es en sí mismo un delito. Es un término definido que se utiliza en otras partes. El delito está en la Sección 135, que sí exige conocimiento o fraude. La distancia entre ambos, una amplia responsabilidad de comiso sin intención y una estrecha responsabilidad penal con ella, es el rasgo estructural más importante de la Ley, y es donde vive la mayoría de las defensas.
Tercero, "mercancías prohibidas" es una expresión más estrecha de lo que parece. La Sección 2(33) define las mercancías prohibidas como aquellas cuya importación o exportación está prohibida por la Ley o por cualquier otra ley, pero excluye las mercancías respecto de las cuales se han cumplido las condiciones de una importación o exportación permitida. El cumplimiento de las condiciones convierte las mercancías prohibidas en mercancías ordinarias. Por eso tantos litigios aduaneros giran en torno a si una restricción es una prohibición o una mera condición, y la respuesta decide si el rescate conforme a la Sección 125 es obligatorio o discrecional.
Qué es lo que realmente se pasa de contrabando
Aproximadamente en el orden en que se ve en los puertos y aeropuertos indios: oro, en joyas, lingotes, galletas, pasta, cápsulas, polvo y, cada vez más, en piezas de maquinaria y aleaciones mixtas; divisas en el lado de la exportación, lo que activa en paralelo la Foreign Exchange Management Act, 1999; estupefacientes, lo que activa la Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas); cigarrillos y tabaco, impulsados por la elevada tributación interna; electrónica, teléfonos y relojes de alto valor; fauna silvestre y sus productos; armas, munición y artículos de doble uso o incluidos en la lista SCOMET; envíos falsificados o que infringen la propiedad intelectual; y un gran volumen de fraude comercial que jurídicamente es "contrabando" pero parece papeleo, es decir, declaraciones inexactas de descripción, valor, cantidad u origen, solicitudes fraudulentas de devolución de derechos, abuso de exenciones condicionadas y comercio circular para obtener certificados (scrips).
El oro predomina porque soporta derechos, es compacto, es líquido y la India figura entre los mayores consumidores del mundo. Lo que es también la cuestión incómoda que ningún organismo de control puede resolver: cuando la cuña arancelaria es grande, el incentivo para el contrabando es grande.
IV. El canal verde: cómo un paseo se convierte en un comiso
El sistema de canal verde y canal rojo no es una cortesía. Es un mecanismo de declaración con consecuencias legales.
La Sección 77 obliga al propietario de cualquier equipaje a declarar su contenido al funcionario competente. La Sección 78 fija el tipo del derecho por referencia a la fecha de esa declaración. La Sección 79 permite al funcionario competente despachar libres de derechos los efectos personales usados y los artículos para uso del pasajero o los regalos bona fide, dentro de los límites fijados por las normas. La Sección 81 es la habilitación reglamentaria.
Pasar por el canal verde se considera una declaración de que no lleva nada por encima de la franquicia y nada prohibido o restringido. Si eso no es cierto, las mercancías "no están incluidas en la declaración formulada conforme a la Sección 77" y quedan sujetas a comiso conforme a la Sección 111(l), o no se corresponden con ella en valor o en algún extremo y quedan comprendidas en la Sección 111(m). Sigue la sanción conforme a la Sección 112 y, si se alcanzan los umbrales, el proceso penal conforme a la Sección 135 y la detención conforme a la Sección 104.
La Sección 80 es la disposición que casi nadie utiliza. Cuando el equipaje contiene un artículo sujeto a derechos o prohibido respecto del cual se ha hecho una declaración veraz, el funcionario competente puede, a petición del pasajero, retenerlo y devolvérselo cuando el pasajero salga de la India. Es un verdadero puerto seguro, y solo está al alcance del pasajero que declara.
Las Baggage Rules, 2026
Las Baggage Rules, 2016 (Normas sobre Equipajes) han sido sustituidas. Las Baggage Rules, 2026 se notificaron mediante la Notification No. 14/2026-Customs (N.T.) de 01/02/2026 conforme a la Sección 79, y entraron en vigor el 02/02/2026, junto con nuevos reglamentos de declaración y tramitación y una circular maestra que consolida 35 circulares anteriores.
- Residente: franquicia de Rs. 75,000.
- Turista de origen indio: franquicia de Rs. 75,000.
- Extranjero con visado válido distinto del de turista: franquicia de Rs. 75,000.
- Turista de origen extranjero: franquicia de Rs. 25,000.
- Miembros de la tripulación: franquicia de Rs. 2,500.
Los pasajeros que llegan por fronteras terrestres no tienen franquicia general. Los beneficios por traslado de residencia figuran en una única lista racionalizada, con un límite de Rs. 1.5 lakh para una estancia de hasta 12 meses, Rs. 3 lakh de uno a dos años y Rs. 7.5 lakh para más de dos años. Un ordenador portátil nuevo está libre de derechos para el pasajero mayor de 18 años, al margen de la franquicia general.
El cambio que más importa para los casos de oro: la franquicia de joyería se basa ahora exclusivamente en el peso, pues se han suprimido los antiguos límites de valor. Hasta 40 gramos para una pasajera y hasta 20 gramos para cualquier otro pasajero, para los residentes que regresan y los turistas de origen indio que reúnen los requisitos tras más de un año en el extranjero. El oro o la plata en cualquier forma distinta de las joyas no tiene franquicia alguna.
¿Funciona el sistema de canales?
Hay dos cosas ciertas a la vez, y deben decirse ambas.
Como diseño, es sólido. Es imposible examinar físicamente a cada pasajero en Delhi, Mumbai y Bengaluru sin cerrar los aeropuertos. La autodeclaración respaldada por perfiles de riesgo, escaneo no intrusivo y consecuencias serias para la declaración falsa es el único modelo viable, y se utiliza en todo el mundo.
Su aplicación en la India, sin embargo, ha generado un cuerpo jurisprudencial que no es halagüeño, y que se trata más abajo en la Fase 5.
V. Fase a fase: lo que realmente ocurre
Fase 1: Interceptación y registro
- Sección 100: registro de una persona sospechosa que entra o sale de la India, cuando hay "razones para creer" que lleva ocultas en su persona mercancías sujetas a comiso o documentos relativos a ellas. Alcanza a las personas que desembarcan de o embarcan en un buque en aguas aduaneras indias o una aeronave de tráfico exterior, a las personas que están en un vehículo procedente del extranjero o con destino a él, o a punto de entrar en él, a cualquier otra persona que haya entrado en la India o esté a punto de salir, y a cualquier persona en una zona aduanera.
- Sección 101: registro de personas sospechosas en otros casos, por un funcionario especialmente facultado por el Commissioner, limitado al oro, los diamantes, las manufacturas de oro o diamantes, los relojes y las clases de mercancías notificadas.
- La Sección 102 es la garantía, y es real. La persona que va a ser registrada puede exigir que se la lleve sin demora innecesaria ante el funcionario de aduanas con rango de gazetted officer más próximo o ante un magistrado, que la dejará marchar si no ve motivo razonable para el registro. El registro debe realizarse en presencia de dos o más testigos convocados al efecto, debe elaborarse una lista de los objetos incautados firmada por los testigos, y ninguna mujer será registrada sino por otra mujer.
- Sección 103: control, rayos X y recuperación de mercancías ocultas dentro del cuerpo, con la aprobación previa de un Deputy o Assistant Commissioner para el escaneo y, en los demás casos, previa puesta a disposición de un magistrado. La subsección (8) exime a la persona que lo admite y se somete voluntariamente. La negativa es en sí misma un delito conforme a la Sección 134, castigado con hasta seis meses.
- Sección 105: registro de locales con autorización de un Assistant Commissioner, aplicándose las disposiciones sobre registros del Code of Criminal Procedure, 1973 (Código de Procedimiento Penal), con la sustitución de "Magistrate" por "Commissioner of Customs" en la Sección 165(5).
- Sección 106: detención y registro de medios de transporte, incluida la facultad de obligar a aterrizar a una aeronave y, en circunstancias definidas, de abrir fuego contra un buque o vehículo que no se detenga.
Fase 2: La incautación y el reloj que pone en marcha
- Sección 110(1): el funcionario competente puede incautar las mercancías que tenga razones para creer que están sujetas a comiso. Cuando la retirada física o el almacenamiento no sean viables, la custodia puede confiarse al propietario o a la persona a la que se incautaron las mercancías con el compromiso de no disponer de ellas; cuando la propia incautación no sea viable, puede notificarse en su lugar una orden de prohibición.
- Sección 110(1-A) a (1-C): el mecanismo de enajenación previa a la resolución para mercancías perecederas, peligrosas o depreciables notificadas, que exige un inventario certificado por un magistrado, fotografías certificadas por un magistrado o un muestreo supervisado por un magistrado. El cumplimiento de este mecanismo es una cuestión de competencia. La enajenación previa a la resolución sin él es un motivo permanente de impugnación, y a menudo el único que importa, porque un recurso no vale nada cuando las mercancías ya no existen.
- Sección 110(1D): cuando las mercancías incautadas sean oro en cualquier forma notificada conforme a la subsección (1A), el funcionario competente presenta la solicitud ante el Commissioner (Appeals) competente en lugar del magistrado; el Commissioner (Appeals) la admite lo antes posible, y las mercancías se enajenan después según determine el Gobierno Central (introducida por la Finance Act, 2021 (Ley de Finanzas de 2021), desde el 28/03/2021).
La Sección 110(2) es la fecha que hay que anotar en la agenda. Si no se notifica un requerimiento conforme a la Sección 124(a) dentro de los seis meses siguientes a la incautación, las mercancías deben devolverse. El Principal Commissioner o el Commissioner puede, por razones consignadas por escrito, prorrogarlo otros seis meses, y debe informar a la persona a la que se incautaron las mercancías antes de que venza el plazo inicial. Cuando se ha acordado la devolución provisional conforme a la Sección 110-A, no se aplica el plazo de seis meses.
Esa prórroga no es un trámite administrativo. En Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra el Supreme Court sostuvo que la facultad prevista en la salvedad es cuasijudicial o, en todo caso, exige un enfoque judicial; que no puede ejercerse mecánicamente ni de forma rutinaria; que la carga de acreditar causa suficiente recae en la administración; y que debe oírse al interesado antes de conceder la prórroga, porque el derecho a la restitución nace al vencer los seis meses iniciales y la prórroga lo frustra.
La Sección 110(5) permite el embargo provisional de una cuenta bancaria con la aprobación del Principal Commissioner o del Commissioner, por un máximo de seis meses, prorrogable otros seis con razones consignadas y comunicación al titular de la cuenta.
Fase 3: Recuperar las mercancías entretanto
Conforme a la Sección 110-A, las mercancías, documentos, objetos y cuentas bancarias embargadas provisionalmente pueden devolverse al propietario o al titular de la cuenta, a la espera de la resolución de la autoridad instructora, mediante una fianza en la forma debida con las garantías y condiciones que la autoridad instructora exija. Es el remedio más infrautilizado de la práctica aduanera. Una solicitud conforme a la Sección 110-A, y un writ frente a una denegación inmotivada o una condición de fianza abusiva, consiguen a menudo en semanas lo que la vía de recurso consigue en años.
Fase 4: Las declaraciones, y por qué son tan peligrosas
La Sección 107 permite a un funcionario facultado, durante una investigación relacionada con el contrabando, exigir la aportación de documentos e interrogar a las personas que conozcan los hechos. La Sección 108 es la herramienta principal: cualquier funcionario de aduanas con rango de gazetted officer puede citar a cualquier persona para que declare o aporte documentos; todas las personas citadas están obligadas a comparecer y a decir la verdad; y toda investigación de ese tipo se considera un procedimiento judicial a efectos de las Secciones 193 y 228 del Indian Penal Code, 1860 (Código Penal indio).
Las consecuencias deben explicarse a cualquier cliente antes de que comparezca, porque son contraintuitivas:
- Los funcionarios de aduanas no son agentes de policía. Así está establecido desde State of Punjab v. Barkat Ram, y por las Constitution Benches en Ramesh Chandra Mehta v. State of West Bengal e Illias v. Collector of Customs. El Supreme Court lo reafirmó en Tofan Singh v. State of Tamil Nadu y de nuevo, expresamente para los funcionarios de aduanas, en Radhika Agarwal v. Union of India. La prohibición de las confesiones ante la policía, la Sección 25 de la Indian Evidence Act, 1872 (Ley india de la Prueba) y ahora la Sección 23 de la Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, no se aplica, por tanto.
- El Artículo 20(3) no alcanza a la fase de interrogatorio. Una persona citada no es, por ese solo hecho, un acusado. Radhika Agarwal lo reafirma, apoyándose en Poolpandi v. Superintendent, Central Excise.
- La Sección 138B hace pertinente, para probar la veracidad de su contenido, la declaración hecha y firmada ante un gazetted officer cuando su autor ha fallecido, no puede ser localizado, es incapaz de declarar, se le mantiene alejado, o cuando es interrogado como testigo y el tribunal considera que la declaración debe admitirse en interés de la justicia. En la práctica, una declaración retractada todavía puede fundar una condena.
- La Sección 138A establece una presunción de estado mental culpable siempre que el delito lo exija, con la carga para el acusado de probar su ausencia más allá de toda duda razonable, y no solo según la preponderancia de la probabilidad.
Frente a todo ello, Radhika Agarwal confirma que la persona interrogada puede tener presente a un abogado a distancia visual pero no auditiva, siguiendo Senior Intelligence Officer, DRI v. Jugal Kishore Samra, y que se aplica la Sección 41-D del Code of Criminal Procedure, 1973, que da a la persona detenida el derecho a reunirse con un abogado de su elección durante el interrogatorio, aunque no a lo largo de todo él.
Fase 5: El requerimiento, y el formulario del mostrador
La Sección 124 es imperativa. No puede dictarse resolución de comiso ni imponerse sanción alguna salvo que al propietario o al interesado:
- se le notifique por escrito, con la aprobación previa de un funcionario de rango no inferior a Assistant Commissioner, informándole de los motivos por los que se propone el comiso o la sanción;
- se le dé la oportunidad de formular alegaciones por escrito en un plazo razonable fijado en el requerimiento; y
- se le dé una oportunidad razonable de ser oído.
La primera salvedad permite que el requerimiento y las alegaciones sean orales a petición del interesado. Esa salvedad es la bisagra sobre la que gira todo el litigio aeroportuario, porque en la práctica se ha convertido en un formulario preimpreso que se desliza sobre un mostrador a las dos de la madrugada, mediante el cual el pasajero parece renunciar tanto al requerimiento como a la audiencia.
El Delhi High Court ha declarado reiteradamente que esas renuncias estándar no satisfacen la salvedad. En Amit Kumar v. Commissioner of Customs una Division Bench sostuvo que las renuncias impresas vulneran de raíz los derechos de los afectados, que toda renuncia oral debe ser una declaración en debida forma firmada con conocimiento, que incluso entonces debe concederse audiencia, y ordenó a la administración que abandonara esa práctica. Desde entonces esa orden ha tenido que repetirse en un caso tras otro.
Si esa noche no firma nada más, entienda qué es ese formulario.
Fase 6: Quién tiene que probar qué
La Sección 123 invierte la carga de la prueba. Cuando las mercancías a las que se aplica la sección se incautan en la creencia razonable de que son de contrabando, la carga de probar que no lo son recae en la persona en cuya posesión se incautaron y en cualquier otra persona que reclame su propiedad. La sección se aplica al oro y sus manufacturas, a los relojes y a cualquier otra clase de mercancías notificada por el Gobierno central.
Dos cuestiones prácticas. La creencia razonable es condición previa de la inversión, es revisable judicialmente y debe existir en el momento de la incautación. Y la Sección 123 invierte la carga solo en cuanto a la cuestión del contrabando, no en cuanto a la identidad del infractor, ni a la cuantía de la sanción, ni a la mens rea a efectos del proceso penal.
Fase 7: La resolución administrativa (adjudication)
- Sección 122: el comiso y la sanción pueden acordarse sin límite por los altos funcionarios indicados en la cláusula (a), y hasta los límites notificados por los funcionarios designados por el Board conforme a la cláusula (b). Los límites económicos actualmente vigentes son los de la Notification No. 50/2018-Customs (N.T.) de 08/06/2018.
- Sección 122-A: la autoridad instructora dará la oportunidad de ser oída si la parte lo desea, y puede conceder aplazamientos por razones consignadas por escrito, pero no más de tres aplazamientos a una misma parte.
Fase 8: La resolución, y la fecha que mata
Una resolución de primera instancia en un caso de incautación suele hacer cuatro cosas a la vez, y cada una debe examinarse por separado en el recurso:
- El comiso de las mercancías conforme a la cláusula pertinente de la Sección 111 o 113, y del bulto, las mercancías utilizadas para ocultar, las mercancías mezcladas, el producto de la venta o el medio de transporte conforme a las Secciones 115 y 118 a 121.
- Una opción de rescate conforme a la Sección 125. La opción es obligatoria para las mercancías no prohibidas ("shall") y discrecional para las prohibidas ("may"). La multa de rescate no puede exceder del precio de mercado de las mercancías decomisadas menos, para las mercancías importadas, el derecho exigible.
- Los derechos y gastos, que conforme a la Sección 125(2) siguen siendo exigibles además de la multa.
- La sanción conforme a la Sección 112 o 114 y, cuando proceda, 114A, 114AA o 114AB, recordando la prohibición de sanción simultánea cuando se invoca la 114A.
Después, la Sección 125(3) tiende una trampa. Si la multa de rescate no se paga en los 120 días siguientes a la fecha en que se concede la opción, la opción queda sin efecto, salvo que esté pendiente un recurso contra la resolución. Hay personas que pierden el derecho a rescatar sus propios bienes mientras negocian cortésmente con la administración. Anótelo en la agenda el mismo día en que reciba la resolución.
Fase 9: Cómo le llega la resolución
La notificación se rige por la Sección 153, que prescribe cinco formas:
- entrega directa al destinatario, a su agente de aduanas, a su representante autorizado, incluido un empleado o un abogado, o a un familiar adulto que conviva con él;
- correo certificado, speed post o mensajería con acuse de recibo en el último lugar conocido de negocio o residencia;
- la dirección de correo electrónico facilitada por la persona o que figure en cualquier correspondencia oficial suya;
- publicación en un periódico local de amplia difusión; y
- fijación en el último lugar conocido de negocio o residencia o, en su defecto, en el tablón de anuncios de la oficina o en el sitio web oficial.
La subsección (2) considera hecha la notificación en la fecha de la entrega, la publicación, la fijación o la carga en línea; la subsección (3) considera recibida la comunicación postal al término del plazo normal de tránsito, salvo prueba en contrario.
Dos consecuencias. El plazo de recurso corre desde la fecha de la comunicación, no desde la fecha que lleva la resolución. Y una resolución no notificada en una de las formas prescritas no se ha comunicado en absoluto, lo que es una respuesta completa a una alegación de extemporaneidad. Cuando la administración dispone de una dirección de correo electrónico y de un número de móvil tomados en el momento de la retención, como ocurre hoy habitualmente en los aeropuertos, no puede al mismo tiempo sostener que no pudo notificar.
VI. Detención y proceso penal
La facultad y sus límites
Conforme a la Sección 104(1), el funcionario de aduanas facultado por orden general o especial del Principal Commissioner o del Commissioner que tenga razones para creer que una persona ha cometido un delito castigado en la Sección 132, 133, 135, 135-A o 136, puede detenerla y deberá informarle de los motivos lo antes posible. La subsección (2) exige su puesta a disposición de un magistrado sin demora innecesaria.
Las disposiciones sobre la naturaleza perseguible de oficio (cognizable) y la libertad bajo fianza se han reescrito tres veces desde 2011. La posición actual es la siguiente.
Perseguibles de oficio (cognizable), conforme a la Sección 104(4): los delitos relativos a mercancías prohibidas; la elusión o tentativa de elusión de derechos superiores a Rs. 50 lakh; la obtención o tentativa de obtención fraudulenta de devoluciones de derechos o exenciones superiores a Rs. 50 lakh; y la obtención fraudulenta de un instrumento conforme a la Ley o a la Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (Ley de Desarrollo y Regulación del Comercio Exterior) que se utilice, cuando el derecho correspondiente exceda de Rs. 50 lakh. Todos los demás delitos no son perseguibles de oficio (non-cognizable), lo que significa que la detención requiere una orden judicial.
No susceptibles de libertad bajo fianza (non-bailable), conforme a la Sección 104(6): los delitos castigados en la Sección 135 relativos a la elusión o tentativa de elusión de derechos superiores a Rs. 50 lakh; las mercancías prohibidas notificadas conforme a la Sección 11 que estén también notificadas conforme a la Sección 135(1)(i)(C); la importación o exportación de mercancías no declaradas con un precio de mercado superior a Rs. 1 crore; la devolución de derechos o exención fraudulenta superior a Rs. 50 lakh; y la obtención y utilización fraudulenta de un instrumento cuando el derecho correspondiente exceda de Rs. 50 lakh. Todos los demás delitos admiten libertad bajo fianza (bailable).
Lo que el funcionario debe hacer ahora
En Radhika Agarwal v. Union of India, resuelto el 27/02/2025, una Sala de tres magistrados confirmó las disposiciones sobre detención de la Customs Act, 1962 y las Secciones 69 y 70 de la Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Ley del Impuesto Central sobre Bienes y Servicios), sostuvo que apoyarse en Om Prakash v. Union of India era erróneo tras las reformas de 2012, 2013 y 2019, y expuso a continuación lo que debe hacer el funcionario que practica la detención:
- El Code of Criminal Procedure, 1973, y ahora la Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, se aplica a las detenciones conforme a la Customs Act, 1962 en la medida en que no esté excluido expresa o implícitamente.
- El umbral de la Sección 104(1) es más alto que el de la Sección 41 del Código. La Sección 41 permite detener ante una denuncia razonable, una información creíble o una sospecha razonable. La Sección 104(1) exige "razones para creer", es decir, causa suficiente para creer.
- Las razones para creer deben consignarse por escrito, referirse a los elementos de prueba y mostrar mediante cálculo cómo se alcanza el umbral económico. No puede detenerse a alguien simplemente para investigar si se alcanza el umbral.
- Los motivos de la detención deben entregarse por escrito antes de la puesta a disposición del magistrado, para que el detenido pueda impugnar la detención y solicitar la libertad bajo fianza.
- Los principios establecidos para la Sección 19(1) de la Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales) en Arvind Kejriwal v. Directorate of Enforcement se aplican igualmente, entre ellos que las razones para creer deben facilitarse con las supresiones justificadas, que los elementos deben ser prueba admisible y que el control judicial de la legalidad de la detención es posible tanto antes como después de presentarse la querella.
- Se aplican las Secciones 41-B, 41-D, 50-A y 55-A del Código, que comprenden el acta de detención, el acceso a un abogado, la comunicación a una persona designada, con el deber del magistrado de verificar su cumplimiento, y el cuidado de la salud y la seguridad.
- Los funcionarios deben llevar un diario del caso debidamente paginado en el que consten el informante, la persona, la información, la hora de la detención, la incautación y las declaraciones tomadas, siguiendo Directorate of Enforcement v. Deepak Mahajan.
- El magistrado puede autorizar la detención bajo custodia de un funcionario de aduanas conforme a la Sección 167(2) del Código.
- Cabe la libertad bajo fianza anticipada (anticipatory bail). La facultad nace del temor a la detención y no requiere un atestado inicial (first information report).
- Coaccionar el pago bajo amenaza de detención vulnera los derechos fundamentales y el Estado de derecho, y el contribuyente así coaccionado puede acudir al tribunal para obtener la devolución.
Los delitos
- Sección 132: declaración falsa o documento falso, hasta dos años, o multa, o ambas.
- Sección 133: obstrucción a un funcionario, hasta dos años, o multa, o ambas.
- Sección 134: negativa a someterse a rayos X o a permitir la recuperación, hasta seis meses, o multa, o ambas.
- Sección 135: el delito principal. Intervenir a sabiendas en una declaración inexacta del valor o en la elusión fraudulenta de derechos o de una prohibición; negociar con mercancías que se sabe sujetas a comiso conforme a la Sección 111 o 113; intentar exportar mercancías que se sabe sujetas a comiso conforme a la Sección 113; obtener fraudulentamente devoluciones de derechos o exenciones; u obtener y utilizar fraudulentamente un instrumento. La pena es de hasta siete años y multa, con un mínimo de un año salvo razones especiales y suficientes consignadas en la sentencia, cuando el precio de mercado exceda de Rs. 1 crore, o la elusión de derechos exceda de Rs. 50 lakh, o las mercancías pertenezcan a una categoría notificada de mercancías prohibidas, o la devolución de derechos o la exención exceda de Rs. 50 lakh, o el derecho correspondiente a un instrumento obtenido fraudulentamente exceda de Rs. 50 lakh. En los demás casos, hasta tres años, o multa, o ambas.
- Sección 135(3): excluye cuatro cosas como "razones especiales y suficientes" para una pena inferior a un año, a saber, que se trate de una primera condena; que ya se haya impuesto una sanción o un comiso por el mismo hecho; que el acusado fuera un mero porteador y no el autor principal; y la edad del acusado.
- Sección 135-A: actos preparatorios de exportación en contra de la Ley, hasta tres años.
- Sección 135-B: facultad del tribunal para publicar el nombre y el domicilio comercial del condenado, a su costa.
- Sección 136: delitos cometidos por funcionarios de aduanas.
- Sección 137(1): ningún tribunal conocerá de un delito previsto en las Secciones 132, 133, 134, 135 o 135-A sin la autorización previa del Commissioner of Customs. La falta o invalidez de la autorización es un impedimento absoluto y debe examinarse al inicio de todo proceso penal.
- Sección 138: los delitos distintos de los previstos en la Sección 135(1)(i) o 135(2) pueden juzgarse por procedimiento sumario.
VII. COFEPOSA: detención sin juicio
Qué es, y qué no es
La Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 es una ley de detención preventiva. No es castigo por un delito pasado. Es un internamiento ejecutivo para prevenir uno futuro, permitido por el Artículo 22(3) a (7) de la Constitución, que excluye expresamente la detención preventiva de las garantías ordinarias del Artículo 22(1) y (2).
La Sección 3(1) faculta al Gobierno central o a un Gobierno estatal, o a un funcionario especialmente facultado, para detener a una persona con el fin de impedirle pasar mercancías de contrabando, colaborar en el contrabando, dedicarse a transportar, ocultar o guardar mercancías de contrabando, negociar de otro modo con mercancías de contrabando o encubrir a personas dedicadas al contrabando.
La Sección 3(3) exige comunicar los motivos al detenido, normalmente en cinco días y, en circunstancias excepcionales y por razones consignadas, en 15 días, en cumplimiento de la obligación del Artículo 22(5).
La Sección 8 constituye Consejos Consultivos (Advisory Boards) a los efectos del Artículo 22(4)(a) y 22(7)(c), presididos por una persona con la cualificación para ser juez de un High Court, a los que el caso debe remitirse en cinco semanas, y cuya cláusula (f) prevé la confirmación.
La Sección 9 permite la detención por más de tres meses sin el dictamen del Consejo Consultivo, mediante una declaración hecha en cinco semanas por el Gobierno central o por un funcionario especialmente facultado de rango no inferior a Additional Secretary, de que la persona pasa contrabando, colabora en el contrabando o negocia con mercancías de contrabando en una "zona muy vulnerable al contrabando", que la Explicación 1 define por referencia a determinadas aguas aduaneras indias, una franja interior de 50 km de ancho desde la costa y desde la frontera entre la India y Pakistán, y determinados aeropuertos y estaciones aduaneros.
La Sección 10 fija el periodo máximo en un año cuando no se aplica la Sección 9 y la orden ha sido confirmada conforme a la Sección 8(f), y en dos años cuando se aplica la Sección 9. La Sección 11 prevé la revocación, y la Sección 12 la puesta en libertad temporal.
No hay libertad bajo fianza. Entonces, ¿qué hay?
La Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 no prevé la libertad bajo fianza, porque no hay acusación, ni imputación, ni juicio. La libertad bajo fianza va unida a un proceso penal. Aquí la detención es administrativa. Los remedios son de otro tipo, y son cinco:
- Las alegaciones ante la autoridad que acordó la detención y ante el Gobierno central conforme al Artículo 22(5). El derecho a formular alegaciones carece de sentido si no se entregan al detenido los motivos y todos los documentos en que se basan, en forma legible y en una lengua que entienda. La falta de entrega de documentos legibles o traducidos y el retraso en el examen de las alegaciones siguen siendo, en la práctica, los dos motivos con más éxito.
- El Consejo Consultivo conforme a la Sección 8. Cuando se aplica la Sección 9, el Consejo debe pronunciarse sobre si existe causa suficiente para la continuación de la detención, no solo para la detención.
- La revocación conforme a la Sección 11, que puede solicitarse en cualquier momento.
- El habeas corpus conforme al Artículo 226 o al Artículo 32. Es el remedio principal, y los motivos que prosperan son abrumadoramente procedimentales: el retraso entre el hecho y la orden de detención, que rompe el vínculo actual; la falta de entrega o la entrega ilegible de los documentos en que se basa; la falta de examen real; no haber tenido en cuenta un auto de libertad bajo fianza o el hecho de que el detenido ya estaba bajo custodia; el retraso injustificado en resolver las alegaciones; y apoyarse en un motivo inexistente o irrelevante.
- La impugnación previa a la ejecución, que es la única zona realmente no resuelta y debe manejarse con cuidado.
La parte no resuelta, expuesta con franqueza
En Additional Secretary to the Government of India v. Alka Subhash Gadia una Sala de tres magistrados sostuvo, en el párrafo 30, que una orden de detención solo puede impugnarse antes de su ejecución en circunstancias estrictas, y enumeró cinco: que la orden no se ha dictado al amparo de la Ley en la que dice basarse; que se pretende ejecutar contra la persona equivocada; que se ha dictado con un fin indebido; que se ha dictado por motivos vagos, ajenos o irrelevantes; y que la autoridad que la dictó carecía de competencia para hacerlo.
Si esos cinco supuestos son exhaustivos dividió después al Tribunal. En Sayed Taher Bawamiya v. Joint Secretary to the Government of India una Sala de tres magistrados rechazó el argumento de que fueran meramente ilustrativos. En Deepak Bajaj v. State of Maharashtra una Sala de dos magistrados adoptó la opinión contraria, razonando que una sentencia no es una ley. La cuestión se resolvió en sentido contrario por una Sala de tres magistrados en Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2012) 7 SCC 533, que sostuvo que una orden de detención puede impugnarse en la fase previa a la ejecución por motivos distintos de los cinco del párrafo 30.
Una trampa para los incautos: la resolución posterior publicada como Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2014) 1 SCC 280, es la misma Sala resolviendo una cuestión distinta, a saber, la posición del presunto detenido que se ha fugado o ha eludido la ejecución y pretende después impugnar la orden. Ambas publicaciones se confunden constantemente. Cite (2012) 7 SCC 533 para la cuestión de la exhaustividad y (2014) 1 SCC 280 solo para la cuestión del fugado, y cite usted mismo Sayed Taher Bawamiya y distíngala, en lugar de dejárselo a la otra parte.
Y el aguijón final
Una detención conforme a la Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 activa la Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (Ley de Decomiso de Bienes de Contrabandistas y Manipuladores de Divisas), conforme a la cual pueden decomisarse los bienes adquiridos ilícitamente por el detenido y por determinados familiares y allegados. Los clientes a menudo no entienden que la detención no es el final de la exposición.
VIII. Impugnar la resolución
La escalera
- Paso 1, el Commissioner (Appeals): contra la decisión o resolución de un funcionario de rango inferior a Commissioner, conforme a la Sección 128. Plazo: 60 días desde la comunicación, prorrogable 30 días por causa suficiente; no más.
- Paso 2, el Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal (Tribunal de Apelación de Aduanas, Impuestos Especiales e Impuesto sobre Servicios): contra la resolución de un Commissioner como autoridad instructora, o del Commissioner (Appeals) conforme a la Sección 128-A, mediante recurso conforme a la Sección 129-A. Plazo: el prescrito.
- Paso 3, el High Court: contra la resolución del Tribunal dictada el 01/07/2003 o después, que no se refiera al tipo del derecho ni al valor de las mercancías, si se plantea una cuestión de derecho sustancial, conforme a la Sección 130. Plazo: 180 días desde la recepción, dispensable por causa suficiente.
- Paso 4, el Supreme Court: contra la sentencia de un High Court certificada como apta, y directamente contra la resolución del Tribunal relativa al tipo del derecho o al valor, conforme a la Sección 130-E. Plazo: el prescrito.
La excepción que sorprende a los profesionales: conforme a la primera salvedad de la Sección 129-A(1), no cabe recurso ante el Tribunal contra una resolución del Commissioner (Appeals) relativa a (a) mercancías importadas o exportadas como equipaje, (b) mercancías descargadas de menos y (c) el pago de devoluciones de derechos. Para esas tres categorías, el remedio es una revisión ante el Gobierno central conforme a la Sección 129-DD, en los tres meses siguientes a la comunicación, prorrogables otros tres, con una tasa de Rs. 200 cuando la cuantía sea de Rs. 1 lakh o menos y de Rs. 1,000 cuando sea mayor.
Esto significa que todo el cuerpo de litigios sobre oro y joyas en los aeropuertos nunca llega al Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal. Va a la Autoridad de Revisión y, desde allí, al High Court conforme al Artículo 226.
En cuanto al depósito previo, la Sección 129-E exige, como condición para admitir el recurso, el 7.5% ante el Commissioner (Appeals), el 7.5% ante el Tribunal contra una resolución del Commissioner como autoridad instructora y el 10% ante el Tribunal contra una resolución del Commissioner (Appeals), del derecho cuando se discutan el derecho o el derecho y la sanción, o de la sanción cuando solo se discuta la sanción, con un límite de Rs. 10 crore. La Sección 129-EE prevé intereses sobre la devolución del depósito previo.
La vía propia de la administración
La Sección 129-D faculta al Comité de Chief Commissioners, o al Commissioner, para ordenar que se presente una solicitud ante el Tribunal o el Commissioner (Appeals) para que se resuelvan las cuestiones derivadas de una resolución que considere no ajustada a derecho o improcedente. La Sección 129-DD(1-A) permite al Commissioner ordenar que se presente una solicitud de revisión en su propio nombre. Esto le importa por una razón: una resolución favorable no es firme hasta que se haya cerrado la ventana de la Sección 129-D. La Sección 129-DA, que comentarios antiguos todavía citan como facultad de revisión, ha sido suprimida y no confiere nada.
Cuándo acudir directamente al High Court
La existencia de un remedio alternativo es una regla de discrecionalidad, no de competencia. Un writ conforme al Artículo 226 se admite cuando la resolución carece de competencia, vulnera la justicia natural, viola un derecho fundamental o cuando se impugna la validez de una disposición. Tres situaciones de hecho casi siempre justifican un writ:
- No hay requerimiento alguno, o hay un supuesto requerimiento oral basado en una renuncia preimpresa.
- Las mercancías no se han devuelto tras vencer el plazo de la Sección 110(2) sin una prórroga válida.
- Enajenación previa a la resolución de las mercancías incautadas sin cumplir la Sección 110(1-B) y (1-C).
Hay otra razón para preferir el writ en los casos aeroportuarios. La escalera legal para el equipaje va del Commissioner (Appeals) a una revisión ante el Gobierno central, y ambos son órganos ejecutivos. Cuando la queja es que el ejecutivo denegó la audiencia, devolver al ciudadano al ejecutivo no es un remedio eficaz.
Unas palabras sobre la "revisión"
La autoridad instructora no tiene una facultad general de revisión. El funcionario que ha dictado una resolución de primera instancia es functus officio, con la única salvedad de la rectificación de un error material o aritmético conforme a la Sección 154. "Revisión" en el vocabulario aduanero significa la revisión administrativa conforme a la Sección 129-D, no la revisión en el sentido del Code of Civil Procedure, 1908 (Código de Procedimiento Civil). La Sección 129-B(2) permite al Tribunal rectificar un error manifiesto en el expediente dentro del plazo prescrito. La revisión de una sentencia de un High Court procede conforme a la Orden XLVII del Code of Civil Procedure, 1908 en relación con las High Court Rules, y la de una sentencia del Supreme Court conforme al Artículo 137.
IX. Lo que aporta la Constitución
La Customs Act, 1962 es a la vez una ley fiscal y una ley de policía, y la Parte III cumple en ella una función real.
- Artículo 14. La resolución conforme al Capítulo XIV es cuasijudicial. La motivación es obligatoria. Una sanción impuesta sin indicar cómo se aplicó la escala legal, o una multa de rescate fijada sin referencia al límite del precio de mercado de la Sección 125, es arbitraria. La proporcionalidad es hoy un criterio operativo: la propia Radhika Agarwal aplica un análisis de proporcionalidad de cuatro elementos a la facultad de detención.
- Artículo 20(3). Protege al acusado frente a la autoincriminación forzada, pero, según la jurisprudencia actual, no se extiende a la fase de la citación conforme a la Sección 108, porque la persona citada todavía no es un acusado. Está resuelto, pero es incómodo, y debe decirse a los clientes antes de que comparezcan.
- Artículo 21. Exige que el procedimiento que priva a una persona de libertad sea justo, equitativo y razonable. Radhika Agarwal es en esencia una sentencia sobre el Artículo 21: toma una facultad legal de detención con pocas condiciones expresas y lee en ella razones consignadas, elementos revelados, motivos por escrito, un diario del caso, acceso a un abogado y control judicial.
- Artículo 22. La cláusula (1) exige que la persona detenida sea informada de los motivos lo antes posible y le da derecho a consultar a un abogado de su elección. La cláusula (2) exige la puesta a disposición de un magistrado en 24 horas. Las cláusulas (4) a (7) autorizan la detención preventiva y establecen el mecanismo del Consejo Consultivo que desarrolla la Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.
El Artículo 300A dispone que nadie será privado de sus bienes sino en virtud de ley. El comiso es una privación de bienes. Está autorizado por ley, por lo que la cuestión es si se siguió la ley. En Kolkata Municipal Corporation v. Bimal Kumar Shah el Supreme Court sostuvo que el contenido mínimo del derecho del Artículo 300A comprende siete derechos: notificación, audiencia, decisión motivada, expropiación solo para un fin público, restitución o indemnización justa, un procedimiento eficiente y rápido, y una conclusión.
Ese caso se refería a la expropiación forzosa, no al comiso, y no debe sobreinterpretarse. Pero el razonamiento, según el cual la "autoridad de la ley" del Artículo 300A conlleva un mínimo procedimental irreductible, se traslada directamente a un comiso practicado sin notificación, sin audiencia y sin motivación. Es una alegación que merece formularse.
X. La transacción penal (compounding), y la salida que se cerró
La disposición
Conforme a la Sección 137(3), cualquier delito del Capítulo XVI puede, antes o después de iniciarse el proceso penal, ser objeto de transacción (compounding) por el Chief Commissioner of Customs mediante el pago de la cantidad y en la forma que establezcan las normas.
Cuándo simplemente no es posible
La salvedad de la Sección 137(3) excluye cinco categorías:
- la persona a la que ya se haya permitido una transacción respecto de un delito de la Sección 135 o 135-A;
- la persona acusada de un delito de la Ley que sea también delito conforme a la Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, la Chemical Weapons Convention Act, 2000, la Arms Act, 1959 o la Wild Life (Protection) Act, 1972;
- la persona implicada en el contrabando de mercancías de la lista SCOMET, de mercancías cuya importación y exportación esté prohibida conforme a la ITC (HS) Classification, o de mercancías o documentos que puedan afectar a las relaciones amistosas con un Estado extranjero o sean ofensivos para el honor nacional;
- la persona a la que ya se haya permitido una transacción conforme al Capítulo XVI respecto de mercancías de valor superior a Rs. 1 crore;
- la persona condenada conforme a la Ley el 30/12/2005 o después.
Las cantidades
Las Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005 (Normas de Transacción de Delitos Aduaneros), notificadas mediante la Notification No. 114/2005-Cus. (N.T.) de 30/12/2005 y modificadas por última vez mediante la Notification No. 69/2022-Cus. (N.T.) de 22/08/2022, rigen el procedimiento. La autoridad competente para la transacción es el Principal Chief Commissioner o el Chief Commissioner con competencia; la autoridad informante es el Principal Commissioner o el Commissioner. Los funcionarios de aduanas están excluidos de la definición de "solicitante".
- Secciones 132, 133 y 134: Rs. 50,000 cada una por el primer delito, incrementadas en un 100% por cada delito posterior.
- Sección 135(1)(a): hasta el 10% del valor de mercado de las mercancías, mínimo Rs. 1 lakh.
- Sección 135(1)(b): hasta el 5% del valor de mercado, mínimo Rs. 1 lakh.
- Sección 135(1)(c) y (d): hasta el 10% del valor de mercado, mínimo Rs. 1 lakh.
- Sección 135-A: hasta el 5% del valor de mercado, mínimo Rs. 1 lakh.
Cuando las mismas mercancías dan lugar a delitos de más de una categoría sobre el mismo derecho, devolución o valor de mercado, se aplica la cantidad más alta.
Dónde reside la discrecionalidad
La Regla 4 exige que la autoridad competente para la transacción recabe un informe de la autoridad informante en el plazo de un mes y, después, que estime la solicitud, indicando la cantidad y concediendo inmunidad conforme a la Regla 6, o que la desestime. Dos condiciones son absolutas:
- La solicitud no se desestimará sin haber oído al solicitante y sin que los motivos de la desestimación consten en la resolución. Una desestimación de una línea es, por tanto, impugnable.
- La solicitud no se estimará si no se han pagado el derecho, la sanción y los intereses debidos. La transacción no sustituye al pago de la liquidación; solo extingue el proceso penal.
La cantidad de la transacción debe pagarse en los 30 días siguientes a la recepción de la resolución, no es reembolsable salvo cuando el tribunal deniega la inmunidad, y la Regla 4(7) dispone expresamente que el solicitante no puede reclamar como derecho que su delito sea objeto de transacción.
La discrecionalidad reside, pues, en cuatro lugares: si se acepta la transacción, decisión cuasijudicial que debe adoptarse sobre los elementos del informe, tras una audiencia y de forma motivada; la cuantía dentro de la horquilla de la Regla 5, de modo que una resolución que fije el máximo sin motivación es impugnable; la concesión de inmunidad conforme a la Regla 6; y su retirada conforme a la Regla 7 por falta de pago, incumplimiento de una condición, ocultación o prueba falsa. Lo que la autoridad no tiene es discrecionalidad para aceptar la transacción en un caso comprendido en las cinco exclusiones legales. Son impedimentos de competencia.
Y la puerta que se cerró
El Capítulo XIV-A preveía la transacción de los asuntos tributarios ante la Settlement Commission (Comisión de Transacciones). Esa vía está ahora cerrada para el futuro. La Finance Act, 2025 (Ley de Finanzas) introdujo una salvedad en la Sección 127-B(5) según la cual no podrá presentarse ninguna solicitud el 01/04/2025 o después, y las solicitudes pendientes pasan a una Junta Provisional de tres funcionarios de rango de Chief Commissioner o superior, sin ningún miembro judicial.
En cualquier caso, dos exclusiones mantuvieron siempre la transacción fuera del alcance en los casos de contrabando: no podía presentarse solicitud en relación con mercancías a las que se aplique la Sección 123, es decir, oro, manufacturas de oro, relojes y mercancías notificadas, ni con mercancías respecto de las cuales se hubiera cometido un delito conforme a la Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
Lo que deja una posición práctica sencilla. La transacción conforme a la Sección 137(3) es ahora la única salida negociada en un caso de oro, no tiene un impedimento equivalente al de la Sección 123 y solo pone fin al proceso penal. El comiso, la multa de rescate, el derecho y la sanción siguen teniendo que combatirse, o pagarse.
XI. ¿Funciona el régimen actual?
Tres proposiciones, ofrecidas como argumento y no como derecho establecido.
El diseño del control es en líneas generales correcto, y la práctica del control con frecuencia no lo es. Una ley que invierte la carga de la prueba para el oro, permite detener cuando hay razones para creer, presume el estado mental culpable y admite declaraciones tomadas por el organismo que incauta es un instrumento formidable. Es defendible, porque los delitos fronterizos son difíciles de detectar y fáciles de negar. Pero el precio de un instrumento así es un procedimiento escrupuloso. Cuando una Division Bench del High Court tiene que ordenar a la misma administración, una y otra vez, que deje de utilizar un formulario impreso para extinguir el derecho a un requerimiento y a una audiencia, el problema no es la ley. Es que las garantías que justifican la severidad se tratan como opcionales.
El argumento económico es real, pero suele formularse mal. El contrabando se describe como una pérdida de recaudación. La pérdida de recaudación es la parte más pequeña. Los daños mayores son que destruye la señal de precios en el mercado interior de la mercancía de contrabando, que hace que los importadores cumplidores no puedan competir con los incumplidores, que desplaza valor por canales informales y corroe así el sistema financiero formal, y que crea un grupo permanente con interés en la corrupción en la frontera. A la inversa, gran parte del contrabando es una respuesta racional a un arancel o a una restricción. La Ley es un instrumento necesario, pero el control por sí solo nunca ha resuelto un problema de contrabando creado por una cuña arancelaria.
Cuatro aspectos merecen revisarse:
- El procedimiento de declaración en el aeropuerto. La salvedad del requerimiento oral de la Sección 124 se redactó para un mundo distinto. Debería suprimirse para los casos de equipaje o condicionarse a una renuncia grabada en vídeo y firmada por separado, con una audiencia obligatoria en todos los casos. Una obligación legal de emitir el requerimiento por vía electrónica al correo electrónico y al número de móvil ya recogidos en la retención acabaría de un plumazo con la mayor parte de los litigios actuales.
- La devolución provisional. La Sección 110-A debería prever un plazo legal para resolver la solicitud y la exigencia de motivación. Actualmente, el ciudadano al que se incautan las mercancías puede esperar un año una resolución que nunca llega, mientras las mercancías se deprecian o se enajenan.
- La exclusión del equipaje del Tribunal. Encauzar los recursos sobre equipaje, devolución de derechos y descarga incompleta hacia una autoridad de revisión del Gobierno central, y no hacia un tribunal judicial, tenía sentido cuando eran asuntos menores. Ya no lo son. Existe un argumento respetable según el cual mantener el último foro legal dentro del ejecutivo, para la categoría de asuntos que con más frecuencia implica la retención de bienes personales de un individuo, encaja mal con los Artículos 14 y 300A.
- La transacción. La exclusión de la cláusula (e), que impide de por vida la transacción a cualquier persona condenada conforme a la Ley el 30/12/2005 o después, es una inhabilitación permanente sin proporcionalidad alguna. Un régimen racional vincularía el impedimento a la gravedad de la condena anterior y al tiempo transcurrido.
Merece exponerse el argumento contrario. Cada garantía añadida en la frontera es un retraso en la frontera, y una administración que tramita millones de pasajeros no puede funcionar como un tribunal de primera instancia. Quienes defienden el diseño actual señalan que la inversión de la carga de la Sección 123 solo se aplica a una lista notificada estrecha; que los umbrales de detención se elevaron deliberadamente en 2012, 2013 y 2019 para limitar la detención a los casos graves; que la transacción, la devolución provisional y la Settlement Commission existían precisamente para ofrecer salidas; y que el Supreme Court en Radhika Agarwal examinó y rechazó una impugnación constitucional frontal de la facultad de detención, a la vez que regulaba su ejercicio. Desde ese punto de vista, el marco ya está equilibrado, y lo que se necesita es cumplimiento, no reforma. Ambas posiciones son defendibles, y la elección entre ellas es un juicio de política legislativa sobre el que personas razonables discrepan.
XII. La cuestión de fondo
Una frontera no puede funcionar sin autodeclaración. Ningún aeropuerto puede examinar físicamente a cada pasajero. Así que el diseño es correcto: facilitar el paso de la mayoría y hacer que las consecuencias de una declaración falsa sean serias.
Pero la severidad solo es defendible si el procedimiento es escrupuloso. La propia Ley proporciona el procedimiento. La Sección 102 le permite exigir un gazetted officer o un magistrado antes de un registro. La Sección 80 protege al pasajero que declara. La Sección 110 devuelve las mercancías si el requerimiento no llega en seis meses. La Sección 124 garantiza un requerimiento, una contestación y una audiencia. La Sección 125 limita la multa al precio de mercado. La Sección 153 le dice cuándo ha sido notificado. Radhika Agarwal le dice al funcionario lo que debe dejar por escrito antes de detenerle.
Cada una de ellas no vale nada para la persona que no sabe que existe a las dos de la madrugada, ante un mostrador, con un formulario delante.
El canal verde no es el problema. Un sistema basado en la autodeclaración solo funciona si las consecuencias se imponen mediante un procedimiento justo.
Explicaciones de dos minutos sobre las cuestiones que plantean estos ensayos.
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Fuentes y disposiciones citadas
Leyes y reglamentos
- Customs Act, 1962: Secciones 2(33), 2(39), 11, 28(8), 28-AA, 33, 34, 77 a 81, 100 a 108, 110 (incluidas 110(1), (1-A) a (1-C), (2) y (5)), 110-A, 111 (incluidas las cláusulas (d), (l) y (m)), 112, 113, 114, 114A, 114AA, 114AB, 114AC, 115 a 125, 122-A, 127, 127-B(5), 128, 128-A, 129-A, 129-B(2), 129-D, 129-DA (suprimida), 129-DD, 129-E, 129-EE, 130, 130-E, 132 a 136, 135-A, 135-B, 137, 138, 138A, 138B, 153 y 154; Capítulo XVI
- Constitución de la India: Parte III; Artículos 14, 20(3), 21, 22, 32, 137, 226 y 300A
- Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA): Secciones 3(1), 3(3), 8, 9, 10, 11 y 12
- Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976
- Code of Criminal Procedure, 1973: Secciones 41, 41-B, 41-D, 50-A, 55-A, 165(5) y 167(2)
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Código de Procedimiento Penal de la India)
- Indian Penal Code, 1860: Secciones 193 y 228
- Indian Evidence Act, 1872: Sección 25
- Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023: Sección 23
- Code of Civil Procedure, 1908: Orden XLVII
- Central Goods and Services Tax Act, 2017: Secciones 69 y 70
- Prevention of Money Laundering Act, 2002: Sección 19(1)
- Foreign Exchange Management Act, 1999
- Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
- Chemical Weapons Convention Act, 2000
- Arms Act, 1959
- Wild Life (Protection) Act, 1972
- Finance Act, 2025
- Baggage Rules, 2026, y Baggage Rules, 2016 (sustituidas)
- Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005: Reglas 4, 4(7), 5, 6 y 7
Jurisprudencia
- State of Punjab v. Barkat Ram
- Ramesh Chandra Mehta v. State of West Bengal
- Illias v. Collector of Customs
- Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra
- Poolpandi v. Superintendent, Central Excise
- Directorate of Enforcement v. Deepak Mahajan
- Additional Secretary to the Government of India v. Alka Subhash Gadia
- Sayed Taher Bawamiya v. Joint Secretary to the Government of India
- Deepak Bajaj v. State of Maharashtra
- Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2012) 7 SCC 533
- Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2014) 1 SCC 280
- Om Prakash v. Union of India
- Senior Intelligence Officer, DRI v. Jugal Kishore Samra
- Tofan Singh v. State of Tamil Nadu
- Arvind Kejriwal v. Directorate of Enforcement
- Kolkata Municipal Corporation v. Bimal Kumar Shah
- Radhika Agarwal v. Union of India, resuelto el 27/02/2025
- Amit Kumar v. Commissioner of Customs, Delhi High Court, Division Bench
Documentos oficiales
- Notification No. 14/2026-Customs (N.T.) de 01/02/2026 (Baggage Rules, 2026), con la circular maestra que la acompaña y consolida 35 circulares anteriores
- Notification No. 50/2018-Customs (N.T.) de 08/06/2018 (límites económicos de la resolución)
- Notification No. 114/2005-Cus. (N.T.) de 30/12/2005 (Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005)
- Notification No. 69/2022-Cus. (N.T.) de 22/08/2022 (modificación de las Compounding Rules)
Preguntas frecuentes
Pasé por el canal verde y me incautaron la cadena de oro. ¿Qué ocurre ahora?
Pasar por el canal verde se considera una declaración de que no lleva nada por encima de la franquicia ni nada prohibido. Si eso no es cierto, las mercancías quedan comprendidas en la Sección 111(l) o la Sección 111(m) de la Customs Act, 1962 (Ley de Aduanas) y pasan a estar sujetas a comiso, con sanción conforme a la Sección 112. Lo que debe seguir es una incautación conforme a la Sección 110(1), un requerimiento escrito para formular alegaciones (show cause notice) conforme a la Sección 124, una contestación escrita, una audiencia personal y una resolución motivada de primera instancia. Para el equipaje, el recurso se dirige al Commissioner (Appeals) y después a una revisión ante el Gobierno central, no al Tribunal.
¿Cuánto tiempo puede retener la aduana mis mercancías antes de notificar un requerimiento?
La Sección 110(2) de la Customs Act, 1962 exige la devolución de las mercancías si no se notifica un requerimiento conforme a la Sección 124(a) dentro de los seis meses siguientes a la incautación. El Principal Commissioner o el Commissioner puede prorrogar ese plazo otros seis meses por razones consignadas por escrito, y debe informar a la persona a la que se incautaron las mercancías antes de que venza el plazo inicial. En Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra el Supreme Court sostuvo que esta facultad es cuasijudicial, no puede ejercerse mecánicamente, atribuye a la administración la carga de acreditar causa suficiente y exige oír previamente a la persona.
El funcionario me pidió que firmara un formulario impreso en el aeropuerto. ¿Qué es?
Suele ser una renuncia preimpresa al requerimiento escrito y a la audiencia personal, basada en la primera salvedad de la Sección 124 de la Customs Act, 1962, que permite que el requerimiento y las alegaciones sean orales a petición del interesado. En Amit Kumar v. Commissioner of Customs una Division Bench (Sala de dos magistrados) del Delhi High Court sostuvo que las renuncias impresas vulneran de raíz los derechos de los afectados, que toda renuncia oral debe ser una declaración en debida forma firmada con conocimiento, que aun así debe concederse audiencia, y ordenó a la administración que abandonara esa práctica.
¿Puedo recuperar mis mercancías mientras el procedimiento sigue en curso?
Sí. La Sección 110-A de la Customs Act, 1962 permite devolver al propietario las mercancías, documentos, objetos y cuentas bancarias embargadas provisionalmente, a la espera de la resolución de la autoridad instructora, mediante una fianza en la forma debida con las garantías y condiciones que esa autoridad exija. Es el remedio más infrautilizado de la práctica aduanera. Una solicitud conforme a la Sección 110-A, respaldada por un recurso de amparo (writ petition) frente a una denegación inmotivada o una condición de fianza abusiva, consigue a menudo en semanas lo que la vía de recurso consigue en años.
¿Cuándo puede detenerme un funcionario de aduanas?
Conforme a la Sección 104(1) de la Customs Act, 1962, el funcionario facultado que tenga razones para creer que una persona ha cometido un delito previsto en la Sección 132, 133, 135, 135-A o 136 puede detenerla y debe informarle de los motivos. En Radhika Agarwal v. Union of India, resuelto el 27/02/2025, el Supreme Court sostuvo que las razones para creer deben consignarse por escrito, referirse a los elementos de prueba y mostrar mediante cálculo cómo se alcanza el umbral económico, que no puede detenerse a alguien simplemente para investigar si se alcanza el umbral, y que los motivos de la detención deben entregarse por escrito antes de la puesta a disposición del magistrado.
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Este artículo se publica únicamente con fines de información general y educación jurídica pública. No constituye asesoramiento jurídico ni crea una relación abogado-cliente. Cada incautación, requerimiento, resolución y detención depende de sus propios hechos, documentos y fechas, y el derecho expuesto es el vigente a la fecha de publicación y puede cambiar. Los lectores deben obtener asesoramiento específico sobre sus propios hechos antes de actuar. Publicado de conformidad con las Bar Council of India Rules, Capítulo II, Parte VI, Regla 36. Ninguna parte de este artículo pretende captar encargos profesionales.
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