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Derecho constitucional · Ensayo

¿Por qué debe abstenerse un juez? ¿Y quién debe decidirlo?

Argumentos a favor de un procedimiento normalizado codificado y de una Reference Bench para la abstención judicial en la India.

21 de abril de 2026 17 min de lectura
Última revisión: 17/10/2026
la sala de remisión, ausente nemo judex in causa sua
El juez, el mazo y el círculo cerrado que el principio pretende romper.

Hay un tema sobre el que la abogacía india mantiene un silencio casi profesional. Es el tema de la abstención judicial (recusal). Lo comentamos con moderación en los despachos. Aludimos a él con cautela cuando las circunstancias sacan la cuestión a la luz. Casi nunca ponemos nuestras opiniones por escrito, por razones que resultan obvias para cualquiera que ejerza ante los tribunales constitucionales.

El coste de ese silencio, sin embargo, es uno que ya no deberíamos estar dispuestos a soportar, porque el procedimiento por el que en este país se solicita, se oye y se decide la abstención descansa sobre una contradicción no resuelta en su mismo fundamento.

Dos principios sostienen la arquitectura de la justicia natural. Audi alteram partem: que nadie sea condenado sin ser oído. Nemo judex in causa sua, más antiguo y más intransigente: que nadie juzgue una causa en la que tiene interés. Es el segundo principio el que aquí me ocupa, porque es el principio que nuestro procedimiento de abstención vulnera silenciosamente mientras pretende hacerlo cumplir.

Cuando un litigante se levanta y pide a un juez que se abstenga, la solicitud, según la práctica actual, la oye y la decide el mismo juez cuya abstención se solicita. El juez escucha la cuestión planteada contra él mismo. El juez redacta la resolución sobre si la cuestión está bien fundada. El juez vuelve a ocupar su asiento en cualquier caso. El primer principio de la justicia natural queda, en ese momento, en suspenso para la misma solicitud que lo invoca. En mis años de ejercicio no he llegado a conformarme con este sistema. No creo ser el único.

I. Qué es realmente la abstención

La abstención es el acto por el que un juez se aparta del conocimiento de un asunto por existir, o parecer existir, una circunstancia que menoscabaría el ejercicio imparcial de la función judicial. Los motivos reconocidos son familiares para todo profesional con cierta experiencia: el interés económico, por pequeño que sea; la intervención previa en el asunto como abogado; la proximidad familiar o social con una parte; la expresión previa de una opinión sobre la misma cuestión que ahora debe decidirse; y, en la categoría residual, cualquier otra circunstancia que llevaría a un observador imparcial e informado a temer una posibilidad real de parcialidad.

La abstención no es una confesión de parcialidad. No es una acusación contra la sala. Es, bien entendida, una afirmación de la integridad judicial, porque es el momento en que el juez coloca a la institución por encima del asunto que tiene en sus manos. La justicia más limpia de cualquier sistema la imparte el juez que sabe cuándo hacerse a un lado.

II. Los fundamentos del principio

La regla contra la parcialidad es más antigua que cualquier constitución y no necesita confirmación legal. Una persona que tiene interés en un asunto no puede decidirlo con justicia. La proposición es evidente en cualquier otro ámbito de la vida. Por qué habría de ponerse en duda cuando se aplica a la judicatura es la pregunta que me inquieta desde hace tiempo.

Lord Hewart C.J. formuló el principio en R v. Sussex Justices, ex parte McCarthy [1924] 1 KB 256 en una frase que ninguna reformulación posterior ha mejorado:

La justicia no solo debe hacerse, sino que debe verse, de manera manifiesta e indudable, que se hace.

La integridad de la judicatura no depende de lo que la judicatura crea de sí misma. Depende de lo que percibe el litigante y, a través de él, el público. Si se elimina esa percepción, la sentencia pierde su autoridad moral, incluso cuando, de hecho, la sala es plenamente imparcial.

Nuestro propio Supreme Court (Tribunal Supremo de la India) lo ha afirmado en sucesivas decisiones. La Constitution Bench (sala constitucional) en A.K. Kraipak v. Union of India, (1969) 2 SCC 262, declaró que la regla contra la parcialidad es una faceta de la justicia natural aplicable a todo el espectro de la toma de decisiones, tanto judicial como administrativa. Manak Lal v. Dr. Prem Chand Singhvi, AIR 1957 SC 425, estableció que el criterio no es la parcialidad real, sino el temor razonable a ella. Ranjit Thakur v. Union of India, (1987) 4 SCC 611, depuró la formulación en unos términos a los que vuelvo a menudo: la cuestión es si una persona razonable, considerando el asunto de manera realista, pensaría que es probable o verosímil que el juez hubiera sido parcial.

El criterio no es lo que el juez piensa de su propia conciencia. El criterio pertenece a la mirada del litigante y, en último término, a la mirada del público.

III. Los tres deberes del litigante

Antes de que un litigante se presente ante el tribunal con una solicitud de recusación, debe cumplir tres deberes.

El primero es el deber de franqueza. La solicitud debe basarse en hechos identificables y articulables. No puede basarse en sospechas. No puede basarse en la insatisfacción con una resolución interlocutoria. No puede basarse en el rumor de pasillo de que la sala es desfavorable. Debe existir un hecho, o un conjunto de hechos, que un observador razonable consideraría que plantea una posibilidad real de parcialidad.

El segundo es el deber de moderación. Una solicitud de recusación no es, y nunca debe permitirse que se convierta en, un ataque al juez. Es una invitación respetuosa al juez para que considere si existe algo que, visto desde fuera del estrado, menoscabaría la confianza en la sentencia final. El lenguaje de la solicitud importa. El tono importa. La abogacía india ha pagado, en más de una ocasión, un alto precio institucional por confundir una solicitud legítima de recusación con una acusación personal. Esos episodios son lecciones que la profesión nunca debería olvidar.

El tercero es el deber de oportunidad. La solicitud debe presentarse en la primera ocasión. El litigante que conoce un motivo de parcialidad y aun así continúa con la vista renuncia a él. No puede guardarlo en reserva para utilizarlo solo cuando la resolución le resulte desfavorable. Manak Lal asentó el principio de la renuncia en 1957, y nada en la jurisprudencia posterior lo ha debilitado.

IV. La paradoja en el centro del procedimiento

Una solicitud de recusación, según la práctica actual en la India, la oye y la decide el mismo juez cuya abstención se solicita. El juez escucha. El juez considera. El juez resuelve. Si el juez la rechaza, el asunto continúa ante la misma sala. El litigante no dispone de un recurso inmediato y separado. Su remedio se encuentra más adelante en el camino, en el sistema de apelaciones, que podrá, en su momento, anular la resolución final por motivo de parcialidad.

Las justificaciones que se ofrecen para esta práctica son pragmáticas. Solo el juez, se dice, conoce el contenido de su propia conciencia. Solo el juez puede hablar con autoridad de sus relaciones previas. Permitir que otro juez decida invitaría a la búsqueda del foro más favorable, alteraría el turno de reparto (roster), debilitaría la sala y erosionaría la dignidad del cargo. Cada una de estas justificaciones tiene peso. Ninguna de ellas, a mi respetuoso entender, resuelve la cuestión.

La cuestión es esta. El principio que inspira la abstención es nemo judex in causa sua. El principio que vulnera el procedimiento de abstención es nemo judex in causa sua. Decimos a los jueces que se abstengan porque nadie debe juzgar su propia causa. Después pedimos al mismo juez que decida si se abstiene, lo cual es, en cualquier lectura honesta, el acto mismo de juzgar su propia causa.

El procedimiento pide al principio que haga cumplir su propia vulneración.

No es una dificultad que se resuelva con el silencio. Solo puede resolverse mediante la reforma.

V. El bloqueo del asunto parcialmente oído

Hay un rasgo de nuestro procedimiento que agrava la paradoja de un modo en el que pocos profesionales se detienen a pensar, pero que todos han experimentado.

Cuando un juez se ha ocupado sustancialmente de un asunto, incluso en una fase interlocutoria, el asunto pasa a estar parcialmente oído (part-heard) ante esa sala. Los asuntos parcialmente oídos, por una larga práctica de nuestros tribunales, no circulan con la asignación de materias (determination). No se mueven con el turno de reparto. Cuando se reasigna la asignación de materias, cuando la sala se recompone al comienzo de un nuevo periodo, cuando el juez pasa de una división de trabajo a otra, el asunto parcialmente oído sigue al juez. El conocimiento del juez sobre el asunto (seizin), una vez adquirido, se vuelve institucional. Sobrevive al turno de reparto que lo originó.

La consecuencia merece exponerse con claridad. En cualquier sistema sin una práctica de asuntos parcialmente oídos, la circulación natural del trabajo judicial a lo largo de meses y periodos diluiría, por sí misma, las inquietudes sobre parcialidad. Un litigante incómodo con la conducta de una sala encontraría, en el curso ordinario de los señalamientos, su asunto ante otra en el periodo siguiente. El tiempo y el turno de reparto lograrían, en silencio y sin confrontación, lo que ninguna solicitud de recusación podría lograr nunca abiertamente.

Nuestra práctica de asuntos parcialmente oídos suprime ese remedio silencioso. Una vez que un juez asume el conocimiento de un asunto, el asunto sigue siendo suyo hasta su resolución final, con independencia de cómo se reorganice a su alrededor el turno de reparto. Cuando ese mismo juez oye y rechaza una solicitud de recusación dirigida contra él mismo, el litigante queda sin recurso, no solo frente a la opinión del propio juez sobre su imparcialidad, sino frente a la arquitectura procesal que vincula el asunto al juez durante toda su vida. El juez ante el que se presenta la solicitud de recusación es, en un sentido real y práctico, el juez durante toda la vida del asunto.

Esto no es una crítica a la práctica de los asuntos parcialmente oídos como tal. La práctica cumple fines evidentes: continuidad, economía judicial, evitación de duplicidades y conservación de la memoria institucional adquirida en asuntos de larga duración. Pero sí significa que, en el contexto indio, un juez que se niega a abstenerse no se limita a negarse a apartarse de una vista. Está declarando que él, y solo él, decidirá la suerte de este asunto, con independencia de cómo se mueva a su alrededor el resto de la institución. Esa declaración puede estar, en un asunto determinado, plenamente justificada. Pero es una declaración de peso considerable, y el procedimiento por el que se hace merece estar construido con más cuidado del que lo está actualmente.

VI. ¿Debe decidir el mismo juez?

No pretendo que la respuesta sea sencilla. Hay consideraciones de peso en ambos sentidos.

El argumento a favor del modelo del mismo juez es genuino. Solo el juez tiene acceso directo a su propio estado de ánimo, a sus propias relaciones previas, a su propia conciencia. Un sistema en el que la abstención de cualquier juez pudiera obtenerse con la mera remisión a otro juez debilitaría las salas, fomentaría las solicitudes tácticas e infligiría a la institución un daño evitable. Con el tiempo, además, transformaría la solicitud de recusación de una seria cuestión de conciencia en un instrumento rutinario de entorpecimiento.

El argumento a favor del modelo de un juez distinto es, a mi respetuoso entender, el más sólido. En realidad, la cuestión no versa en absoluto sobre el estado de ánimo del juez. Versa sobre la apariencia de justicia desde la posición del litigante. Esa apariencia la valora mejor una persona distinta de aquella cuya apariencia se cuestiona. Delegar la valoración en el mismo juez es hacer depender la prueba de la apariencia de la misma percepción que intentamos poner a prueba.

Una posición equilibrada, sin ningún extremo, sería esta. La solicitud debería presentarse en primera instancia ante el mismo juez, que debería oír a ambas partes y resolver mediante resolución motivada. Si la solicitud se rechaza, el litigante debería tener un derecho inmediato y sujeto a plazo de remisión al Chief Justice (presidente) del tribunal de que se trate, quien sometería únicamente la cuestión de la abstención, y no el fondo, a una sala designada para una decisión limitada, o constituiría una comisión permanente de abstención para ese fin limitado.

Un procedimiento así preservaría la primacía del juez. Protegería el turno de reparto. Respetaría la dignidad institucional. Y además, por fin, reconocería lo que el principio nos ha estado diciendo desde siempre: que la cuestión de la apariencia corresponde a alguien distinto de la persona cuya apariencia se cuestiona.

VII. Los procedimientos que ya tenemos, dispersos en los repertorios

No carecemos de orientación. A lo largo de siglo y medio de jurisprudencia, los tribunales de Inglaterra y de la India han establecido lo que equivale a un conjunto de procedimientos normalizados de actuación, disperso en los repertorios de jurisprudencia. La labor de consolidación no se ha hecho. Los materiales, sin embargo, son abundantes y en gran medida coherentes.

De Inglaterra: Dimes v. Grand Junction Canal Proprietors (1852) 3 HLC 759 estableció la regla de la inhabilitación automática cuando un juez tiene un interés económico, por pequeño que sea. R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 2) [2000] 1 AC 119 extendió el principio de la inhabilitación automática a los intereses no económicos, cuando el juez tiene una conexión suficientemente estrecha con una causa que promueve una de las partes. Locabail (UK) Ltd v. Bayfield Properties Ltd [2000] QB 451 aportó la taxonomía, hoy estándar, de los motivos de abstención y aclaró qué constituye, y qué no, parcialidad aparente. Porter v. Magill [2001] UKHL 67 asentó la formulación moderna: si un observador imparcial e informado, tras considerar los hechos, concluiría que existía una posibilidad real de parcialidad.

De la India: Manak Lal (1957), A.K. Kraipak (1969), Ranjit Thakur (1987), State of West Bengal v. Shivananda Pathak, (1998) 5 SCC 513, Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, (2016) 5 SCC 808, e Indore Development Authority v. Manoharlal, (2020) 8 SCC 129, aportan entre todas el marco indio actual. El criterio es el temor razonable visto desde la posición del litigante. La solicitud debe presentarse con prontitud. El juez debe consignar los motivos tanto si la solicitud se acepta como si se rechaza. La resolución es susceptible de impugnación en el sistema de apelaciones. Las solicitudes tácticas o especulativas serán censuradas.

A este conjunto de jurisprudencia deben añadirse los Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002 (Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial), adoptados por las Naciones Unidas y tratados como referencia por la judicatura india, y el Restatement of Values of Judicial Life (Declaración de los Valores de la Vida Judicial), aprobado por el Supreme Court of India en 1997. Ambos aportan el andamiaje ético dentro del cual opera la jurisprudencia.

VIII. Lo que aún falta

Lo que nos falta, pese a esta abundancia, es un marco procesal único, codificado y sujeto a plazos. Los fragmentos están presentes en la jurisprudencia. Nunca se han reunido en un procedimiento normalizado publicado que un litigante, un abogado o un secretario judicial pueda tomar en la mano y seguir.

Un procedimiento normalizado indio consolidado sobre la abstención debería abordar, como mínimo, seis cuestiones.

Primera, las categorías de revelación obligatoria que todo juez debe efectuar al inicio de una vista, tomando como modelo los Anexos Quinto y Séptimo de la Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Ley de Arbitraje y Conciliación), y los Principios de Bangalore. Si exigimos la revelación a los árbitros, las razones para exigirla a los jueces son, a fortiori, más sólidas.

Segunda, los requisitos de forma, contenido y plazo de una solicitud de recusación, incluida la obligación de franqueza y las consecuencias de la renuncia.

Tercera, el procedimiento para oír la solicitud: en despacho o en audiencia pública, el derecho de todas las partes a ser oídas y el requisito obligatorio de una resolución motivada.

Cuarta, el remedio cuando se rechaza la abstención, incluido un derecho sujeto a plazo de remisión al Chief Justice del tribunal de que se trate, y la constitución de una comisión designada para decidir sobre la abstención con ese fin limitado. Esta es la reforma estructural que el principio exige con mayor urgencia.

Quinta, la protección del juez frente a solicitudes tácticas o temerarias, incluida la facultad de imponer costas y de dejar constancia de observaciones sobre la conducta del abogado responsable.

Sexta, la publicación de las resoluciones sobre abstención, debidamente anonimizadas, de modo que con el tiempo pueda desarrollarse un cuerpo accesible de jurisprudencia sobre la abstención. Hoy la abstención es uno de los ámbitos menos transparentes de la decisión judicial, precisamente porque las resoluciones rara vez llegan a publicarse. Ese solo hecho da la medida de cuánto camino le queda aún al principio por recorrer antes de sentirse plenamente en casa en nuestro sistema.

IX. Para concluir

La abstención no es un signo de debilidad de la sala. Es un signo de fortaleza de la institución. El juez que se abstiene preserva no solo la fe del litigante en la sentencia, sino la fe del público en la judicatura. Un sistema que permite plantear, oír y decidir la cuestión de la abstención de forma justa, abierta y con la dignidad que merece se fortalece con cada abstención que administra correctamente, y se debilita con cada abstención que administra con descuido.

Escribo como abogado en ejercicio, no como crítico de la judicatura. Siento el más profundo respeto por la institución ante la que comparezco a diario. Ese respeto es precisamente la razón por la que creo que el procedimiento de abstención merece una arquitectura más honesta que la que tiene actualmente.

Nemo judex in causa sua no es un lema para inscribir en las paredes de nuestras facultades de Derecho. Es una promesa que la judicatura hace a las personas que comparecen ante ella. La promesa merece un procedimiento digno de su nombre.

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Fuentes y disposiciones citadas

Leyes y reglamentos

Jurisprudencia

Documentos oficiales

Preguntas frecuentes

¿Qué es la abstención judicial?

El apartamiento de un juez del conocimiento de un asunto en el que la parcialidad, el interés personal o la apariencia razonable de cualquiera de ellos comprometería la equidad del procedimiento. Descansa en la máxima nemo judex in causa sua, nadie debe ser juez en su propia causa, que junto con el derecho a ser oído constituye el fundamento de la justicia natural. La abstención protege no solo a las partes ante el tribunal, sino a la propia institución, porque la justicia no solo debe hacerse, sino que debe verse que se hace.

¿Quién decide en la India si un juez debe abstenerse?

En la actualidad, es el propio juez cuya imparcialidad se ha cuestionado quien decide la cuestión personalmente, y contra esa decisión no cabe recurso como tal. El ensayo identifica en ello la paradoja que se halla en el centro del procedimiento: la misma máxima que prohíbe juzgar la propia causa queda en suspenso en el momento en que más importa. Distintos jueces han respondido a las solicitudes de recusación de maneras irreconciliables, unos apartándose con facilidad, otros tratando la propia solicitud como una afrenta, y el litigante no tiene forma de prever qué respuesta le espera.

¿Qué reforma propone el ensayo?

Un procedimiento normalizado de actuación codificado con tres elementos: solicitudes de recusación formuladas por escrito con indicación de los motivos, resoluciones motivadas que las resuelvan y remisión de las solicitudes controvertidas a una sala distinta, una Reference Bench (sala de remisión), de modo que la cuestión no la decida el juez cuya imparcialidad está en entredicho. El ensayo reúne las observaciones dispersas de la jurisprudencia publicada que ya apuntan en esta dirección y sostiene que consolidarlas no cuesta nada a la institución y la protege de su crítica más corrosiva.

¿Qué es el bloqueo del asunto parcialmente oído?

La regla práctica según la cual, una vez que una sala ha oído sustancialmente un asunto, trasladarlo a otra resulta casi imposible, porque una sala nueva tendría que empezar de nuevo. El ensayo muestra cómo este bloqueo interactúa de manera perversa con la abstención: un motivo de parcialidad descubierto tarde llega cuando el bloqueo ya se ha cerrado, y el litigante debe elegir entre renunciar a la objeción y enemistarse con la sala que decidirá su asunto. Un procedimiento codificado con obligaciones de revelación tempranas desactivaría la mayoría de estas situaciones antes de que el bloqueo opere.

¿Puede un litigante pedir a un juez que se abstenga, y es arriesgado?

Un litigante puede hacerlo, y a veces debe, pero el ensayo formula tres deberes que disciplinan la solicitud: plantearla en la primera oportunidad, plantearla con motivos concretos respaldados por elementos de prueba y plantearla con respeto, como una apelación a los propios estándares de la institución y no como un ataque al juez individual. El riesgo es real, tanto de enemistarse con la sala como de levantar sospechas de búsqueda del foro más favorable, y precisamente por eso el ensayo sostiene que la carga de decidir debe retirarse de los hombros del juez recusado.

Estas respuestas son resúmenes divulgativos del artículo anterior; no constituyen asesoramiento jurídico sobre ningún asunto concreto.

Correcciones: si encuentra un error de derecho o de hecho en este artículo, escriba a contact@lokeshbhardwajlawoffices.com con el asunto 'Correction' (corrección). Las correcciones se introducen en el texto y se indican aquí con la fecha.

Sobre el autor y aviso legal

Lokesh Bhardwaj es abogado colegiado en el Bar Council of Delhi (Colegio de Abogados de Delhi) y ejerce ante el Supreme Court of India y el High Court of Delhi.

Este artículo es una contribución a la literatura académica sobre la justicia natural y la reforma procesal del sistema judicial indio. No se refiere a ningún asunto concreto pendiente ante ningún tribunal, ni a ningún juez o sala concretos, ni los comenta ni adopta posición alguna respecto de ellos. Los principios, observaciones y propuestas expuestos son de aplicación general a la arquitectura institucional de la judicatura india. Las opiniones expresadas son personales y académicas.

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