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Práctica constitucional · Guía explicativa

Templos y fundaciones religiosas

Dónde termina la libertad religiosa y dónde empieza la regulación estatal: los derechos de las confesiones, las leyes sobre la administración de templos y la posición de quienes ocupan cargos hereditarios.

En resumen

Paso a paso

  1. El hecho. Algo cambia en el templo. El Estado notifica un plan o asume la administración conforme a una ley de fundaciones religiosas; se nombra un funcionario ejecutivo; se destituye a un sacerdote hereditario o se nombra a uno nuevo; surge una controversia familiar sobre quién es el shebait; o se acusa a los administradores fiduciarios de gestionar mal los fondos.
  2. Identificar la institución. La primera tarea es establecer qué es la institución en derecho. ¿Es un templo público o una deidad familiar privada? ¿Es la institución de una confesión religiosa conforme al artículo 26? ¿Se rige por una ley estatal de fundaciones religiosas, por una ley específica, por un plan aprobado por un tribunal, o solo por sus documentos fundacionales y la costumbre? Las respuestas deciden qué derechos pueden hacerse valer.
  3. Reunir la historia. Se reúnen las escrituras de dedicación, los testamentos, los decretos y planes antiguos, los registros fiscales de tierras, las cuentas y las pruebas de la línea de sucesión en el cargo hereditario. Las controversias sobre templos se deciden a menudo por la historia, y los documentos pueden ser antiguos, estar en lenguas regionales y hallarse dispersos.
  4. Separar la religión de la administración. La pretensión se formula después frente a la línea constitucional. Conforme al artículo 26(b), la confesión gestiona sus propios asuntos en cuestiones de religión. Conforme al artículo 26(d), los bienes se administran conforme a la ley, y conforme al artículo 25(2)(a) el Estado puede regular la actividad secular. Una impugnación prospera más a menudo cuando el Estado se ha adentrado en cuestiones de ritual, culto o doctrina, o cuando una ley quita por completo la administración en lugar de regularla.
  5. Elegir el foro. La impugnación de la validez de una ley, una notificación o una orden de toma de control es un writ conforme al artículo 226 ante el Tribunal Superior, o conforme al artículo 32 ante el Tribunal Supremo cuando está directamente en juego un derecho fundamental. Una controversia sobre quién ocupa un cargo hereditario o quién es el shebait es de ordinario una demanda civil. La mala gestión de un fideicomiso religioso público puede abordarse mediante una demanda conforme a la sección 92 del CPC, que requiere la autorización del tribunal.
  6. Primero, los remedios legales. La mayoría de las leyes de fundaciones religiosas prevén su propia vía: una solicitud al comisionado, una apelación ante una autoridad superior y, a veces, una demanda civil dentro de un plazo fijo. Esos remedios suelen agotarse antes de un writ, salvo que se impugne la propia ley o la autoridad haya actuado sin jurisdicción.
  7. Presentación y vista. En un writ, la petición expone la historia de la institución, el derecho que se reclama conforme al artículo 25 o al 26 y la orden concreta que se impugna. El Estado y la autoridad legal presentan contradeclaraciones juradas (counter affidavits), a menudo con su propio expediente de la institución. Las órdenes provisionales pueden mantener el statu quo en la gestión del culto y de los bienes mientras se oye el caso.
  8. La orden y lo que sigue. El tribunal puede confirmar la regulación, anular una disposición o interpretarla restrictivamente (read down), dejar sin efecto una orden concreta u ordenar un plan de administración. Cuando está en juego un cargo hereditario, el tribunal puede proteger la celebración de los rituales y dejar los nombramientos al administrador fiduciario conforme a la ley. Caben remedios ulteriores mediante apelación dentro del Tribunal Superior o ante el Tribunal Supremo.

Disposiciones aplicables

Precedentes principales

Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt, 1954 SCR 1005: el Tribunal Supremo explicó el significado de confesión religiosa, distinguió las cuestiones de religión de la administración secular y declaró que la protección de la religión se extiende a las prácticas que son parte esencial de ella.

Seshammal v. State of Tamil Nadu, (1972) 2 SCC 11: el nombramiento de un archaka es un acto secular del administrador fiduciario, y una línea hereditaria de sucesión no convierte por sí sola el nombramiento en una cuestión de religión, aunque los rituales que el archaka oficia siguen siendo religiosos.

Preguntas frecuentes

¿Puede el Gobierno asumir la gestión de un templo?

El Estado puede regular la vertiente secular de un templo, como sus bienes, fondos, cuentas y personal, porque el artículo 25(2)(a) permite las leyes que regulan la actividad secular asociada a la práctica religiosa, y el artículo 26(d) exige que los bienes de una confesión se administren conforme a la ley. Lo que el Estado no puede hacer es interferir en las cuestiones de religión, que el artículo 26(b) deja a la confesión. Que una toma de control concreta cruce esa línea depende de la ley, de la orden dictada conforme a ella y de la historia de la institución.

¿Qué es el criterio de la práctica religiosa esencial?

Cuando una ley afecta a una práctica religiosa, los tribunales han preguntado si esa práctica es una parte esencial o integrante de la religión, porque se ha declarado que la protección de los artículos 25 y 26 alcanza a tales prácticas. El criterio (essential religious practice test) se formuló en la decisión Shirur Mutt y se aplicó en muchos casos posteriores. Su alcance, y hasta qué punto un tribunal debe decidir lo que una religión exige, se han debatido en sentencias posteriores, y las cuestiones al respecto se han remitido a una Sala ampliada (larger Bench) del Tribunal Supremo.

¿Está protegido por la Constitución el cargo de sacerdote hereditario?

No como tal. En Seshammal, el Tribunal Supremo declaró que el nombramiento de un archaka es un acto secular del administrador fiduciario (trustee), y que el hecho de que los nombramientos hayan seguido una línea hereditaria no convierte el nombramiento en una cuestión de religión protegida por el artículo 25 o el 26. Los rituales que el sacerdote oficia son cuestiones de religión y deben seguir la tradición del templo. Aun así, pueden nacer derechos al cargo hereditario de los documentos de la institución, de la costumbre o de una ley, y por lo común se hacen valer ante un tribunal civil.

¿Quién es un shebait y cómo se decide la condición de shebait?

Un shebait es la persona que gestiona los bienes y el culto de una deidad hindú, a la que el derecho trata como persona jurídica. La condición de shebait (shebaitship) es un cargo al que van unidos derechos sobre bienes. Quién lo ocupa se decide en primer lugar por la escritura o el testamento del fundador y, en su defecto, por la costumbre y el derecho sucesorio ordinario. Las controversias entre pretendientes rivales las decide de ordinario un tribunal civil; cuando la deidad es pública, también puede ser pertinente la sección 92 del Código de Procedimiento Civil de 1908 (Code of Civil Procedure, 1908, CPC).

¿Dónde debe presentarse una controversia sobre un templo?

Depende de lo que se impugne. La impugnación de una ley estatal, una notificación o una orden de toma de control por vulnerar el artículo 25 o el artículo 26 va al Tribunal Superior (High Court) conforme al artículo 226, o al Tribunal Supremo conforme al artículo 32. Una controversia entre administradores fiduciarios, familias o pretendientes a un cargo hereditario suele ser una demanda civil. La mala gestión de un fideicomiso religioso público puede plantearse en una demanda conforme a la sección 92 del CPC con autorización del tribunal. Las leyes de fundaciones religiosas prevén a menudo sus propios remedios, que van primero.

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