Procedimientos ante la ED y conforme a la PMLA: citación, detención, embargo, apelaciones y fianza de la sección 45
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002 (Prevention of Money-laundering Act, 2002, PMLA) la aplica la Dirección de Ejecución (Directorate of Enforcement, ED). Funciona por dos vías a la vez: una acusación penal ante un Tribunal Especial y procedimientos para embargar y decomisar bienes ante la Autoridad Adjudicadora (Adjudicating Authority).
En resumen
- El delito. El blanqueo de capitales es cualquier proceso o actividad relacionada con el producto del delito, incluidos su ocultación, posesión, adquisición o uso, y su presentación o reivindicación como bienes lícitos (sección 3). La pena es prisión rigurosa de tres a siete años y multa, hasta diez años cuando el delito está relacionado con la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, NDPS Act) (sección 4).
- Primero, un delito determinante. El producto del delito son los bienes derivados de una actividad delictiva relacionada con un delito determinante enumerado en el Anexo (sección 2(1)(u) e (y)).
- Citación. Los funcionarios de la ED pueden citar a cualquier persona para declarar o presentar documentos; la persona debe comparecer y decir la verdad, y el procedimiento es un procedimiento judicial (sección 50).
- Detención. Un funcionario autorizado solo puede detener sobre la base del material que obra en su poder y de motivos para creer, que constan por escrito, que la persona es culpable; los motivos deben comunicarse a la persona y esta debe ser presentada ante el tribunal dentro de las 24 horas (sección 19).
- Embargo. Los bienes pueden embargarse provisionalmente hasta 180 días; debe presentarse una demanda ante la Autoridad Adjudicadora dentro de 30 días, y esta confirma el embargo o libera los bienes tras una notificación de al menos 30 días (secciones 5 y 8).
- Apelaciones. Ante el Tribunal de Apelación dentro de 45 días (sección 26), y después ante el Tribunal Superior dentro de 60 días sobre cualquier cuestión de derecho o de hecho (sección 42).
- Fianza. La sección 45 añade dos condiciones (twin conditions) al régimen ordinario de la fianza.
Términos que oirá
- ECIR
- informe de información del caso de ejecución (Enforcement Case Information Report), el registro que abre la ED cuando inicia un caso de blanqueo de capitales. La PMLA no usa el término; es un registro interno de la ED y no es un FIR conforme al BNSS.
- Delito determinante (Scheduled offence)
- un delito enumerado en la Parte A del Anexo, un delito de la Parte B cuando el valor total implicado es de Rs. 1 crore o más, o un delito de la Parte C (sección 2(1)(y)).
- Producto del delito (Proceeds of crime)
- bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, como resultado de una actividad delictiva relacionada con un delito determinante, o su valor, incluidos bienes equivalentes en la India o en el extranjero cuando los bienes se han sacado o se poseen fuera de la India (sección 2(1)(u)).
- Embargo provisional (Provisional attachment)
- orden conforme a la sección 5 de que los bienes no se transmitan ni se dispongan de ellos, válida hasta 180 días salvo que se confirme.
- Autoridad Adjudicadora (Adjudicating Authority)
- el órgano formado por un Presidente y dos Miembros nombrados conforme a la sección 6, que decide si los bienes embargados, incautados o congelados están implicados en el blanqueo de capitales. Sus Salas se reúnen normalmente en Nueva Delhi.
- Tribunal de Apelación (Appellate Tribunal)
- el Tribunal de Apelación constituido conforme a la sección 12(1) de la Ley de Contrabandistas y Manipuladores de Divisas (Decomiso de Bienes) de 1976 (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976), que conoce de las apelaciones conforme a la PMLA (sección 25).
- Tribunal Especial (Special Court)
- un Tribunal de Sesiones designado por el Gobierno Central, en consulta con el Presidente del Tribunal Superior, para juzgar los delitos de la PMLA (sección 43).
En detalle
La PMLA es una ley independiente, pero depende del derecho penal ordinario en dos puntos: debe existir un delito determinante, investigado por la policía u otro organismo, y el Tribunal Especial aplica el procedimiento penal ordinario salvo cuando la PMLA dispone otra cosa (sección 46). El texto de la PMLA sigue remitiendo al Código de Procedimiento Penal de 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) y al Código Penal de la India (Indian Penal Code); esas remisiones se entienden ahora hechas al Código de Protección Ciudadana de la India, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, BNSS) y al Código de Justicia de la India, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, BNS).
Procedimientos ante la ED y conforme a la PMLA
Qué significa blanqueo de capitales
La sección 3 tipifica como delito intentar, directa o indirectamente, participar en, ayudar a sabiendas a, ser parte a sabiendas de o estar efectivamente implicado en cualquier proceso o actividad relacionada con el producto del delito, incluidos su ocultación, posesión, adquisición o uso, y su presentación o reivindicación como bienes lícitos. Una Explicación añadida en 2019 hace que cada una de esas actividades baste por sí sola, y establece que la actividad continúa mientras una persona disfrute del producto del delito mediante su ocultación, posesión, adquisición, uso, presentación o reivindicación.
El delito determinante
El producto del delito debe estar relacionado con un delito determinante (sección 2(1)(u)). El Anexo enumera en la Parte A delitos de muchas leyes; los delitos de la Parte B solo cuentan cuando el valor total implicado es de Rs. 1 crore o más; la Parte C es otra categoría. Si no hay ningún delito determinante implicado, la PMLA no se aplica.
Quién investiga y quién juzga
Las autoridades de la Ley son el Director, los Directores Adicionales, los Directores Conjuntos, los Directores Adjuntos, los Directores Auxiliares y los demás funcionarios nombrados (sección 48). Ningún agente de policía puede investigar un delito de la PMLA salvo que el Gobierno Central lo autorice específicamente (sección 45(1A)). El delito lo juzga un Tribunal Especial, que juzga también el delito determinante conexo (sección 44(1)(a)); cuando el delito determinante está ante otro tribunal, ese tribunal lo remite al Tribunal Especial a solicitud de la autoridad (sección 44(1)(c)). El Tribunal Especial solo toma conocimiento sobre la base de una querella escrita del Director o de un funcionario autorizado (sección 45(1), segunda salvedad). Si la investigación no revela ningún delito de blanqueo de capitales, la autoridad debe presentar un informe de cierre ante el Tribunal Especial (salvedad de la sección 44(1)(b)).
Dos vías a la vez
El embargo se tramita ante la Autoridad Adjudicadora, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior; la acusación se tramita ante el Tribunal Especial, cuya competencia sobre el delito de la PMLA no depende de las órdenes dictadas en el delito determinante (Explicación de la sección 44(1)). Cada vía necesita su propia respuesta dentro de su propio plazo.
ECIR, citación, registro y detención conforme a la sección 19
El ECIR
Un caso de la PMLA suele empezar con un ECIR registrado por la ED. La Ley no prevé un FIR, y las disposiciones del BNSS sobre el registro de FIR no se aplican al caso de la ED. La persona citada puede no saber si es testigo o sospechosa, y la citación debe leerse por lo que pide: comparecer para declarar, presentar documentos, o ambas cosas.
Citación conforme a la sección 50
El Director, un Director Adicional, Conjunto, Adjunto o Auxiliar puede citar a cualquier persona cuya comparecencia se considere necesaria, para declarar o presentar documentos, durante cualquier investigación o procedimiento conforme a la Ley (sección 50(2)). Las personas citadas están obligadas a comparecer en persona o por medio de representantes autorizados según indique el funcionario, a decir la verdad sobre cualquier cuestión sobre la que se les interrogue y a presentar los documentos que se les pidan (sección 50(3)). Todo procedimiento de este tipo se considera un procedimiento judicial (sección 50(4)), por lo que una declaración falsa puede tener consecuencias propias.
Registro, incautación y congelación
Un registro conforme a la sección 17 necesita motivos para creer, que consten por escrito, sobre la base de la información que obra en poder del funcionario. Cuando la incautación no es factible, el funcionario puede congelar los bienes, y entonces no puede disponerse de ellos sin su permiso (sección 17(1A)). Se envía a la Autoridad Adjudicadora una copia de los motivos y del material en sobre cerrado, y debe presentarse ante la Autoridad Adjudicadora una solicitud de retención de lo incautado o congelado dentro de treinta días (sección 17(2) y (4)). Los bienes incautados pueden retenerse hasta 180 días y después deben devolverse salvo que la Autoridad Adjudicadora permita mantener la retención (sección 20). La persona a la que se incautan documentos tiene derecho a copias (sección 21(2)), y ninguna mujer puede ser registrada salvo por otra mujer (sección 18(8)).
Detención conforme a la sección 19
La sección 19(1) permite al Director, a un Director Adjunto, a un Director Auxiliar o a otro funcionario autorizado detener a una persona solo si, sobre la base del material que obra en su poder, tiene motivos para creer (que deben constar por escrito) que la persona es culpable de un delito castigado por la Ley. La persona debe ser informada de los motivos de la detención lo antes posible. Inmediatamente después de la detención, debe enviarse a la Autoridad Adjudicadora una copia de la orden y del material en sobre cerrado (sección 19(2)), y la persona debe ser llevada dentro de las veinticuatro horas, sin contar el viaje, ante el Tribunal Especial o el Magistrado Judicial o Metropolitano competente (sección 19(3)).
Estas garantías son condiciones de la facultad, y la audiencia sobre la prisión provisional (remand) es la primera oportunidad para comprobarlas: si se dejó constancia de los motivos para creer, si se basan en material y si los motivos se comunicaron por escrito. La exigencia constitucional de informar a una persona de los motivos de su detención, y las recientes decisiones del Tribunal Supremo sobre los motivos escritos, se tratan en ¿Cuándo puede detenerle la policía?.
Cómo prepararse para una citación
- Lea en la citación la sección, la referencia del caso y lo que debe presentarse.
- Reúna los documentos pedidos, guarde una copia completa y revise las operaciones antes de comparecer.
- Si una declaración registrada está incompleta o es errónea, corríjala por escrito en la primera oportunidad.
- No traslade, transmita ni grave bienes relacionados con la investigación.
Embargo y Autoridad Adjudicadora
Embargo provisional: sección 5
El Director o un funcionario de rango no inferior a Director Adjunto puede embargar provisionalmente bienes mediante una orden escrita por hasta 180 días, si tiene motivos para creer, que constan por escrito y se basan en el material que obra en su poder, que una persona posee producto del delito y que probablemente se ocultará, transmitirá o se dispondrá de él de un modo que pueda frustrar el decomiso (sección 5(1)). Normalmente, el embargo exige que se haya presentado ante un Magistrado o un tribunal un informe policial o una querella sobre el delito determinante; pero los bienes pueden embargarse de inmediato, pese a esa condición, cuando el funcionario deja constancia de motivos para creer que no embargar probablemente frustraría cualquier procedimiento conforme a la Ley. Cualquier período durante el cual el Tribunal Superior haya suspendido el procedimiento se excluye de los 180 días, y se cuentan treinta días más desde el levantamiento de la suspensión.
Se envía a la Autoridad Adjudicadora una copia de la orden y del material en sobre cerrado (sección 5(2)). El embargo cesa al vencer los 180 días o con la orden de la Autoridad Adjudicadora, lo que ocurra primero (sección 5(3)). No se impide a la persona interesada en un inmueble embargado disfrutarlo (sección 5(4)). El funcionario debe presentar una demanda ante la Autoridad Adjudicadora dentro de los treinta días siguientes al embargo (sección 5(5)).
Resolución: sección 8
Sobre la base de la demanda, la Autoridad Adjudicadora puede notificar a la persona, con una antelación no inferior a treinta días, que indique las fuentes de sus ingresos, ganancias o activos con los que adquirió los bienes y las pruebas en que se apoya, y que exponga por qué los bienes no deben declararse implicados en el blanqueo de capitales y decomisarse (sección 8(1)). Cuando la notificación dice que los bienes se poseen en nombre de otra persona, también debe notificarse a esa persona; deben notificarse todos los cotitulares. Tras examinar la respuesta, oír a la persona afectada y a la ED y tener en cuenta todo el material, la Autoridad deja constancia de su conclusión sobre si los bienes están implicados en el blanqueo de capitales (sección 8(2)). A la persona que reclama los bienes, aunque no haya sido notificada, también debe dársele la oportunidad de ser oída.
Si la Autoridad confirma el embargo, este continúa durante la investigación por un período no superior a 365 días, o mientras estén pendientes ante un tribunal procedimientos relativos al delito, y es definitivo con una orden de decomiso del Tribunal Especial (sección 8(3)). La ED toma entonces posesión de los bienes (sección 8(4)). Al final del juicio, el Tribunal Especial ordena el decomiso si se prueba el delito, o la devolución a la persona que tenga derecho si no se prueba (sección 8(5) y (6)); cuando el juicio no puede celebrarse o concluir, el Tribunal Especial decide a solicitud de parte (sección 8(7)). El Tribunal Especial puede restituir bienes decomisados a un reclamante con un interés legítimo que haya sufrido una pérdida cuantificable, haya actuado de buena fe y no esté implicado en el delito (sección 8(8)).
El procedimiento ante la Autoridad
La Autoridad Adjudicadora no está vinculada por el Código de Procedimiento Civil (Code of Civil Procedure), sino que se guía por los principios de la justicia natural y puede regular su propio procedimiento (sección 6(15)). La respuesta a la notificación debe acreditar con documentos el origen de los fondos de cada bien y plantear todas las objeciones jurídicas, incluida la de si se cumplieron las condiciones legales del embargo.
El Tribunal de Apelación y las apelaciones ante el Tribunal Superior
Apelación ante el Tribunal de Apelación: sección 26
El Director, o cualquier persona perjudicada por una orden de la Autoridad Adjudicadora, puede apelar ante el Tribunal de Apelación (sección 26(1)). La apelación debe presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se recibe copia de la orden, en el formulario y con la tasa prescritos; el Tribunal puede admitir una apelación posterior si está convencido de que hubo causa suficiente (sección 26(3)). Tras oír a las partes, puede confirmar, modificar o anular la orden (sección 26(4)), y debe procurar resolver la apelación dentro de los seis meses siguientes a su presentación (sección 26(6)).
Apelación ante el Tribunal Superior: sección 42
Cualquier persona perjudicada por una decisión u orden del Tribunal de Apelación puede apelar ante el Tribunal Superior dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se le comunica la decisión u orden, sobre cualquier cuestión de derecho o de hecho que se derive de ella. El Tribunal Superior puede conceder un plazo adicional no superior a sesenta días si el apelante se vio impedido por causa suficiente. Es competente el Tribunal Superior en cuya jurisdicción la parte perjudicada reside habitualmente, ejerce su actividad o trabaja personalmente por cuenta propia; cuando la parte perjudicada es el Gobierno Central, el Tribunal Superior del lugar donde reside o trabaja la parte demandada.
Órdenes del Tribunal Especial
Contra las órdenes del Tribunal Especial, el Tribunal Superior ejerce las facultades de apelación y de revisión del Código como si el Tribunal Especial fuera un Tribunal de Sesiones dentro de su jurisdicción (sección 47). Las órdenes de fianza, las órdenes sobre la toma de conocimiento y las sentencias se impugnan por esas vías, y en un caso adecuado puede caber una petición conforme a la sección 528 BNSS. Cabe una nueva impugnación ante el Tribunal Supremo mediante autorización especial (special leave) conforme al artículo 136.
Errores habituales
- Contar los 45 días desde la fecha de la orden en lugar de la fecha en que se recibe la copia, o no contarlos desde ninguna de las dos y perder tiempo.
- Tratar la vía del embargo y la acusación como un único procedimiento y responder solo a uno.
- No presentar la reclamación de un tercero ante la Autoridad Adjudicadora.
Fianza conforme a la sección 45
Las dos condiciones
La sección 45(1) dispone que, pese al procedimiento penal ordinario, ninguna persona acusada de un delito de la PMLA será puesta en libertad bajo fianza ni con su propio compromiso salvo que (i) se haya dado al Fiscal la oportunidad de oponerse a la solicitud y (ii), si se opone, el tribunal esté convencido de que hay motivos razonables para creer que el acusado no es culpable del delito y que no es probable que cometa ningún delito mientras esté en libertad bajo fianza. Estos límites se suman a los límites del régimen general (sección 45(2)). Una Explicación añadida en 2019 declara que todos los delitos de la PMLA son cognoscibles y no excarcelables, y que los funcionarios autorizados pueden detener sin orden judicial con sujeción a la sección 19 y la sección 45.
La salvedad
Una persona menor de dieciséis años, una mujer, una persona enferma o impedida y una persona acusada, sola o junto con coacusados, de blanquear una suma inferior a un crore de rupias pueden ser puestas en libertad bajo fianza si el Tribunal Especial así lo ordena (primera salvedad de la sección 45(1)). La salvedad da al tribunal una facultad discrecional; no hace automática la fianza.
Qué tribunal y cómo
El Tribunal Especial se considera un Tribunal de Sesiones y se le aplican las disposiciones ordinarias sobre la fianza salvo en lo que disponga la PMLA (sección 46). Se conservan las facultades especiales del Tribunal Superior en materia de fianza (sección 44(2)). La solicitud debe satisfacer las dos partes de la sección 45 sobre la base de las actuaciones: debe mostrar, a partir del propio material de la ED, por qué hay motivos razonables para creer que el acusado no es culpable, y tratar el riesgo de nuevos delitos. El Tribunal Supremo, en Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation, (2022) 10 SCC 51, trató los delitos de leyes especiales con disposiciones de este tipo como una categoría aparte, en la que debe cumplirse la condición especial además de las consideraciones ordinarias.
Lo que examina el tribunal en la práctica
- si los bienes que se dicen producto del delito tienen su origen en un delito determinante, y la situación de ese caso;
- el material en que se apoya la querella de la acusación, y lo que muestran los propios documentos del acusado;
- el período ya pasado bajo custodia y la duración probable del juicio;
- la cooperación del acusado con las citaciones antes de la detención, y las condiciones que está dispuesto a aceptar.
El régimen general de la fianza, incluidas la fianza anticipada y la fianza por vencimiento del plazo, se explica en la página sobre la fianza.
Preguntas habituales
¿Qué es un ECIR y es lo mismo que un FIR?
El ECIR, o informe de información del caso de ejecución (Enforcement Case Information Report), es el registro que abre la Dirección de Ejecución cuando inicia un caso de blanqueo de capitales. La PMLA no usa el término ni prevé un FIR; el ECIR es un registro interno de la ED. Un caso de la PMLA depende además de un delito determinante distinto, que suele ser objeto de su propio FIR o querella conforme al derecho penal ordinario.
¿Tengo que acudir cuando la ED me cita conforme a la sección 50?
Sí. La sección 50(3) de la PMLA obliga a toda persona citada a comparecer, en persona o por medio de un representante autorizado según indique el funcionario, a decir la verdad sobre las cuestiones sobre las que se le interrogue y a presentar los documentos que se le pidan. El procedimiento se considera un procedimiento judicial, por lo que las declaraciones falsas tienen consecuencias. Lo que importa es la preparación, las respuestas exactas y la corrección por escrito de cualquier error en la declaración registrada.
¿Cuándo puede la ED detener a alguien?
Solo puede detener un funcionario autorizado, y solo si, sobre la base del material que obra en su poder, tiene motivos para creer, dejando constancia por escrito, que la persona es culpable de un delito de la PMLA (sección 19). Los motivos deben comunicarse a la persona lo antes posible, debe enviarse a la Autoridad Adjudicadora una copia de la orden y del material en sobre cerrado, y la persona debe ser presentada ante el Tribunal Especial o el Magistrado dentro de las 24 horas.
¿Durante cuánto tiempo puede la ED mantener mis bienes embargados provisionalmente?
El embargo provisional de la sección 5 dura hasta 180 días, sin contar el período durante el cual el Tribunal Superior haya suspendido el procedimiento. La ED debe presentar una demanda ante la Autoridad Adjudicadora dentro de los 30 días siguientes al embargo. Si la Autoridad lo confirma, el embargo continúa durante la investigación hasta 365 días, o mientras haya procedimientos pendientes ante un tribunal, y solo es definitivo con el decomiso que acuerde el Tribunal Especial.
Mis bienes están embargados pero no soy acusado. ¿Qué puedo hacer?
Puede comparecer ante la Autoridad Adjudicadora y demostrar que los bienes no están implicados en el blanqueo de capitales. La sección 8 exige notificar a la persona en cuyo nombre se dice que se poseen los bienes y a todos los cotitulares, y da a cualquier reclamante la oportunidad de ser oído. Su respuesta debe acreditar con documentos el origen de los fondos. Si se confirma el embargo, puede apelar ante el Tribunal de Apelación dentro de 45 días.
¿Cuál es el plazo para apelar contra una orden de la Autoridad Adjudicadora?
La apelación ante el Tribunal de Apelación debe presentarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que se recibe copia de la orden de la Autoridad Adjudicadora (sección 26(3)). El Tribunal puede admitir una apelación posterior si hubo causa suficiente. Cabe una nueva apelación ante el Tribunal Superior dentro de los 60 días siguientes a la comunicación de la orden del Tribunal, prorrogables hasta 60 días más, sobre cualquier cuestión de derecho o de hecho (sección 42).
¿Cuáles son las dos condiciones para la fianza en la PMLA?
La sección 45 exige que se dé al Fiscal la oportunidad de oponerse a la solicitud y que, si se opone, el tribunal esté convencido de que hay motivos razonables para creer que el acusado no es culpable y que no es probable que cometa ningún delito mientras esté en libertad bajo fianza. Las condiciones se aplican además del régimen ordinario de la fianza. Una persona menor de dieciséis años, una mujer, una persona enferma o impedida, o una persona acusada de blanquear menos de un crore de rupias pueden ser puestas en libertad si el Tribunal Especial así lo ordena.
¿Qué tribunal juzga un caso de la PMLA?
Un Tribunal Especial, que es un Tribunal de Sesiones designado por el Gobierno Central en consulta con el Presidente (Chief Justice) del Tribunal Superior (sección 43). Toma conocimiento sobre la base de una querella escrita del Director o de un funcionario autorizado, y juzga también el delito determinante conexo. Sigue el procedimiento ordinario de un juicio de sesiones, salvo cuando la PMLA dispone otra cosa.
¿Puede la ED embargar bienes antes de que se presente un escrito de acusación?
Normalmente, la sección 5 exige que se haya presentado ante un Magistrado o un tribunal un informe policial o una querella sobre el delito determinante. Pero la segunda salvedad permite el embargo inmediato, pese a esa condición, cuando el funcionario tiene motivos para creer, dejando constancia por escrito sobre la base del material que obra en su poder, que no embargar probablemente frustraría los procedimientos previstos en la Ley. Si esa condición se cumplió realmente es una cuestión que debe plantearse ante la Autoridad Adjudicadora.
¿Qué ocurre con los bienes si el acusado es absuelto?
Si, al final del juicio, el Tribunal Especial concluye que no ha habido blanqueo de capitales o que los bienes no están implicados en el blanqueo, ordena su devolución a la persona que tenga derecho a ellos (sección 8(6)). La ED puede retener la devolución hasta 90 días si considera que los bienes son relevantes para una apelación (sección 20(6)). Si se prueba el delito, los bienes se decomisan a favor del Gobierno Central.
Estas respuestas son resúmenes educativos; no constituyen asesoramiento jurídico sobre ningún asunto concreto.
Una cuestión seria merece un expediente leído.
Las reuniones se celebran con cita previa en G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi. El titular del Despacho lee la correspondencia.
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Última revisión: 16/11/2026. Lokesh Bhardwaj Law Offices.
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