Tras la admisión: reclamaciones, el comité de acreedores, los planes de resolución y la liquidación
Una vez que el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (National Company Law Tribunal) admite a una sociedad en el proceso de resolución de insolvencia societaria, se recopilan las reclamaciones de los acreedores, un comité de acreedores toma las decisiones comerciales y el proceso termina en un plan de resolución aprobado por el Tribunal o en la liquidación.
En resumen
- Reclamaciones. Cada acreedor presenta su reclamación con la prueba en la fecha del anuncio público, que es de 14 días desde el nombramiento del profesional de resolución provisional. Las reclamaciones tardías solo se admiten dentro de los límites de las disposiciones 12 y 13. Una reclamación que queda fuera de un plan aprobado se extingue.
- El comité. El comité de acreedores está formado por los acreedores financieros no vinculados. Toma las decisiones comerciales: quién es el profesional de resolución, si se prorroga el plazo, qué plan se aprueba y si se liquida la sociedad.
- Planes. Un plan de resolución necesita el 66 % del derecho de voto del comité y la aprobación del Tribunal conforme a la sección 31. Debe pagar a los acreedores operativos y a los acreedores financieros disidentes al menos el mínimo que fija el Código.
- Liquidación. Desde el 26/05/2026, el comité de acreedores supervisa al liquidador, el liquidador se nombra por recomendación del IBBI y la liquidación debe completarse en 180 días, prorrogables por 90.
- Apelaciones. Cabe apelación ante el NCLAT en 30 días, con 15 días más si hay causa suficiente y nada más. Cabe una nueva apelación sobre una cuestión de derecho ante el Tribunal Supremo en 45 días, prorrogables por 15.
Términos que oirá
- Profesional de resolución (resolution professional, RP)
- el profesional de insolvencia que dirige la sociedad durante el proceso, recopila las reclamaciones e invita a presentar planes de resolución, bajo la supervisión del comité.
- Comité de acreedores (committee of creditors, CoC)
- el órgano formado por los acreedores financieros no vinculados, que votan según el valor de sus deudas, y que toma las decisiones comerciales del proceso.
- Derecho de voto (voting share)
- la parte de los votos que corresponde a un acreedor, en proporción a su deuda financiera admitida.
- Representante autorizado (authorised representative)
- el profesional de insolvencia que vota en el comité por una clase de acreedores financieros, como los compradores de vivienda o los titulares de depósitos.
- Solicitante de resolución (resolution applicant)
- la persona que presenta un plan de resolución. Debe reunir los requisitos de la sección 29A.
- Valor de liquidación y valor razonable (liquidation value, fair value)
- el valor estimado que se obtendría por los bienes de la sociedad en la liquidación, y el valor de la sociedad o de sus bienes en una venta ordenada en condiciones de mercado, ambos medidos en la fecha de inicio de la insolvencia por tasadores registrados.
- Orden de prelación (waterfall)
- el orden de prioridad de la sección 53 en que se reparte el producto de la liquidación, empezando por los costes del proceso.
- Operación impugnable (avoidance transaction)
- una operación preferente, por debajo de su valor o de crédito usurario, que el Tribunal puede revertir a solicitud.
En detalle
Reclamaciones ante el profesional de resolución
Quién presenta qué
El anuncio público publicado tras la admisión indica dónde pueden obtenerse los formularios de reclamación y la fecha límite para las reclamaciones. Esa fecha es de 14 días desde el nombramiento del profesional de resolución provisional (IRP) (disposición 6). Cada tipo de acreedor presenta la reclamación en el formulario que el IBBI notifica por circular. Desde el 02/06/2026 los formularios ya no figuran en los reglamentos. Antes eran los formularios B a F del anexo I.
- Los acreedores operativos presentan la reclamación en persona, por correo o por vía electrónica, con el contrato, las facturas, un decreto, las cuentas o las declaraciones del GST (disposición 7).
- Los acreedores financieros la presentan por vía electrónica, con los registros de una entidad de información, el contrato financiero o los registros de las disposiciones de fondos (disposición 8).
- Los acreedores de una clase, como los compradores de vivienda, la presentan por vía electrónica con el contrato de compraventa, la carta de adjudicación o los recibos. Cada uno elige como representante autorizado a uno de los tres profesionales de insolvencia nombrados en el anuncio (disposición 8A).
- Los trabajadores y empleados pueden presentarla individualmente o a través de un único representante autorizado para todos ellos (disposición 9). Los demás acreedores la presentan conforme a la disposición 9A.
El acreedor que cobre una parte de cualquier fuente después de la admisión debe actualizar su reclamación (disposición 12A). Las reclamaciones en moneda extranjera se convierten al tipo de referencia del Banco de la Reserva de la India (Reserve Bank of India) en la fecha de inicio de la insolvencia (disposición 15).
Reclamaciones tardías
El acreedor que no cumpla la fecha aún puede presentar la reclamación hasta la última de dos fechas: la publicación de la solicitud de planes de resolución conforme a la disposición 36B, o 90 días desde la fecha de inicio de la insolvencia. Pasados 90 días debe dar los motivos del retraso (disposición 12(1)).
Las reclamaciones recibidas después, y hasta siete días antes de la reunión del comité que vota el plan de resolución o la liquidación, se verifican y se clasifican en "aceptables" y "no aceptables" (disposición 13(1B)). Las aceptables van al comité para su recomendación, y al Tribunal para la dispensa del retraso y la decisión (disposición 13(1C)).
Verificación e impugnación
El IRP o el RP verifica cada reclamación a la fecha de inicio de la insolvencia, dentro de los siete días siguientes a la fecha límite para las reclamaciones. Lleva una lista de acreedores (disposición 13(1)). Desde 2026, la sección 18 dice expresamente que la verificación incluye la determinación del valor de la reclamación.
El profesional debe admitir o rechazar cada reclamación, total o parcialmente, y comunicarlo al acreedor con los motivos dentro de siete días (disposición 13(1A)). Cuando una reclamación es incierta, el profesional la estima con la información disponible y revisa la cifra a medida que llega más información (disposición 14).
La lista de acreedores se presenta ante el Tribunal y en la plataforma del IBBI (disposición 13(2)). El acreedor que no esté de acuerdo con el tratamiento de su reclamación acude al Tribunal.
Quedarse fuera del proceso tiene una consecuencia dura. Desde el 26/05/2026, la sección 31(6) dispone que, una vez aprobado un plan de resolución, toda reclamación contra la sociedad o sus bienes surgida antes de la aprobación se extingue salvo que el plan disponga otra cosa. No puede continuar ni iniciarse ningún procedimiento sobre esa reclamación, ni siquiera una liquidación tributaria. Se considera que la regla se aplica desde la entrada en vigor del Código, salvo a los asuntos que han adquirido firmeza.
No protege a promotores, gerentes, fiadores ni codeudores (Explicación I). El codeudor que paga después de la aprobación no puede pedir a la sociedad que le indemnice (Explicación II).
El comité de acreedores
Composición
Tras recopilar las reclamaciones, el IRP constituye el comité de acreedores. Presenta un informe ante el Tribunal dentro de los dos días siguientes a la verificación de las reclamaciones y celebra la primera reunión dentro de los siete días siguientes a ese informe (sección 21(1); disposición 17).
El comité está formado por todos los acreedores financieros, cada uno con un voto proporcional a su deuda. El acreedor financiero que es parte vinculada de la sociedad no tiene derecho a asistir ni a votar. La excepción es el prestamista regulado que pasó a ser parte vinculada solo por convertir deuda en capital (salvedad de la sección 21(2)).
Una clase de acreedores financieros con al menos diez miembros, como los compradores de vivienda, está representada por un representante autorizado nombrado por el Tribunal (sección 21(6A); disposiciones 2(1)(aa), 4A y 16A).
Cuando la sociedad no tiene acreedores financieros, o todos son partes vinculadas, el comité se forma de otra manera (disposición 16). Lo integran los dieciocho mayores acreedores operativos no vinculados (la expresión "no vinculados" se añadió a partir del 09/06/2026), un representante de los trabajadores y otro de los empleados.
Cómo decide
Las decisiones se toman por el 51 % del derecho de voto, salvo que el Código exija más (sección 21(8)). Algunas decisiones requieren el 66 %: nombrar o sustituir al RP (sección 22), pedir una prórroga (sección 12), aprobar un plan de resolución (sección 30(4)) y acordar la liquidación (sección 33(2)). El desistimiento de la solicitud requiere el 90 % (sección 12A).
El RP debe convocar una reunión al menos una vez cada 30 días, salvo que el comité amplíe el intervalo, y debe haber al menos una reunión cada trimestre. Los miembros que tengan el 33 % de los votos pueden exigir una reunión (disposición 18). El aviso es de cinco días. El comité puede reducirlo a 24 horas, o a 48 horas cuando hay un representante autorizado (disposición 19).
Cada acreedor debe facilitar al RP, en la primera reunión, la información que tenga sobre los bienes y las deudas de la sociedad (salvedad de la disposición 4(3)).
Los límites de la revisión
En Committee of Creditors of Essar Steel India Limited v. Satish Kumar Gupta, Civil Appeal Nos. 8766-67 of 2019, resuelto el 15/11/2019, el Tribunal Supremo sostuvo que es el criterio comercial del comité el que decide si se rescata la sociedad y cómo. El Tribunal y el NCLAT examinan un plan solo frente a los requisitos del Código.
Desde el 26/05/2026, el IBBI puede además fijar normas de conducta para el comité y sus miembros, incluido el plazo en que debe decidir (sección 196(1)(sa)). El comité debe dejar constancia de sus motivos cuando aprueba un plan (sección 30(4)).
Planes de resolución y objeciones
Quién puede presentar ofertas
El RP prepara un memorando informativo y publica una solicitud de planes de resolución. El solicitante de resolución presenta su plan con una declaración jurada de que reúne los requisitos de la sección 29A (sección 30(1)).
La sección 29A excluye a varios tipos de solicitantes, entre ellos el insolvente no rehabilitado y el moroso voluntario (wilful defaulter). También excluye a la persona cuya cuenta, o la cuenta de una sociedad que controla, ha sido un activo improductivo (non-performing asset) durante al menos un año, salvo que las cantidades vencidas se paguen antes de presentar el plan. Esa exclusión no se aplica a las entidades financieras no vinculadas.
También quedan excluidos las personas condenadas por determinados delitos, los administradores inhabilitados, las personas inhabilitadas por la SEBI y el fiador de la sociedad cuya garantía se ha ejecutado y sigue impagada. Las exclusiones se extienden a las "personas relacionadas" (connected persons).
Desde el 26/05/2026, un plan también puede vender uno o varios bienes, mediante planes de distintos solicitantes (Explicación de la sección 5(26)).
Qué debe contener un plan
- El pago de los costes del proceso de resolución de insolvencia con prioridad sobre las demás deudas (sección 30(2)(a)).
- El pago a los acreedores operativos de no menos de la mayor de dos cantidades: lo que obtendrían en la liquidación conforme a la sección 53, o lo que obtendrían si el importe del plan se repartiera en el orden de la sección 53 (sección 30(2)(b)).
- Desde el 26/05/2026, el pago a los acreedores financieros que no votan a favor del plan de no menos de la menor de esas dos cantidades (nueva sección 30(2)(ba)). La nueva regla no se aplica a los procesos en los que el comité ya había aprobado un plan, o se había ordenado o aprobado la liquidación, antes de esa fecha.
- La gestión de la sociedad tras la aprobación, y un comité para ejecutar y supervisar el plan, formado por el RP u otro profesional, representantes de los acreedores y el solicitante de resolución (sección 30(2)(c) y (d)).
- El cumplimiento de la ley y de los requisitos del IBBI (sección 30(2)(e) y (f)). Cuando el plan implica una concentración conforme a la Ley de Competencia de 2002 (Competition Act, 2002), debe obtenerse la aprobación de la Comisión de Competencia (Competition Commission) antes de presentar el plan al Tribunal (sección 31(4), reformada en 2026).
Aprobación por el Tribunal
El comité aprueba el plan por el 66 % del derecho de voto, tras considerar su factibilidad y viabilidad y la forma de reparto, y deja constancia de sus motivos (sección 30(4)). El RP lo presenta entonces al Tribunal.
El Tribunal aprueba el plan si cumple la sección 30(2) y contiene disposiciones para su ejecución efectiva. El plan vincula entonces a la sociedad, sus empleados, socios, acreedores (incluidos los gobiernos a los que se deben cantidades legales), fiadores y demás partes interesadas (sección 31(1)).
Desde el 26/05/2026, el Tribunal puede pedir al comité que corrija los defectos antes de rechazar un plan (sección 31(2)), debe decidir en 30 días (sección 31(2A)) y puede aprobar primero la ejecución y el reparto dentro de los 30 días siguientes (segunda salvedad de la sección 31(1)).
Las licencias y concesiones vinculadas a un plan aprobado no pueden suspenderse ni resolverse mientras se cumplan las obligaciones derivadas de ellas (sección 31(5)).
Objeciones
Ante el Tribunal, un acreedor puede objetar que el plan no cumple el Código. En la apelación contra la aprobación, los motivos se limitan a cinco (secciones 32 y 61(3)):
- el plan infringe una ley vigente;
- el RP cometió una irregularidad sustancial en el ejercicio de sus facultades;
- las deudas de los acreedores operativos no están previstas en la forma especificada;
- los costes del proceso no están previstos con prioridad;
- el plan no cumple otros criterios que el IBBI ha especificado.
Un plan incumplido puede hacerse cumplir de dos maneras. Cualquier persona perjudicada por su incumplimiento puede solicitar la liquidación, y el Tribunal puede, en su lugar, reabrir el proceso (sección 33(3) y (4)). El Tribunal también puede imponer una sanción desde Rs. 1 lakh hasta la mayor de estas cantidades: Rs. 1 crore o el 20 % del importe que debe repartirse conforme al plan (sección 67B(3)).
Liquidación
Cuándo se ordena
El Tribunal ordena la liquidación en tres situaciones (sección 33(1) y (2)): no se recibe ningún plan de resolución en el plazo concedido, el plan se rechaza, o el comité acuerda por el 66 % la liquidación. El comité puede adoptar ese acuerdo en cualquier momento después de constituirse y antes de que se confirme el plan. Desde el 26/05/2026 puede acordar en su lugar la disolución de la sociedad, con sujeción a las condiciones que fije el IBBI.
Antes de ordenar la liquidación por los dos primeros motivos, el Tribunal debe considerar una solicitud del comité, respaldada por el 66 %, para restablecer el proceso (sección 33(1A)). Puede restablecerlo por hasta 120 días, y una sola vez (sección 33(1B)). La orden de liquidación debe dictarse dentro de los 30 días siguientes a la comunicación o a la solicitud (sección 33(2A)).
En la liquidación se aplica una moratoria, con sujeción a la sección 52 (sección 33(1)(b)(iv)), y el liquidador solo demanda en nombre de la sociedad con autorización del Tribunal (sección 33(6)).
El liquidador y el comité
El liquidador ya no es por defecto el RP. El Tribunal se dirige al IBBI, que propone en diez días un profesional de insolvencia distinto del RP (sección 34(1) y (6)). Un RP no puede ser nombrado liquidador de la misma sociedad (sección 34(4)). El comité puede sustituir al liquidador por el 66 % (sección 34A).
El comité continúa durante la liquidación y supervisa al liquidador (secciones 21(11) y 35(2)). Esto se aplica a las liquidaciones iniciadas después del 26/05/2026, y a las anteriores en las que el liquidador aún no había solicitado la disolución.
Conforme al Reglamento del Proceso de Liquidación reformado (Liquidation Process Regulations), la primera reunión se celebra dentro de los siete días siguientes a la liquidación, el acreedor garantizado que no ha renunciado a su garantía no es miembro, y el liquidador necesita la aprobación previa del comité para los honorarios, los costes, las tasaciones y los procedimientos judiciales (disposición 8).
Las liquidaciones más antiguas pueden seguir tramitándose con un comité consultivo de partes interesadas conforme a la disposición 31A. El informe preliminar del liquidador se entrega al comité en 30 días (disposición 13).
Reclamaciones, acreedores garantizados y el orden de prelación
Las reclamaciones verificadas en el proceso de resolución no se verifican de nuevo. El acreedor que no presentó la suya entonces debe presentarla dentro de los 14 días siguientes a la fecha de inicio de la liquidación, y el liquidador decide en siete días (disposiciones 16 y 30 del Reglamento de Liquidación). El procedimiento separado de reclamaciones de las secciones 38 a 42 se suprimió para las nuevas liquidaciones.
El acreedor garantizado puede renunciar a su garantía en favor de la masa o realizarla él mismo. Si opta por realizarla, debe comunicarlo al liquidador e identificar el bien dentro de los 14 días siguientes a la fecha de inicio de la liquidación; si no, se considera que renuncia a la garantía (sección 52(2)). Cuando varios acreedores garantizados comparten un bien, la realización requiere el acuerdo de los acreedores que tengan el 66 % del valor garantizado. El acreedor que realiza la garantía paga al liquidador su parte de los costes y de las cantidades debidas a los trabajadores (sección 52(8)).
El producto se reparte después en el orden de prioridad de la sección 53, empezando por los costes del proceso y de la liquidación. El acreedor garantizado cuya garantía renunciada vale menos que su deuda figura como garantizado por el valor de la garantía y como no garantizado por el resto. Las cantidades debidas al Estado por los dos años anteriores a la liquidación figuran en la sección 53(1)(e)(i), estén o no garantizadas por ley, y el resto figura en un rango inferior conforme a la cláusula (f).
Plazo y disolución
El liquidador debe liquidar los bienes y solicitar la disolución dentro de los 180 días siguientes a la fecha de inicio de la liquidación, prorrogables por hasta 90 días (sección 54(1)). El Tribunal debe dictar la orden de disolución en 30 días (sección 54(4)).
Los procedimientos contra operaciones impugnables y por negociación fraudulenta o ilícita subsisten tras la disolución (sección 54(1A) a (2B)). Ahora puede promoverlos un acreedor, socio o partícipe cuando no lo haya hecho el RP o el liquidador (sección 47 sustituida).
Apelaciones ante el NCLAT y el Tribunal Supremo
Cualquier persona agraviada por una orden del Tribunal dictada conforme a la Parte II puede apelar ante el Tribunal Nacional de Apelación de Derecho de Sociedades (National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT) en 30 días (sección 61(2)). El NCLAT puede conceder un periodo adicional de hasta 15 días si se demuestra causa suficiente, y nada más.
En Tata Steel Ltd. v. Raj Kumar Banerjee, 2025 INSC 639, resuelto el 07/05/2025, el Tribunal Supremo anuló una orden del NCLAT que había admitido una apelación presentada el día 47 después de la orden. El Tribunal sostuvo tres cosas:
- el plazo corre desde el pronunciamiento de la orden;
- el NCLAT, creado por ley, no puede dispensar un retraso de más de 30 más 15 días;
- la regla de los días inhábiles de la sección 4 de la Ley de Prescripción de 1963 (Limitation Act, 1963) solo prorroga el plazo de 30 días, no los 15 días discrecionales.
El tiempo necesario para obtener una copia certificada solo se excluye si se solicitó una copia, ya que la regla 22(2) de las Reglas del NCLAT de 2016 (NCLAT Rules, 2016) exige presentarla. Los límites y ejemplos prácticos están en la página de prescripción del IBC.
Desde el 26/05/2026, el NCLAT debe resolver una apelación dentro de los tres meses siguientes a su recepción (sección 61(6)).
Una orden del NCLAT puede apelarse ante el Tribunal Supremo sobre una cuestión de derecho dentro de los 45 días siguientes a su recepción, con 15 días más si hay causa suficiente (sección 62). Allí no se reabren las cuestiones de hecho.
Preguntas habituales
¿Cuál es la fecha límite para presentar una reclamación en una insolvencia societaria?
La indica el anuncio público y, conforme a la disposición 6, es de 14 días desde el nombramiento del profesional de resolución provisional. El acreedor que no la cumpla aún puede presentar la reclamación hasta la publicación de la solicitud de planes de resolución o hasta 90 días desde la fecha de inicio de la insolvencia, lo que sea posterior, y debe dar los motivos si se pasa de los 90 días. Las reclamaciones posteriores, recibidas hasta siete días antes de la votación del plan o de la liquidación, van al comité y al Tribunal para que este dispense el retraso.
¿Qué ocurre con mi reclamación si no la presento en el CIRP?
Corre un riesgo serio. Desde el 26/05/2026, la sección 31(6) dispone que, con la aprobación de un plan de resolución, toda reclamación contra la sociedad y sus bienes surgida antes de la aprobación se extingue salvo que el plan la contemple, y no puede continuar ni iniciarse sobre ella ningún procedimiento, ni siquiera una liquidación tributaria. Se considera que la regla se aplica desde la entrada en vigor del Código, salvo cuando un asunto ha adquirido firmeza. No quedan afectadas las reclamaciones contra promotores, fiadores y codeudores.
¿Puede un acreedor operativo votar en el comité de acreedores?
Por lo general, no. Conforme a la sección 21, el comité está formado por los acreedores financieros, cada uno con un voto proporcional a su deuda financiera admitida, y la reclamación de un acreedor operativo se atiende mediante el pago mínimo que la sección 30(2)(b) garantiza en cualquier plan. La excepción es la sociedad sin acreedores financieros, o con acreedores financieros que solo son partes vinculadas. En ese caso, conforme a la disposición 16, el comité lo forman los dieciocho mayores acreedores operativos no vinculados y un representante de los trabajadores y otro de los empleados.
¿Qué parte del voto del comité se necesita para aprobar un plan de resolución?
Al menos el 66 % del derecho de voto de los acreedores financieros, conforme a la sección 30(4). El comité debe considerar la factibilidad y la viabilidad del plan y la forma de reparto y, desde el 26/05/2026, debe dejar constancia de los motivos de la aprobación. Se necesita el mismo 66 % para nombrar o sustituir al profesional de resolución, para pedir una prórroga y para acordar la liquidación. Las decisiones ordinarias requieren el 51 %, y el desistimiento de todo el proceso requiere el 90 %.
¿Cuánto debe pagar un plan de resolución a un acreedor que vota en contra?
Desde el 26/05/2026, conforme a la nueva sección 30(2)(ba), un acreedor financiero que no vota a favor del plan debe recibir al menos la menor de dos cantidades: lo que obtendría en la liquidación conforme a la sección 53, o lo que obtendría si el importe del plan se repartiera en el orden de la sección 53. Los acreedores operativos deben recibir la mayor de esas mismas dos cantidades. La nueva regla no se aplica cuando el comité aprobó un plan, o se ordenó o aprobó la liquidación, antes de esa fecha.
¿Pueden el NCLT o el NCLAT modificar un plan de resolución aprobado por los acreedores?
No. En Committee of Creditors of Essar Steel India Limited v. Satish Kumar Gupta, el Tribunal Supremo sostuvo que la decisión de aprobar un plan descansa en el criterio comercial del comité, y que el Tribunal solo comprueba el cumplimiento del Código. Desde 2026 el Tribunal puede devolver un plan defectuoso al comité para que lo corrija antes de rechazarlo. La apelación contra la aprobación solo cabe por los cinco motivos de la sección 61(3), como la infracción de la ley o una irregularidad sustancial del profesional de resolución.
¿Quién es el liquidador y quién supervisa la liquidación?
Desde el 26/05/2026 el profesional de resolución no continúa automáticamente. El Tribunal remite el asunto al IBBI, que propone otro profesional de insolvencia en diez días, y no puede nombrarse al profesional de resolución de la misma sociedad. El comité de acreedores continúa durante la liquidación, supervisa al liquidador, aprueba los honorarios, los costes y los procedimientos judiciales, y puede sustituir al liquidador por el 66 % del voto. Las liquidaciones más antiguas pueden tener todavía un comité consultivo de partes interesadas.
¿Cuánto dura la liquidación conforme al IBC?
La sección 54(1), sustituida en 2026, exige que el liquidador liquide los bienes por completo y solicite la disolución dentro de los 180 días siguientes a la fecha de inicio de la liquidación. El Tribunal puede prorrogar ese plazo hasta 90 días a solicitud con motivos suficientes, y debe dictar la orden de disolución dentro de los 30 días siguientes a la solicitud. Los procedimientos para revertir operaciones impugnables, o por negociación fraudulenta o ilícita, pueden continuar después de la disolución, según decida el comité.
¿Qué debe hacer un acreedor garantizado cuando la sociedad entra en liquidación?
Decidir rápido. Conforme a la sección 52(2) sustituida, el acreedor garantizado que quiera realizar su propia garantía debe comunicarlo al liquidador, e identificar el bien, dentro de los 14 días siguientes a la fecha de inicio de la liquidación. Si no lo hace, se considera que renuncia a la garantía en favor de la masa. Cuando varios acreedores garantizados comparten el bien, deben estar de acuerdo los acreedores que representen el 66 % del valor garantizado. El acreedor que realiza la garantía debe pagar al liquidador su parte de los costes y de las cantidades debidas a los trabajadores.
¿Cuál es el plazo para apelar una orden del NCLT conforme al IBC?
Treinta días desde la orden, con un periodo adicional de hasta 15 días si hay causa suficiente, conforme a la sección 61(2). En Tata Steel Ltd. v. Raj Kumar Banerjee (2025), el Tribunal Supremo sostuvo que el NCLAT no puede dispensar un retraso de más de 45 días, que el plazo corre desde el pronunciamiento y que la regla de los días inhábiles del tribunal no prorroga los 15 días. Desde 2026 el NCLAT debe resolver las apelaciones en tres meses. Cabe una nueva apelación ante el Tribunal Supremo en 45 días, prorrogables por 15.
Estas respuestas son resúmenes educativos; no constituyen asesoramiento jurídico sobre ningún asunto concreto.
Una cuestión seria merece un expediente leído.
Las reuniones se celebran con cita previa en G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi. El titular del Despacho lee la correspondencia.
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Derecho vigente a 16/11/2026.
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